La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, "acudirá a donde la llamen", dicen fuentes de su entorno tras confirmarse que el Grupo Socialista ha pedido su comparecencia en la comisión de las mascarillas del Congreso de los Diputados. La verdad es que no les ha pillado por sorpresa ni en la Puerta del Sol ni en el sede nacional del PP. De hecho, aducen las fuentes consultadas, "para esto se montó la comisión en la Cámara Baja, para poner el ventilador y extender una sombra de sospecha sobre la gestión de las comunidades del PP tras el estallido del 'caso Koldo'". No obstante, en Génova siguen dudando respecto a la legalidad de que el Parlamento nacional pueda fiscalizar la gestión de las gobiernos autonómicos.

En el plan de trabajo para la comisión de investigación del Congreso, el Grupo Popular, capitaneado por su portavoz, Miguel Tellado, defiende que, "respetando el principio de autonomía tanto de las Comunidades Autónomas como de los entes locales, entendemos que las actuaciones de control político y exigencia de responsabilidad, se deben extender exclusivamente al ámbito de la Administración General del Estado y sus organismos y entes dependientes, y, por su relevancia constitucional y conexiones evidentes con diversos ministerios, a la actual Presidenta de las Cortes Generales, Francina Armengol y al actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres", cuyos gobiernos autonómicos compraron mascarillas a la presunta trama corrupta del 'caso Koldo', que investiga la Audiencia Nacional. Supondría que ni Ayuso ni ningún otro presidente autonómico debería comparecer en el Parlamento para dar cuenta de su gestión.

El PP se escuda en un dictamen del Consejo de Estado de 2019 sobre la comisión de investigación en el Parlament para fiscalizar a la monarquía.

Los populares se escudan en un dictamen del Consejo de Estado de 2019 y posterior sentencia del TC sobre la comisión de investigación que el Parlamento de Cataluña pretendió abrir para fiscalizar a la monarquía. Dijo entonces el órgano consultivo que la actividad de estas comisiones de investigación "constituidas en el seno de las Cortes Generales o de los parlamentos autonómicos sólo pueden ejercer sus funciones en relación con asuntos que sean competencia estatal o autonómica respectivamente.”

El Grupo Popular "se opondrá a cualquier pretensión de generar una especie de causa general extensiva a 'todas las administraciones públicas' para diluir la responsabilidad política que únicamente corresponde al Gobierno y al Partido Socialista y a aquellas administraciones autonómicas cuyos responsables, cuando se produjeron los hechos objeto de análisis, en la actualidad ostentan cargos y aforamiento que obligan a someterse al control del Parlamento nacional".

"Maniobra de distracción del Gobierno"

Los populares, que presentaron ayer su lista de comparecientes, encabezada por José Luis Ábalos y Francina Armengol -cosas del orden alfabético- denuncian lo que entienden como "maniobra de distracción del Gobierno y el PSOE para presentar ante la opinión pública la falsa imagen de que en unos tiempos de emergencia, todas las administraciones actuaron del mismo modo, movidos por una especie de estado de necesidad. Y eso no es cierto y además es profundamente injusto". Una "maniobra de autodefensa" del Gobierno y el Partido Socialista, "tendente a justificar acciones presuntamente delictivas bajo el amparo de la emergencia, en un totum revolutum para desdibujar a los verdaderos responsables, ni es aceptable, ni es ético, ni mucho menos democrático".

Y recuerdan en su escrito que el desencadenante para la creación de esta comisión de investigación "ha sido el descubrimiento público de la existencia de una trama de corrupción en la que están implicados políticos pertenecientes al Partido Socialista y empresarios supuestamente beneficiados por las adjudicaciones de millonarios contratos para la adquisición de material sanitario durante la pandemia y otros fondos públicos mediante el uso del tráfico de influencias".

Ayuso calificó ayer de "previsible" su presencia en esa lista "porque el presidente del Gobierno está obsesionado conmigo y debe soñar muy frecuentemente con mi vida y solo vive para atacar a la Comunidad de Madrid". Adujo que Madrid fue de los pocos territorios "que no tuvo ningún problema de corrupción durante la pandemia. Tenemos todo auditado por la Cámara de Cuentas y en el Portal de Transparencia", sólo falta, ironizó, la ONU y la OTAN.

Ayuso aprovechará, dice, para "dar un ejemplo de gestión eficiente y no de compras cutres"

Es más, aprovechará para "dar un ejemplo de gestión eficiente y no de compras fraudulentas y cutres que hicieron comunidades gobernadas por el PSOE". "Será un placer -agregó- explicar nuestra gestión" que contrapuso a la del entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa, también llamado a comparecer, y al que acusó de desoír a la OMS cuando alertaba respecto a la pandemia.

El Grupo Socialista no ha querido, o no al menos por el momento, citar a la pareja de la presidenta, Alberto González Amador, aunque lo cierto es que, en su caso, contrató con el Ministerio de Illa y no con la Comunidad de Madrid, y sus problemas son con el fisco, no por el cobro de comisiones ilegales.

Así, PSOE y PP se tantean desde las dos Cámaras. Ni uno ni otro han incluido en su listado de comparecientes a los respectivos líderes nacionales, esto es, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, ni a familiares ni a cónyuges, aunque en el caso de los populares si bien no citan a la esposa de Sánchez, Begoña Gómez, sí llaman a todas aquellas personas que tuvieron relación con su máster, con la búsqueda de patrocinios para el África Center y con reuniones previas al rescate de Air Europa, dado que aparecen nombres vinculados a la trama como el de Víctor de Aldama.