Los populares tienen previsto registrar su comisión de investigación sobre los pactos de Pedro Sánchez con el prófugo Carles Puigdemont y, por extensión, con el resto de las fuerzas independentistas, antes de que acabe el año. Pero habida cuenta de que enero es parlamentariamente inhábil no se pondrá en marcha como pronto hasta el mes de febrero del próximo año con la voluntad, eso sí, de mantenerla abierta el mayor tiempo posible.

En el PP admiten que aún "no está acotado el objeto de la comisión", algo que debe especificarse en la exposición de motivos , aunque sí apuntan a "procesos oscuros" de negociación, pactos ocultos, sin publicidad, que, a su juicio, necesitan salir a la luz. Aducen que "cualquier conducta de un partido puede enjuiciarse siempre que se trate de asuntos públicos". Significa que todo el proceso que ha culminado con la investidura de Pedro Sánchez y prosigue en reuniones casi clandestinas en Ginebra con Junts y otras fuerzas "lo debe conocer la sociedad española".

Génova ha puesto mucho el acento en la figura del verificador ginebrino, el abogado y embajador salvadoreño Francisco Galindo, aunque admiten la dificultad de traerlo a España para que comparezca ante los senadores. "Un ciudadano español tiene la obligación de acudir a una comisión de investigación parlamentaria porque no hacerlo tiene reproche penal, pero al tratarse de un extranjero que, ni siquiera reside en España, eso hay estudiarlo", relatan los mismos medios consultados.

Los españoles tienen la obligación de comparecer y los extranjeros, pero si residen en España

El artículo 69 del Reglamento del Senado señala que se podrán establecer comisiones de investigación o especiales "para realizar encuestas o estudios sobre cualquier asunto de interés público", argumento al que apelan los populares. Además, la ley Orgánica de comparecencia ante las
Comisiones de Investigación indica en su artículo primero la obligatoriedad de "todos los ciudadanos españoles y los extranjeros que residan en España" a "comparecer personalmente para informar, a requerimiento de las Comisiones de Investigación nombradas por las Cámaras Legislativas".

Además, el incumplimiento voluntario de un requerimiento válidamente formulado se tipifica penalmente como desobediencia grave. No será el único de los "mediadores" o "verificadores" que levantarán acta de las conversaciones con Junts, puesto que ERC también ha pedido el suyo, convirtiendo esas negociaciones en una especie de cumbre entre países en conflicto.

Los populares van a pedir "la comparecencia de muchísima gente, de todos aquellos que han tenido que ver con el proceso de negociación". Y eso pasa por los socialistas Félix Bolaños, Santos Cerdán o María Jesús Montero, y también por Miriam Nogueras o Jordi Turull, pero incluso por el propio Carles Puigdemont en caso de que terminara siendo amnistiado y pudiera regresar a España como un hombre libre, sin causas penales tras el desafío secesionista de octubre de 2017. Pero no sólo, porque los populares lo quieren ampliar a todos los partidos con los que han pactado los socialistas, lo que incluye a ERC y Bildu. Significa que en ese listado pueden estar Oriol Junqueras y Arnaldo Otegi.

En el listado de comparecientes no descartan ni siquiera a Puigdemont si resulta indultado ni los líderes de ERC o Bildu

Fue el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien anunció la puesta en marcha de esta comisión aprovechando la mayoría absoluta de su partido en el Senado. Lo hizo durante el debate de toma en consideración de la ley de amnistía el pasado martes, cuando decidió intervenir para dar réplica al portavoz del Grupo Socialista, Patxi López y en ausencia de Pedro Sánchez. "No la cerraremos hasta saberlo exactamente todo. Todo lo que están negociando, quiénes son los mediadores, cuánto cobra cada mediador, cuál es el contenido y alcance de la negociación y qué están negociando en nombre de los españoles. Insisto, no la cerraremos hasta saberlo todo", advirtió el líder del primer partido de la oposición.

Esta iniciativa es la réplica de los populares a las tres comisiones de investigación abiertas en el Congreso de los Diputados como condición de ERC y de Junts para hacer de Francina Armengol presidenta de la Cámara Baja. Este martes el pleno daba el plácet a la constitución de la comisión sobre la denominada "Operación Cataluña" y "las actuaciones del Ministerio del Interior durante los gobiernos del PP en relación con las presuntas irregularidades que vinculan a altos cargos y mandos policiales con la existencia de una trama parapolicial", a iniciativa de Junts y PNV.

Son los mismos partidos que solicitaron otra "sobre el derecho a saber la verdad y las implicaciones derivadas de los atentados de Barcelona y Cambrils del 17 de agosto de 2017", mientras que ERC y Bildu sacaron adelante una tercera relativa al "espionaje e intromisión a la privacidad e intimidad, a través de los malware Pegasus y Candiru, a líderes políticos, activistas, abogados, periodistas, instituciones y sus familiares y allegados".

En definitiva, será esta una legislatura marcada por distintas comisiones de investigación que añadirán más dosis de enfrentamiento y polarización al debate parlamentario y a la actuación política.