La Mesa del Senado en su reunión de hoy admitirá a trámite la ley de Amnistía, no sin dejar de denunciar sus sospechas de inconstitucionalidad de la misma y de que se trata, en realidad, de una "reforma constitucional encubierta" en la que no se respeta ni el fondo ni la forma de un texto de este calado y alcance. Así consta en el informe que hoy aprobará el órgano de gobierno de la Cámara Alta y al que ha tenido acceso El Independiente, sostenido sobre otro de la secretaria general del Senado.

De ese modo, la Mesa acuerda "admitir a trámite la iniciativa" considerando que no podría adoptar un acuerdo de no admisión puesto que "hay una obligación automática de someter el texto legislativo remitido por el Congreso de los Diputados a la deliberación del Senado". No obstante, matizan, si bien la Cámara Alta, "acata dicha obligación constitucional" se hace constar expresamente en este acto de admisión a trámite "las dudas sobre su constitucionalidad advertidas en los informes de la secretaría general del Senado, tanto desde el punto de vista de la constitucionalidad material como por la infracción de las reglas esenciales de formación de la voluntad de las Cámaras", denuncia conforme recomiendan los letrados de la Cámara Alta.

En este sentido, sostiene la Mesa que si bien se trata de una proposición de ley -que ha soslayado, por tanto, el examen de los órganos constitucionales- "en realidad constituye una reforma constitucional encubierta, pues la misma tiene el efecto de modificar la Constitución para atribuir a las Cortes Generales generales una competencia que no tienen expresamente reconocida".

Pero además sostienen que no solo el ordenamiento constitucional interno resulta vulnerado, sino también el derecho de la Unión Europea y varias normas internacionales en materia de derechos humanos. Arguye en este sentido que amnistiar el delito de malversación "no puede depender de la intención de no enriquecimiento" y que en el caso de terrorismo "no se puede justificar con la remisión a la directiva de la UE pues eso supone ignorar la aplicación de nuestro Código Penal que ya traspuso dicha directiva".

Sostienen que no solo el ordenamiento constitucional interno resulta vulnerado, sino también el de la UE

El Senado se ve obligado a participar en un procedimiento "que es formalmente legislativo viéndose abocado admitir a trámite una iniciativa que todo parece indicar que es inconstitucional" a pesar de los llamamientos de Vox en este sentido para que no le diera trámite. Pero los servicios jurídicos "no pueden recomendar una inadmisión por insuficiencia de rango normativo de la iniciativa que ahora además ha ascendido una mayor representatividad porque ya lo es del pleno del Congreso", aducen.

Y ante el riesgo de ser acusados de un delito de prevaricación "la posición de esta secretaría general es que una decisión de inadmisión por parte de la Mesa del Senado no se ajustaría la Constitución" pues se trata de un "acto de continuidad que no se puede interrumpir entre la remisión del Congreso y el sometimiento de la iniciativa al Senado". "En definitiva, se puede decir que la admisión a trámite de los proyectos y proposiciones de ley que sean remitidos por el Congreso constituye un caso excepcional de admisión obligada por parte de la Mesa incluso en los casos de iniciativas cuya inconstitucionalidad sea evidente y palmaria", explican.

Se ha planteado "si eventualmente la Mesa del Senado podría decir no admitir a trámite la proposición de ley (...) sea por el motivo formal de caducidad de la iniciativa o porque la inconstitucionalidad que se aprecia en la misma es, como exige el Tribunal Constitucional, evidente y palmaria en contra de lo que se sostuvo por la Mesa del Congreso".

Pero la opción de no admitir a trámite además de ser inconstitucional, dice el informe de los letrados, mermaría "los derechos del Senado y de los senadores pues impediría el desarrollo de su tramitación con las correspondientes aportaciones". Ahora bien, "dadas las fundadas dudas que existen sobre la constitucionalidad de la norma que se ha de admitir a trámite" propone que las mismas sean reflejadas en el texto literal del acuerdo de la Mesa "para dejar constancia a efectos de posibles litigios judiciales". De hecho, alerta del riesgo de un delito de prevaricación, de ahí que deban 'blindarse" para dar trámite a la ley.

El informe de la letrada propone ir a un "un conflicto entre órganos constitucionales"

No obstante, después de todas estas consideraciones, el informe de la secretaría general del Senado, ofrece una última alternativa para parar la tramitación de la ley, que pasa por plantear "un conflicto entre órganos constitucionales en sus dos fases, una previa mediante la celebración de un pleno en el Senado para requerir formalmente al Congreso la retirada de la proposición de ley orgánica, y otra posterior ante el Tribunal Constitucional con posible petición de suspensión cautelar del procedimiento legislativo en el Senado por el perjuicio irreversible que la espera de la resolución del alto tribunal pudiera provocar en las atribuciones que la Constitución confiere la Cámara Alta". Asimismo, concluye el texto, "cabe el planteamiento del recurso de amparo por vulneración del derecho de representación política con petición de suspensión cautelarísima del procedimiento"