El fiscal general del Estado sabía que la pasada semana llegaba con curvas. Quizás no vaticinaba que tantas. O quizás sí, y por eso ha desplegado una batería de entrevistas en distintos medios para tratar de explicar todas sus decisiones. Álvaro García Ortiz tuvo que encajar el martes una nueva sentencia del Supremo que anula otro nombramiento a su antecesora Dolores Delgado (el segundo) y el Supremo, por su parte, ha tenido que asumir que el jefe de la Fiscalía cuestione la imparcialidad de cuatro magistrados que deben decidir sobre su continuidad en el cargo. Y como telón de fondo a este escenario ya de por sí inédito: el Gobierno, que a través de la Abogacía del Estado, debe posicionarse en esta nueva encrucijada jurídica.

Distintas fuentes consultadas en el alto tribunal están expentantes de saber cómo se va a posicionar la abogada del Estado en defensa de los intereses del Ejecutivo en un asunto tan sensible. Ambas cosas son plausibles: que lo haga del lado del fiscal general, que fue nombrado por el Gobierno de Pedro Sánchez y que es la cabeza de la institución que vela por la legalidad en España, o que lo haga del lado de los jueces del Supremo, que imparten Justicia y generan la jurisprudencia de este país. Nada fácil.

García Ortiz se ha embarcado en esta pelea en solitario, con un abogado particular, precisamente, para tener la libertad de dar los pasos que él considera más adecuados. Ha recusado a cuatro de los cinco magistrados que forman la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo --encargados de revisar un recurso que cree que Sánchez erró al reelegirlo-- alegando que pueden estar "contaminados", tal y como desveló El Independiente.

Se basa en que los mismos togados --Pablo Lucas, Luis Díez-Picazo, Antonio Jesús Fonseca-Herrero y José Luis Requero-- ya impusieron una sentencia anterior que lo señala por "desviación de poder" al haber ascendido a Delgado sin razones de mérito y capacidad. "Entendemos que toda la Sala que dictó dicha sentencia [sobre la desviación de poder], está contaminada por aquella, y que sus decisiones se verían condicionadas por resoluciones anteriores por razones de mera coherencia y no contradicción entre resoluciones", defiende en su incidente de recusación.

En el Supremo, en cambio, ven "insólito" que el jefe de todos los fiscales de España trate de apartar a los magistrados y lo comparan con la línea de defensa que Gonzalo Boye ha llevado para el expresident Carles Puigdemont tratando de sacar al juez Pablo Llarena del procés hasta la saciedad. Siete veces lo han recusado, para ser exactos.

Y entre dos visiones tan contrapuestas, la Abogacía del Estado debe tomar partido. Aunque todas las partes dan por hecho que esto terminará en "la Sala del 61", una Sala especial formada por los pesos pesados del Supremo que tendrán que resolver quién puede finalmente rubricar esa sentencia.

Más problemas para el fiscal general

Pero, como se apuntaba, la semana para el fiscal general ha sido más larga. El martes soportó el segundo varapalo del Supremo a su política de nombramientos con la anulación del que hizo a Dolores Delgado para ser fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática. A falta de conocer los argumentos de la sentencia, los magistrados ordenan retrotraer las actuaciones hasta el momento anterior de designarla porque creen que García Ortiz tuvo que debatir antes si el hecho de que su pareja sea el exjuez Baltasar Garzón --que dirige un bufete dedicado precisamente a esos temas-- es signo de incompatibilidad.

El fiscal general ha expresado en las entrevistas de la Cadena Ser y TVE que esto supone un cambio en la jurisprudencia del alto tribunal y ha dejado caer que volverá a nombrar a repetir el mismo camino. "Yo lo tengo muy claro: la persona que mejor puede realizar esa labor, el fiscal más preparado en España para Memoria Democrática, es Dolores Delgado". Hay un precedente similar que no fue bien cuando Delgado nombró a Eduardo Esteban fiscal de Sala de Menores después de que el Supremo se lo hubiera anulado por no estar motivado. Lo motivó mucho más (con 22 páginas, nada menos), pero el alto tribunal lo volvió a censurar: no eran argumentos de mérito y capacidad.

Está por ver si García Ortiz vuelve a elegir a su antecesora, cumpliendo la sentencia, es decir, debatiendo primero qué afectación puede tener Garzón en su cargo. Pero ese Concejo Fiscal nadie lo anticipa fácil.

Como fácil tampoco será la causa que acaba de iniciar el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) contra dos fiscales por supuesta revelación de datos confidenciales del novio de Isabel Díaz Ayuso. Una investigación que en la Fiscalía General no veían ni pies ni cabeza. Haber enfrentado a la cúpula fiscal y que el criterio de la teniente fiscal del Supremo Mª Ángeles Sánchez Conde de no abrir caso se impusiera, no sirvió de nada.

Los jueces sí vieron tema y ahora se inician unas pesquisas muy engorrosas e incluso desagradables para el Ministerio Público. Magistrados indagando en si sus compañeros de oposiciones filtraron datos de la causa fiscal de Alberto González Amador, quien reconoció haber defraudado a Hacienda durante dos años. Toda una paradoja que puede acabar en un nuevo choque de trenes.