¿Mirará la UE hacia España en su próximo Informe sobre el Estado de Derecho?

Durante años, el debate europeo sobre el Estado de derecho ha tenido nombres propios: Hungría y Polonia. Sin embargo, la actualidad política española plantea una pregunta que cada vez resuena con más fuerza en determinados círculos jurídicos y políticos europeos: ¿podría España convertirse en objeto de una atención más intensa por parte de las instituciones europeas en materia de Estado de derecho?

La pregunta no surge en el vacío. En los últimos meses, la opinión pública española ha asistido a una sucesión de investigaciones judiciales que afectan a personas vinculadas al entorno del Partido Socialista Obrero Español. Los casos relacionados con José Luis Ábalos, Koldo García, Santos Cerdán y otras investigaciones conexas han elevado el nivel de preocupación política y han situado el debate sobre la calidad institucional en el centro de la agenda pública.

Desde una perspectiva estrictamente jurídica, conviene actuar con prudencia. La existencia de investigaciones judiciales no equivale a una condena ni demuestra, por sí misma, una vulneración del Estado de derecho.

Sin embargo, la cuestión relevante para la Unión Europea no es únicamente si existen procedimientos judiciales abiertos. Lo verdaderamente importante es determinar si las instituciones cuentan con la capacidad necesaria para investigar posibles irregularidades sin presiones externas y si los controles democráticos funcionan adecuadamente cuando las sospechas afectan al propio núcleo del poder político.

En este contexto, el próximo Informe sobre el Estado de Derecho de la Comisión Europea, cuya publicación se espera para julio de 2026, adquiere una relevancia extraordinaria. El informe de 2025 apenas podía recoger los acontecimientos que han marcado la actualidad política española durante los últimos meses. El documento se centraba principalmente en cuestiones estructurales ya conocidas, como la renovación de órganos judiciales, los mecanismos anticorrupción o determinadas recomendaciones institucionales.

La situación actual es diferente. La Comisión tendrá que valorar si los acontecimientos recientes constituyen simples episodios de corrupción política, fenómeno lamentablemente presente en muchas democracias europeas, o si revelan problemas más profundos relacionados con la calidad institucional y la fortaleza de los mecanismos de control. Además, para muchos observadores, la narrativa de lo que está sucediendo en España parece sacada de una película de mafias o narcotraficantes, de esas que hasta hace poco se pensaba que solo podían verse en la gran pantalla.

A esa preocupación se suma otro elemento políticamente incómodo, aunque jurídicamente deba abordarse con la máxima cautela: el papel desempeñado durante años por José Luis Rodríguez Zapatero como interlocutor privilegiado en la crisis venezolana y su proximidad política al ecosistema de poder del chavismo. No se trata aquí de anticiparnos a la potencial atribución de responsabilidad penal, ni de convertir una controversia diplomática en una condena anticipada. Pero sí resulta legítimo recordar que una de las figuras centrales de ese entramado, Delcy Rodríguez, fue incluida por la propia Unión Europea en su régimen de sanciones por actuaciones vinculadas al deterioro de la democracia y del Estado de derecho en Venezuela.

Su controvertido paso por España en 2020, pese a las restricciones europeas entonces vigentes, ya puso de manifiesto una tensión difícil de ignorar entre la política exterior española hacia Caracas y la posición común adoptada por la Unión. Si ahora esa constelación de relaciones vuelve a aparecer en el debate público español, la UE no debería contemplarla como un episodio doméstico aislado, sino como una pieza más de una pregunta mayor: hasta qué punto un Estado miembro puede mantener credibilidad europea en materia de Estado de derecho mientras se multiplican las sombras políticas alrededor de sus propias redes de poder.

Es aquí donde reaparece una herramienta que muchos consideraban reservada para situaciones excepcionales: el artículo 7 del Tratado de la Unión Europea. El artículo 7 constituye el mecanismo más contundente del arsenal europeo para proteger los valores fundamentales de la Unión. Su activación puede llegar, en circunstancias extremas, a suspender determinados derechos de un Estado miembro, incluido su derecho de voto en el Consejo. No obstante, la experiencia demuestra que se trata de un instrumento extraordinariamente difícil de aplicar. Los procedimientos iniciados contra Hungría y Polonia han evidenciado tanto supotencia simbólica como sus limitaciones prácticas.

La cuestión no es si España se encuentra actualmente en una situación comparable a la de esos países. La verdadera cuestión es otra: ¿dispone la Unión Europea de mecanismos suficientemente eficaces para reaccionar cuando aparecen indicios preocupantes antes de que se produzca un deterioro sistémico?

La respuesta sigue siendo incierta. Precisamente por ello, los informes anuales sobre el Estado de derecho han ido adquiriendo una importancia creciente. Estos documentos permiten a la Comisión ejercer una supervisión preventiva, identificar tendencias preocupantes y formular recomendaciones sin necesidad de recurrir a instrumentos más agresivos.

También existe una dimensión política imposible de ignorar. Durante años, determinados gobiernos europeos contaron con importantes redes de apoyo dentro del Consejo Europeo que dificultaron cualquier respuesta contundente por parte de la Unión. Hoy, el panorama político europeo es mucho más fragmentado. La creciente fortaleza del Partido Popular Europeo, la evolución de varios gobiernos nacionales y el nuevo equilibrio institucional surgido tras las elecciones europeas de 2024 han modificado algunas de las dinámicas de poder en el marco institucional de la UE.

En este escenario, la capacidad de cualquier líder europeo para movilizar apoyos automáticos resulta menor que en el pasado. La protección política que tradicionalmente ofrecían las grandes familias europeas ya no puede darse por garantizada. La credibilidad institucional y la percepción de respeto al Estado de derecho pesan cada vez más en la construcción de alianzas dentro de la Unión.

En la UE, la legitimidad no se mide solo por resistir en el poder, sino por preservar la confianza en las instituciones"

Por ello, el verdadero debate no debería centrarse en si España será objeto de un procedimiento sancionador europeo. Esa posibilidad continúa siendo remota precisamente porque el margen de actuación del que dispone la UE es bastante limitado a este respecto. La cuestión fundamental es si la Unión Europea será capaz de aplicar los mismos estándares de vigilancia institucional a todos los Estados miembros con independencia de su tamaño, peso político o afinidad ideológica. Y es aquí donde la España de Pedro Sánchez no puede gozar de privilegio alguno.

Si el Estado de derecho constituye uno de los valores fundacionales de la Unión, su defensa no puede depender de la geografía ni del color político de los gobiernos afectados. Debe aplicarse con la misma exigencia en Hungría, Polonia, o España.

El próximo informe de la Comisión Europea ofrecerá una primera respuesta. No resolverá el debate, pero permitirá comprobar hasta qué punto la UE considera que los acontecimientos recientes en España forman parte de la normalidad democrática o merecen una atención más intensa. En todo caso, Pedro Sánchez debería tomar nota de una realidad incómoda: en la Unión Europea, la legitimidad no se mide solo por resistir en el poder, sino por preservar la confianza en las instituciones. Y cuando un Gobierno se ve obligado a repetir constantemente que el Estado de derecho sigue intacto, quizá el problema ya ha dejado de ser únicamente judicial para convertirse también en una cuestión profundamente política: una cuestión que alcanza a la legitimidad del propio Gobierno y erosiona su credibilidad en Europa.

Miguel Verdeguer Segarra es profesor de Derecho y Economía de la UE (CEU San Pablo) y analista político europeo.