"Que me llamen, que les voy a cantar lo más grande", dijo, fiel a su estilo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el pasado lunes ante sus compañeros de la Junta Directiva popular respecto a su posible comparecencia en la comisión de investigación sobre la compra de mascarillas. Sumar, ERC y Junts ya han explicitado su deseo de llevarla al Congreso ante un PSOE que, de momento, se mantiene silente. Pero en su entorno no se engañan al respecto. Dicen tener muy claro que la comisión montada por el PSOE y sus socios en la Cámara Baja tiene por objetivo, precisamente, "poner el foco sobre Ayuso" en pleno estallido del 'caso Koldo'.

"Durante varios años ni gobierno ni PSOE vieron la necesidad de una comisión de investigación para analizar la gestión de la compra de las mascarillas, sólo ahora, cuando les cerca un caso de corrupción -con epicentro en el Ministerio de Transportes y ramificaciones en el de Interior y en los gobiernos autonómicos de Baleares y de Canarias- deciden pasar a la ofensiva poniendo en marcha el ventilador".

Pero en la Puerta del Sol cuestionan que el Parlamento nacional pueda fiscalizar, -"además con carácter prospectivo, a ver qué encuentran", denuncian- la gestión de una comunidad autónoma sin que haya mediado ningún indicio de irregularidad o mera sospecha que lo vincule a una trama corrupta, que es la gran diferencia que establecen con la comisión que, a su vez, ha montado el PP en el Senado sobre el 'caso Koldo' y en cuya instrucción judicial ha quedado acreditada la venta de mascarillas a dos gobiernos autonómicos, presididos entonces por Francina Armengol y Víctor Ángel Torres.

Informes del Consejo de Estado y del TC

"Hay muchas dudas jurídicas", dicen los mismos medios consultados amparándose en la existencia de informes del Consejo de Estado y del Tribunal Constitucional, en el sentido de que ni Congreso ni Senado pueden ejercer una labor de control de la gestión de una administración que no sea la del Gobierno central. Hay un dictamen de febrero de 2003 del Consejo -órgano consultivo, no vinculante-, en respuesta a la intención del Gobierno de Galicia de sentar en una comisión de investigación del Parlamento autonómico a una serie de cargos y autoridades de la Administración General del Estado que tuvieron que ver con la gestión de la catástrofe del Prestige.

El Consejo replicó que el control político de las asambleas autonómicas "ha de entenderse referido a su ámbito territorial y competencial, de modo que dichas funciones se circunscriben a fiscalizar la actuación de sus órganos de gobierno y administración, pero no se permite a esas instituciones el control o fiscalización de instituciones distintas de los propios órganos de gobierno y administración creados para el ejercicio de la autonomía". En definitiva, la comisión creada en aquel entonces por el Parlamento de Galicia, "no puede pues requerir la comparecencia de autoridades de la Administración General del Estado ni documentación que se refiera a competencias de ésta", lo que a juicio de distintas fuentes populares consultadas también funciona en sentido inverso.

Dudas sobre la comparecencia de Armengol

Por los mismos motivos, el grupo Popular del Senado tuvo dudas respecto a Armengol, llegando a enfriar la posibilidad de incorporarla, al menos desde el principio, en la lista de comparecientes de su comisión sobre el 'caso Koldo'. Finalmente, estamos asistiendo a una especie de escalada y de escaramuzas con PSOE y PP mirándose de reojo para ir elevando la apuesta entre una Cámara y otra. Lo cierto es la que la ley orgánica que regula las comparecencias ante las comisiones de investigación se limita a señalar que "todos los ciudadanos españoles y los extranjeros que residan en España están obligados a comparecer personalmente para informar, a requerimiento de las Comisiones de Investigación nombradas por las Cámaras Legislativas".

El hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Tomás Díaz Ayuso, estuvo en el ojo del huracán por las comisiones recibidas en el proceso de compra de mascarillas en plena pandemia. Cabe recordar en este sentido que tanto la fiscalía española como la europea archivaron el caso. "En particular, no ha quedado acreditado que el precio abonado por las mascarillas fuera desproporcionado, atendida la calidad del material ofertado y entregado, ni que hubiera sufrido un incremento indebido derivado de la intervención de personas ajenas a la empresa. Finalmente, ha quedado acreditado que el transporte fue abonado por la empresa adjudicataria y no por la Comunidad de Madrid", dijo Europa, aunque los socialistas siguen aludiendo al asunto a pesar de su archivo.

El PP madrileño niega estar implicado en la estrategia de defensa de González Amador

El próximo lunes a las 14 horas termina el plazo para que los grupos políticos representados en el Senado presenten su listado de comparecientes así como la documentación requerida. Ya se ha elegido la composición de la mesa de la comisión, que presidirá el popular Eloy Suárez, y de la que formarán parte, entre otros, el 'número dos' de Díaz Ayuso, Alfonso Serrano.

Precisamente ayer, Serrano fue sorprendido en un bar junto a la pareja de Ayuso, Alberto González Amador, según adelantó la SER y admitió posteriormente el propio político. “Yo me tomo Coca-colas con muchas personas, y no sé si tienen problemas con Hacienda, facturas pendientes o multas de tráfico”, dijo en declaraciones a la prensa. En todo caso, fuentes del PP madrileño replicaron a El Independiente con un "para nada", que el partido esté implicado en la estrategia de defensa de González Amador, que ha presentado una querella contra la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, a quien acusa de haber filtrado datos privados de su acuerdo para reconocer dos delitos fiscales.