El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, declarará este miércoles ante el juez de Instrucción de Barcelona en el marco de la instrucción por el 'caso Pegasus'. Lo hará con la voluntad de dejar claro que el espionaje al que fue sometido iba más allá de lo razonable en la prevención de una eventual declaración de independencia y que tenía objetivos políticos. Supuso, por tanto, una vulneración de los derechos de Aragonès no amparada en la autorización del juez de control del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Pablo Lucas.

Fuentes del entorno del president avanzan que Aragonès no se limitará a ratificar la denuncia por espionaje, sino que se "explicará" a preguntas de su abogado, sobre las circunstancias en las que se produjo la infiltración de su teléfono móvil con el programa espía Pegasus. Desde Esquerra sostienen que el espionaje al presidente catalán tenía como objeto conocer las intenciones del partido en la investidura de Pedro Sánchez en 2020.

Según la investigación de Citizen Lab, el móvil de Aragonès fue atacado en dos ocasiones, en octubre de 2019 y en enero de 2020. El mes de octubre coincide con los datos proporcionados por la ex directora del CNI, Paz Esteban ante la Comisión de secretos oficiales del Congreso. Fue cuando se produjeron los disturbios posteriores a la sentencia del procés, que ahora se investigan en la causa sobre Tsunami Democràtic. Pero un mes después, en noviembre, se celebraran en elecciones generales, y en enero de 2020, la segunda infiltración coincide con las negociaciones de PSOE y ERC sobre la investidura de Pedro Sánchez. Con Oriol Junqueras en prisión y Marta Rovira en Suiza, Aragonès tuvo un papel protagonista en esas negociaciones, recuerdan desde Esquerra.

La querella

El titular del Juzgado de Instrucción 29 de Barcelona sostiene que los hechos denunciados por intromisión no autorizada en equipos informáticos, interceptación ilegal de comunicaciones, espionaje informático y contra los derechos fundamentales, presentan características que "hacen presumir la posible existencia de infracciones penales", según el auto de admisión de la querella presentada por Aragonès en junio de 2022 contra Esteban y NSO, la empresa israelí propietaria de Pegasus.

En ese auto se citó como investigada a Esteban que debía declarar también este miércoles. El instructor ha aceptado, sin embargo, el aplazamiento solicitado por la ex directora del CNI, petición a la que se sumó el abogado de Aragonès, Andreu Van den Eyne, a la espera de la información clasificada que se ha solicitado al Gobierno.

Este lunes, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, abría la puerta a que el Gobierno desclasifique informes del CNI sobre Pegasus, que afecta al espionaje a independentistas, si "se entiende que es oportuno, razonable y conforme a la ley". Del mismo modo, el Ministerio de Defensa cree "bastante probable" que información relativa al caso se desclasifique antes de la declaración de la exdirectora del CNI Paz Esteban, que ha sido aplazada hasta finales de enero.

Información clasificada

El pasado 13 de noviembre, la secretaría general técnica del Gobierno recibió el suplicatorio enviado por el magistrado al Consejo de Ministros para solicitar, tal y como manda la ley, la desclasificación de información reservada o secreta del CNI. Se trata de la segunda petición de desclasificación de documentos que uno de los jueces de instrucción de Barcelona que investigan el caso realiza al Consejo de Ministros. 

La primera se topó con la negativa del Ejecutivo a retirar el secreto a la información. El Gobierno negó que los denunciantes de ese caso, los republicanos Josep Maria Jové y Diana Riba, hubieran sido espiados, por lo que rehusó desclasificar documentación sobre la compra de Pegasus. En el caso de Aragonès, sin embargo, fue la propia Esteban la que reconoció que el entonces vicepresidente de la Generalitat formaba parte de los 18 investigados por el CNI.

Esta petición llega además en un momento político diferente, con un Pedro Sánchez recién investido gracias a los votos de ERC y Junts a cambio, entre otras cosas, de que el Gobierno facilite la investigación de este caso, así como la posible responsabilidad del CNI en los atentados de 19 de Agosto de 2017 en Barcelona.