El avance hacia un nuevo modelo de financiación autonómica pactado multilateralmente se ha convertido en una de las máximas aspiraciones del PP en este comienzo de curso político. Y como contrapeso al acuerdo de financiación singular para Cataluña firmado por PSC y ERC con el avala del Gobierno central. El vicesecretario de Economía de los populares, Juan Bravo (Palma de Mallorca, 1974), coordina con las consejerías de Hacienda de once comunidades y las dos ciudades autónomas gobernadas por el PP un plan amplio que proponer al Ejecutivo y a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Para abrir el debate en torno a un replanteamiento de sistema que lleva 'caducado' desde hace diez años y vigente desde 2009.

Bravo, quien desde 2019 a 2022 desempeñó el cargo de consejero de Hacienda en Andalucía, atiende a El Independiente tras presentarse el viernes pasado los primeros ejes generales de la propuesta sobre financiación. Tan solo unas horas antes de la entrevista, este lunes, él mismo ha remitido la propuesta de diez ejes a la ministra Montero, instándole a negociar.

Pregunta-. Además de los ejes presentados el viernes, hablan de envejecimiento o dispersión de la población para la dotación de recursos. ¿Qué plazos manejan para tener la propuesta estructurada íntegramente y para presentarla?

Respuesta-. Hemos enviado las propuestas a la señora Montero para mostrarle que hay un acuerdo y puntos en común en el PP frente a lo que dice. Pero no debemos olvidar nunca que siendo consejera de Hacienda [en Andalucía, de 2013 a 2018] defendía que debe ser el Gobierno quien lidere una propuesta de modelo de financiación. Entonces, nosotros ya hemos contado muchas cosas de lo que sería este sistema. Hemos hablado de fondo de transición. La necesidad de tener en cuenta esas variables en cada territorio, también la dispersión, el coste de la vida o el coste efectivo. Hemos puesto sobre la mesa la necesidad de la cogobernanza en los fondos europeos de 18.000 millones de euros. Del Gobierno no conocemos nada. Que propongan y lo compartan a las comunidades.

P-. Entiendo, pues, que no mostrarán más 'cartas' si Hacienda no se sienta a negociar multilateralmente.

R-. Hemos hecho bastantes y el Gobierno ninguna. Nosotros con esto ponemos un punto de salida y nadie se ha dirigido al PP hasta ahora. Fue Feijóo [en la reunión de agosto de 2023 con Sánchez previo a su intento fallido de investidura] quien ofreció hablar de financiación. Tampoco ha habido contacto previo con Montero [sobre financiación] desde que soy vicesecretario. Mientras tanto, nosotros hemos ido trabajando y por eso ahora somos capaces de firmar documentos con los presidentes. Y creo que si le preguntan a Asturias o a Castilla-La Mancha, estarían de acuerdo con la propuesta y la necesidad de más recursos. Incluso la sociedad catalana.

P-. ¿Es extensible la propuesta o el frente que han constituido a presidentes del PSOE díscolos con el cupo catalán, como, por ejemplo, Emiliano García-Page?

R-. Lo que dice Page lo compartimos. Lo que hace Page, no. Ya lo hemos visto con la amnistía. Decían una cosa y han votado una cosa muy distinta. Entonces, si Page lo tiene tan claro, es muy sencillo: que no voten sus diputados de Castilla-La Mancha si llega una propuesta al Congreso. Que [Javier] Lambán también lo defienda con hechos, ¿no? Esto no es un conflicto entre Cataluña y el resto de España. Es contra los separatistas, que con un 7% de voto están decidiendo lo que pasa en el país.

P-. ¿Han contactado con diputados socialistas de las distintas federaciones para sondearlos?

R-. No. Nosotros estamos preocupados por lo nuestro. Este país necesita reformas, porque este Gobierno lleva seis años sin hacerlas. En el ámbito industrial, laboral y fiscal. Necesitamos más en educación, en innovación y en I+D+I. Nosotros estamos trabajando en esto con expertos. Lo que haga el PSOE... Es que no hay PSOE. Principalmente, hay señor Sánchez. No más.

P-. ¿Cuánto bebe la propuesta que está coordinando con las comunidades del PP del anterior proyecto del exministro Cristóbal Montoro?

R-. Bueno, no era de Montoro, era de los expertos. ¿Por qué digo esto? Porque a diferencia de lo que plantea el Gobierno actualmente, Montoro y el Gobierno de Rajoy lo que hicieron fue decirle a cada comunidad, independientemente del color político que lo gobernase, que nombrase un experto. Por tanto, el documento es del Ministerio y de esos expertos que cada comunidad aportó. En él hay muchas propuestas que creo que son muy interesantes, de consenso. Y permitirían evolucionar y avanzar hacia un sistema de financiación de acuerdo. Por eso, la que no es capaz de ver acuerdos es Montero, el resto sí. En seis años no lo ha intentado, porque quizá no tenía capacidad para conseguirlo con sus consejeros [ante una mayoría territorial socialista] o no tiene la habilidad necesaria para sentarse a dialogar y escuchar a todo el mundo. Pero creo que no es tan complicado si se quiere.

P-. Dos de sus demandas esbozadas en el documento del viernes es que se convoquen los foros adecuados para el debate de financiación, caso de la Conferencia de Presidentes y el Consejo de Política Fiscal y de Financiación (CPFF), y que se renuncie al concierto catalán. En vista a que no hay disposición en el Gobierno y que el asunto va para largo, ¿temen que los barones del PP antepongan sus necesidades regionales al compromiso adoptado con el partido?

R-. No, porque saben que si no hay negociación multilateral no habrá negociación. Y porque saben que lo que Sánchez está buscando en este proceso es un cambio de modelo de país. Ir hacia uno confederal en el que se pierda la autonomía. Hacia un sistema asimétrico que hace españoles de primera y de segunda. Y que da mayores privilegios a los independentistas. No por convencimiento, que estaría bien o mal, pero sería un planteamiento. Sino porque es el precio necesario para que Sánchez siga siendo presidente y para que Illa fuese investido. Además, los presidentes saben que una de las prioridades de Feijóo cuando llegue al Gobierno va a ser el nuevo sistema de financiación.

¿De qué le sirve a una comunidad que le hagan un pequeño arreglo con la condonación si lo que tiene es un problema de infrafinanciación?

P-. El compromiso a huir de la bilateralidad con Sánchez está sobre el papel, rubricado. Pero no se menciona la condonación de deuda. ¿Se rechaza? Montero ha sugerido ofrecimientos que ustedes han calificado como "tentaciones".

R-. En el pacto que firmaron el viernes no venía explícitamente escrito porque no hay duda. Los presidentes entienden que eso, en todo caso, se tiene que hablar dentro del sistema de financiación. Si no lo hay, no hay nada que hablar. El Gobierno intenta comprar los votos con una condonación que es una trampa, una tirita en una gran herida. Todo el mundo sabe que no vale, con lo cual ese no es el debate. Primero, el debate es si va a haber sistema de financiación o no. Segundo, si Montero quiere o no abrir el debate. Y, tercero, cuánto está dispuesta a poner para ampliar los recursos. Ella decía cuando era consejera que 16.000 millones. ¿Lo sigue manteniendo?

P-. Entonces, si se abre el debate del sistema de financiación, ¿abordarán la cuestión de la condonación o plantean alguna alternativa?

R-. Fíjese. En el documento de expertos mencionado ninguna comunidad [durante la negociación liderada por Montoro] pedía la condonación. Si se habla de reestructuración de deuda y creemos que puede ser un instrumento en el que se puedan alargar plazos. Rajoy ya lo hizo con las liquidaciones negativas: de diez a 20 años en su primer año. También mejorar los tipos de intereses. El documento habla de generar una carencia, algo que también nosotros hemos dicho. Incluso un fondo para asumir los compromisos a corto-medio plazo y permita salir al mercado a las comunidades para no depender solo del FLA. La condonación al final lo que lleva es a una reducción de intereses. Con un presupuesto tan grande, sin un sistema de financiación... ¿De qué le sirve a una comunidad que le hagan un pequeño arreglo, si lo que tiene es un problema de infrafinanciación? Hablamos de la sanidad, de la educación y de políticas sociales como la dependencia. Es prioritario.

P-. En el PP reiteran que todas las comunidades tendrán que hacer cesiones. ¿Que escollos están encontrando en la negociación con las comunidades?

R-. No... todas entienden que nadie va a conseguir el 100% de lo que plantea. El objetivo es que consigan el 80%, el 85% o el 90%. No es lo mismo un territorio que tenga mucha dispersión geográfica, que un territorio que no lo tiene. Uno que tenga más personas mayores, que otro que cuente con muchos jóvenes. ¿Dónde está la habilidad? En juntar esos criterios para dotar de recursos a todos. Yo creo que eso se puede hacer.

P-. ¿El principio de ordinalidad es un problema en ese debate? Por ejemplo entre lo que plantea Madrid respecto a Aragón.

R-. Hay voluntad para tratarlo. En su grado más extremo es como lo están planteando los independentistas con el cupo. En la línea de: "Yo soy el segundo que más aporta, debo ser el segundo que más debo recibir". Creo que nadie comparte eso. En nuestro país es justo al contrario, porque el que más tiene más da a un sistema para igualarnos. En Europa el principio es el mismo. Alemania hace una aportación mayor para que otros territorios. Porque al final, si nos va bien, a Alemania le va bien. Esa es la diferencia. Lo ideal es que no hubiera desequilibrios, pero lo que sí tenemos que intentar es que las diferencias que se puedan producir o la financiación por habitante y demás no estén desproporcionadas. En eso están el resto de comunidades, de acuerdo en que se produzca ese equilibrio. Madrid presume de aportar a la solidaridad del sistema casi 8.000 millones de euros, frente a los separatistas que no quieren aportar nada. Y eso va a suponer para el resto de españoles más impuestos y menos sanidad, educación y política sociales. Esa es la diferencia.

P-. Prometen revertir el concierto, si se da, cuando lleguen al Gobierno. Pero en 2012 el programa del PP catalán contemplaba “conseguir un nuevo sistema de financiación singular” dentro del régimen común. Feijóo en 2016 apreció que “estas cosas se pueden plantear y discutir”. ¿Ha habido un cambio de posición?

R-. Que los catalanes necesitan un nuevo modelo de financiación nadie lo discute. Igual que lo necesita la Comunidad Valenciana, Andalucía, Baleares, Extremadura... Todos. Ahí no cabe duda. Si se acerca al documento de 2012, observará primero que dice "dentro de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA)". Lo segundo, dice que la gestión, recaudación e inspección de los tributos propios, eso ya los tienen las comunidades. De los tributos cedidos es verdad que falta explicar los que lo están al 100%, como Transmisiones Patrimoniales, Impuesto de Sucesiones y Donaciones. Y ya lo gestionan las comunidades. Con lo cual, lo que ha querido convertir el PSOE es un fake en torno a un proyecto que ojalá lo cogiesen así. Porque ese no plantea ni sacar a la Agencia Tributaria de Cataluña ni acaparar el 100% de la recaudación de los tributos. Eso no lo podrán leer. Es tan distinto que fue al parlamento y todos votaron en contra, incluido el PSOE. No tiene nada que ver. Y respecto a Feijóo, son unas conversaciones que se han cortado. Lo que planteó es que todo se tiene que abordar en el CPFF y de forma multilateral como estamos defendiendo. Puede haber cosas que nos parecerán peor o mejor, y para eso se tendrán que tomar decisiones y votar. Lo que no habrá visto nadie es mención al cupo en el programa del PSOE, en la investidura o un mes antes del acuerdo.

La propuesta de singularidad catalana del PP en 2012 es dentro de la LOFCA. No es lo mismo, es un fake del PSOE

P-. ¿Qué modelo de financiación sería el más justo para todos los territorios excepto Euskadi y Navarra, con régimen propio?

R-. El modelo de 2009 lo hizo el PSOE con el tripartito. Los mismos que lo critican a muerte ahora y los mismos que quieren proponer otro. Y que votaron el 51% de los partidos. El modelo de Aznar de 2002, que hoy no es extrapolable, lo votaron el 93%. Nuestra voluntad es conseguir un modelo que lo apruebe la mayoría. Y que los ciudadanos vean reflejado perfectamente los impuestos en los servicios públicos, independientemente de la comunidad donde vivan. Bajo el principio de igualdad y de solidaridad. Ahora lo que se busca no es ni siquiera un sistema. Es una bilateralidad. Si hablásemos en médicos, perderíamos 150.000 por el agujero económico. 260.000 profesores, o 25 hospitales menos cada año de última tecnología.

P-. Respecto al fondo de transición propuesto por ustedes hasta llegar a un nuevo modelo, ¿de qué cifras estamos hablando?

R-. No hemos puesto cifras porque hay otro elemento que es el dato. Tenemos que ser capaces de medirlos para la toma de decisiones. Montero hablaba de 16.000 millones en 2018. ¿Empezamos con eso? Tendrá que decirlo el Gobierno.

P-. Sánchez llevará proyecto de Presupuestos pese a la negativa de Junts a aprobarlos. Dado que unas nuevas cuentas deberían influir positivamente en las regiones, ¿el PP se abre a un voto favorable si se atiende a sus demandas?

R-. Sánchez tendrá Presupuestos si lo quieren ERC y Junts. Ha demostrado que está dispuesto a pagar cualquier precio por conseguir su objetivo, con lo cual, veremos qué pasa. Hasta el momento ha tenido tres presupuestos y tres prórrogas, no es precisamente el mejor gestor porque no es capaz. Es más, ha cambiado de opinión: en 2019, como no los consiguió, fue a elecciones. Ahora le da igual no tenerlos. En principio, fue Montero la que ha dicho que hablará de las cuentas con todos menos con el PP [y Vox]. Ellos construyeron los muros que separan la España de los puentes. No compartimos la invasión de las instituciones, las políticas económicas que están generando cada vez más pobres. No lo dice el PP, a quien nos llama [el PSOE] catastrofistas. Lo dice Europa en un informe reciente. Por eso, es difícil un acuerdo. Nosotros trabajamos en nuestro proyecto para recuperar la ilusión desde el día uno. Porque estamos en un momento idóneo: con más dinero y capacidad que nunca, una generación bien formada, fondos europeos, industriales que están pidiendo más... Hay tantísimas oportunidades que es una pena que nos conformemos con generar más deuda, que nos separemos de la media europea. Ellos dicen que España va como un cohete. Esa nebulosa que les lleva a no reconocer la realidad hace que no mejoremos en este país.

P-. ¿Es viable un acuerdo con el PSOE para los presupuestos regionales tras la ruptura con Vox en los gobiernos?

R-. Sánchez en ningún caso admite una negociación con el PP. Nosotros tenemos otro camino. Nuestras comunidades autónomas, como nos trasladan, están trabajando sus presupuestos para lo más importante para la sanidad, la educación, para la dependencia. Para un reto tan importante como la vivienda, o la ejecución de los fondos europeos. Y el que decida votar en contra cuando luego esas cosas no evolucionen al ritmo que les gustaría, tendrán que dar explicaciones ante los votantes. Y los votantes empiezan a entender ya muy claro dónde está uno y dónde está otro y qué significa tener un presupuesto y qué significa no tener un presupuesto. Y que significa mi sanidad, mi educación y mi política.

P-. La imposición de Escrivá como gobernador del Banco de España ha roto las conversaciones con el Gobierno para otras renovaciones institucionales. No quieren blanquear la decisión, pero, ¿se paralizan el resto de negociaciones, como las de renovación de las cúpulas del CNMV, CNMC o RTVE?

R-. Creo que nadie entendería que si yo me examino me corrija mi examen y me ponga mi nota. Es lo que va a hacer [José Luis] Escrivá, porque sus reformas las va a evaluar él. No tenemos muchos antecedentes de alguien que salga del sillón de ministro para ser gobernador. Se hizo una vez, con Franco. Nosotros planteamos un proyecto de regeneración institucional después del verano de 2022. Lo hemos mantenido para la renovación del CGPJ. Sobre el resto, bueno. Tampoco ha habido muchas negociaciones. Las ha llevado la secretaria general, Cuca Gamarra. Pero fíjese, la del gobernador se ha alargado tres meses. Por primera vez hemos estado sin gobernador. Y hemos perdido la oportunidad de hablar en determinados foros porque no teníamos gobernador.

Para el nuevo decreto anticrisis insistiremos en la deflactación del IRPF y en el precio de la cesta de la compra. Lo tenemos claro

P-. Está previsto que pronto se apruebe un nuevo decreto anticrisis, que renueve el anterior. ¿El PP se abre a apoyarlo?

R-. La inflación está por encima de la media de la UE, en el 2,4, según Eurostat. Y la UE en 2. Y si coges el acumulado lleva más de un 20%. Y ahora se vuelve al colegio y no se hace nada. Y si cada año que te suban el salario para intentar compensarte el IPC. En renta no lo hace, pues te pegan un hachazo. Si en 2022 era necesaria la deflactación, en el 2023 y en 2024, más. Y en el 2025 mucho más. Insistiremos en la deflactación del IRPF, lo tenemos claro. Además, la cesta de la compra sigue por encima de la media.

P-. Feijóo viajará a Canarias y Grecia para abordar cuestiones sobre inmigración. ¿Hay algún avance en la propuesta planteada en agosto por el presidente canario Fernando Clavijo que validó Tellado? El ministro Torres quería valorarlo con Hacienda, Migraciones e Infancia.

R-. No ha habido respuesta por parte del Gobierno, ni de si está o no de acuerdo. Con lo cual, seguimos en la disyuntiva. No hay política migratoria. Lo único que oímos son bandazos según el territorio al que va. Y eso es peor aún. Por eso, lo que decimos que hace es un efecto llamada. Porque el no saber abre puertas a este tipo de actuaciones. ¿Cuál es la propuesta del PP? El que venga a aportar y a trabajar, tenemos necesidad demográfica. El que venga a delinquir, expulsión inmediatamente. En tercer lugar, activar la emergencia migratoria, porque necesitamos la capacidad para actuar rápidamente. Y en cuarto lugar, Europa. Es un problema conjunto. Y Frontex ha ofrecido públicamente hasta 3.000 efectivos y ha sido el ministro Marlaska el que ha dicho que no hace falta. No creo que en Canarias opinen lo mismo. Esta es nuestra propuesta, y luego un reparto de costes económicos y responsabilidades entre Estado y comunidades. No ha habido ningún movimiento del Gobierno.