El portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, ha rechazado trasladar el nombre de la entidad bancaria que prestó hasta 9,2 millones de euros al partido para sufragar las campañas electorales de municipales, autonómicas y generales en el ciclo de 2023. Algo que se produce tras publicar este lunes el diario El País que ello incumple la Ley de Financiación de Partidos Políticos. La relación entre Vox y el periódico del Grupo Prisa es tirante desde 2018, hasta el punto de que no se permite a ninguno de sus responsables [tampoco de la Cadena SER] la entrada en la sede nacional de Bambú. Por ello, desde el partido restan validez a la publicación e insisten en su derecho a preservar la identidad de la institución bancaria.
"Vox tiene un estricto cumplimiento de la ley" de financiación, expresó Fúster en un inciso durante el turno de preguntas en una rueda copada por la cuestión migratoria. Expresó que todo lo relacionado con las cuentas y su auditoría "está fiscalizado por el Tribunal de Cuentas". "Si hubiera un ocultamiento, no sería por nuestra parte", ha finalizado. A su juicio, le es más interesante trasladar quién impulsa ciertos "rescates a medios", sin detallar a quién se refiere. No es la primera vez que las cuentas del partido, así como de su fundación, Disenso, están bajo la lupa. Más desde la salida de Macarena Olona, quien acusó de "irregularidades" en el "desvío" de unos cuatro millones de euros. Pese a los amagos de publicación, no se han desvelado documentos que comprometan al partido o su entidad. Por ello, internamente se insiste en que el Tribunal de Cuentas está al tanto de la actividad de Vox como la de Disenso.
La publicación del diario de Prisa incide previamente en el argumento dado hoy por Vox, aunque internamente descartan haber trasladado posición al respecto. Mencionan que es un tema que viene de lejos y que el argumento no es nuevo. Para justificar la posición recuerdan, sin dar nombres, que años atrás se criminalizó a una empresa que colaboró con ellos. "Hasta el punto que se planteó el lanzamiento de cócteles molotov" contra sus instalaciones desde las redes, apuntan.
Fuentes del partido tampoco precisan si se trata de una entidad húngara. Pero sí anticipan que se mueve en el entorno europeo sin más concreción. Desde el entorno más próximo a Vox consideran que la falta de críticas al intento de OPA a Talgo desde el entorno de Viktor Orbán o el cese de relaciones con el Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR) de Giorgia Meloni para dar el salto al de los Patriotas Europeos en la Eurocámara tendrían relación económica. Ahora bien, tampoco pueden aportar pruebas al respecto. Sí insisten en la concepción del partido como "un negocio" en esos objetivos así como en el despliegue de relaciones internacionales. Con especial gusto en Polonia y Hungría.
El inciso que hace El País es que Vox estaría incumpliendo el artículo 14.8 de la Ley de Financiación de Partidos Políticos. Este versa: "Los partidos políticos deberán publicar en su web, en el plazo máximo de un mes desde la fecha de envío al Tribunal de Cuentas [30 de junio de cada año], el balance, la cuenta de resultados y en particular: la cuantía de los créditos pendientes de amortización, con especificación de la entidad concedente, el importe otorgado, el tipo de interés y el plazo de amortización". Pero Vox insiste en que en su web está colgada toda la información reclamada por el Tribunal. Se trata del resumen de balance de cuentas, publicado en el mes de junio. Desde el partido insisten en que si se da a conocer, no será por su parte, y que toda la información exigida está disponible en el organismo regulador.
Vox publicó el grueso de sus cuentas de 2023 el pasado mes de junio, como figuran en su web. Entonces se conoció que el patrimonio de la formación es de 6,8 millones de euros, que las donaciones ese año a Disenso fueron de 2,5 millones [en torno a los nueve millones de euros desde 2020] y que en litigios, una de las principales facetas del partido en los tribunales, destinó 560.000 euros.
Para esas campañas, en concreto, se pidieron dos préstamos para sufragar las campañas. El primer crédito es de unos 6,5 millones de euros para municipales. Que fue ampliado para las generales con otros 192.082 euros. Para las autonómicas, que transcurrieron simultáneamente a las municipales, se solicitaron 2,6 millones. En la memoria de 2023, se apunta que hay una devolución de 1,8 millones de lo prestado para las locales. 7.386.574 millones son los que quedan pendientes de pagar.
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