Los sindicatos de Policía tienen claro que tendrán que volver a dar la batalla contra la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza. Los agentes celebraron por todo lo alto que el cambio legislativo no saliese adelante la legislatura pasada, pero temen que tendrán que volver a salir a la calle.

El pasado 10 de mayo, Sumar presentó su alternativa para cambiar la ley. El texto recuperaba el dictamen aprobado el año pasado y que terminó decayendo en la Comisión de Interior por la falta de acuerdo de los socios de Gobierno.

El partido de Yolanda Díaz ha dejado fuera los puntos de fricción con Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y EH Bildu. No ha incluido, entre otros, los artículos que prohibían las pelotas de goma y las devoluciones en caliente en las frontera de Ceuta y Melilla.

El portavoz de Interior del grupo plurinacional y dirigente de IU, Enrique Santiago, explicó hace unos días que esta iniciativa implica la "derogación de facto" de la Ley Mordaza y llama al acuerdo parlamentario entre el bloque de investidura para proceder rápido a este cambio legislativo.

"Nuevo ataque"

La Confederación Española de Policía (CEP) ha emitido un comunicado, consultado por El Independiente, en el que aseguran que los partidos que sustentan el Ejecutivo "no van a dejar pasar la oportunidad para lanzar un nuevo ataque contra la principal herramienta normativa que utilizamos los policías en nuestro trabajo".

Según su análisis del texto de Sumar, el partido quiere dejarles el papel de "mediadores" porque pide que los operativos en la calle se basen en "la mediación y empleo de métodos adecuados como vía alternativa de solución de conflictos". "Cuando resulta que se está alcanzando la cifra récord de agresiones a policías en España, este enfoque es toda una provocación porque desprecia nuestra seguridad física y jurídica", aseguran.

Señala la CEP que la propuesta rescata "una fórmula de pago de multas a la carta", ya que contempla que las sanciones impuestas por la Ley de Seguridad Ciudadana puedan fraccionarse o sustituirse por medidas de rehabilitación. El portavoz de Sumar, Enrique Santiago, fue un firme defensor de este cambio cuando todavía existía Unidas Podemos.

Declaraciones de los agentes

El sindicato apunta que "vuelve a cuestionar el valor probatorio de nuestras declaraciones", uno de los puntos que mayor malestar provocaba en los agentes en la legislatura pasada. Aseguran que el texto tendrá en cuenta su testimonio "siempre que la exposición de los hechos consignados resulten coherentes, lógicos y razonables". Además, creen que se abre la puerta a que puedan ser grabados o fotografiados mientras llevan a cabo un operativo.

La CEP critica también que Sumar pretenda dejar sin multas aquellos incidentes que ocurran en concentraciones "cuando hubieran dispuesto las medidas de seguridad previstas y cumplido los requerimientos que, en su caso, les hubiera hecho la autoridad gubernativa". Aunque al mismo tiempo, "la falta de comunicación previa no determianrá la comisión" de infracción cuando la concentración sea "ante un acontecimiento de indudable repercusión social que no admita demora".

Rabaja en las infracciones

Los agentes consideran que la propuesta de Sumar en un "nuevo intento de amputar la Ley de Seguridad Ciudadana" como es el caso de las sanciones por "tenencia y consumo de drogas, que pasaría de infracción grave a leve". La organización también señala que habrá cambios en los nuevos límites a la identificación –"habrán de ser motivadas y proporcionales"-, al acta de intervención de droga –gozará de presunción de veracidad "siempre que resulte coherente, lógica y razonable"-, al traslado a efectos de identificación que "en ningún caso podrá superar las dos horas; excepcionalmente y por razones justificadas, verificables y comunicadas a la persona afectada, se podrá prorrogar hasta un máximo de seis horas" o a la identificación de los policías, a los que se amenaza con el régimen disciplinario.

"Frente a este nuevo ataque a las condiciones en las que realizamos nuestro trabajo, en CEP no esperamos nada de Interior. Primero, porque el ministro ya anunció al inicio de esta legislatura que pretende retomar esta reforma. Segundo, porque jamás se nos ha llamado a los policías simplemente para escuchar nuestra opinión. Por tanto, este es otro motivo más para mantener un conflicto colectivo frente a Interior que en CEP declaramos ya el 10 de abril, después de mes y medio sin acudir a reuniones con la Dirección General de Policía y tras la manifestación multitudinaria de Madrid del 16 de marzo", finaliza el comunicado.