Una vez que la Mesa del Senado, no sin enfrentamientos, ha dado trámite a la ley de Amnistía con los votos del PP, el siguiente paso de los populares será ir a un "conflicto de órganos constitucionales" con el Congreso de los Diputados, una vía que proponían los propios letrados de la Cámara Alta tras un arduo informe de 64 páginas, que se conoció este lunes. El choque con la Cámara Baja está servido, según ha podido saber El Independiente.

El informe de los letrados indicaba que, tras la entrada de la iniciativa en el Senado "y para la defensa de las atribuciones constitucionales de la Cámara Alta, se podría plantear un conflicto entre órganos constitucionales" mediante la celebración de un Pleno en el Senado para requerir formalmente al Congreso la retirada de la proposición de ley. Bajo el lema de "haremos todo lo posible para parar la ley de amnistía", un destacado dirigente de Génova, lo ha resumido en "habrá choque".

Un Grupo Parlamentario debe arrancar el trámite

Aunque hay cierta confusión en torno a cómo se vehicula este "conflicto de órganos constitucionales", el artículo 188 del Reglamento del Senado establece que debe ser un Grupo Parlamentario el que inicie el trámite dirigiéndose a la Mesa, que debe calificar la petición y convocar pleno. Si una mayoría del mismo vota a favor de solicitar al Congreso que retire el texto -para lo que no habría problema puesto que el PP tiene 144 senadores de un hemiciclo conformado por 266- el órgano de gobierno de la Cámara Alta, presidida por el popular Pedro Rollán, debería dirigirse a la Mesa del Congreso con esta petición. Si en el Palacio de la Carrera de San Jerónimo lo rechazan, el conflicto puede acabar en el Constitucional.

No sería la primera vez que hay un "conflicto de órganos constitucionales", aunque sí entre Cámaras. El más llamativo tuvo lugar en 2016, cuando Mariano Rajoy acumuló nueve meses de gobierno en funciones y la Mesa del Congreso, presidida entonces por el socialista Patxi López, exigió que los ministros pudieran someterse a sesiones de control.

Moncloa arguyó entonces que la labor de sus ministros no iba más allá de la gestión de los asuntos ordinarios, que no podían someterse a control ni fiscalización de la Cámara Baja, pero los diputados de la oposición exigieron la comparecencia del entonces titular de Defensa, para que explicara los asuntos tratados y los acuerdos adoptados en una reunión de ministros de defensa de la OTAN. Finalmente, el conflicto en el Constitucional, donde se dió la razón al Congreso frente al Ejecutivo.