Las empresas de defensa israelíes, algunas vinculadas directamente a su ejército, siguen vendiendo a España, tal y como informó El Independiente el pasado septiembre. Este martes Sumar, por medio del ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha pedido por carta a la titular de Defensa, Margarita Robles, del ala socialista del Ejecutivo, que suspenda definitivamente la compra de material israelí. Las importaciones rondan ya los 11.000 millones de euros en lo que va de 2024 tras la firma de varios contratos por parte del ministerio de Defensa en agosto.
La misiva que firma Bustinduy, en representación del resto de ministros de Sumar, exige a Robles que cierre el grifo a la industria armamentística israelí y deje de invitar a las compañías israelíes a las licitaciones en marcha. “Dicha cancelación se sumaría a la política de no autorización de nuevas licencias que está ya en vigor en España desde el inicio del conflicto. Esta es una pieza fundamental para lograr un embargo total de armas, en línea con el derecho internacional”, apunta el ministro.
“Con el mismo objeto, deberán cesarse las licitaciones con ciertos proveedores, citados a continuación, aun cuando haya una dependencia sustantiva de carácter técnico", alega el ministro. "Desde el estallido del actual conflicto, España mantiene acuerdos comerciales de defensa con varias empresas israelíes del sector armamentístico, que suministran tecnología y material avanzado para nuestras Fuerzas Armadas. Sin embargo, estas mismas empresas también proporcionan equipo militar que se está utilizando en las operaciones de Gaza y Líbano. Esta situación es, a nuestro juicio, contraria al cumplimiento de la normativa vigente y a nuestras obligaciones conforme al derecho internacional”, agrega.
Este continuo flujo de importaciones desde Israel -con licitaciones actualmente abiertas para el mantenimiento de equipos de fabricación israelí- no solo contradice el compromiso político exhibido públicamente por el Gobierno de coalición sino que se produce mientras otros Estados miembro de la Unión Europea han comenzado a abrazar la suspensión de compra de armas y material militar al Estado judío. A finales de agosto Irlanda, el país de la UE que junto a España reconoció simultáneamente el Estado Palestino en mayo, anunció que dejaba de adquirir material militar como medida de presión para acabar con la guerra en Gaza. En público, su primer ministro Simon Harris lo vinculó al cumplimiento de las resoluciones de la Corte Internacional de Justicia, que trata de dirimir si la actual operación militar israelí en la Franja de Gaza puede ser calificada de "genocidio".
Las últimas adquisiciones son equipos de sincronización de inhibidores a la empresa israelí Netline Communications Technologies (NCT) Ltd. por un valor de 471.900 euros que el ministro de Defensa español inscribe en sistemas de guerra electrónica y contramedidas y el mantenimiento de la estación de armas RCWS MINISAMSON del RG-31 a PAP TECNOS, la filial española de la Rafael, una compañía propiedad del ministerio de Defensa de Israel, por 350.000 euros. En ambos casos, la adjudicación está motivada "por la mejor relación calidad-precio". En realidad, fueron las únicas ofertas presentadas ante el departamento que dirige Margarita Robles.
“Con el mismo objeto, deberán cesarse las licitaciones con ciertos proveedores, citados a continuación, aun cuando haya una dependencia sustantiva de carácter técnico. Desde el estallido del actual conflicto, España mantiene acuerdos comerciales de defensa con varias empresas israelíes del sector armamentístico, que suministran tecnología y material avanzado para nuestras Fuerzas Armadas. Sin embargo, estas mismas empresas también proporcionan equipo militar que se está utilizando en las operaciones de Gaza y Líbano. Esta situación es, a nuestro juicio, contraria al cumplimiento de la normativa vigente y a nuestras obligaciones conforme al derecho internacional”.
Mención a las empresas israelíes con contratos de Defensa español
En su carta, Bustinduy cita a varias de las empresas israelíes que trabajan actualmente con el ministerio de Defensa español. Entre ellas, figura Rafael Advanced Defense Systems. “La rescisión de contratos se justifica por su control por parte del Gobierno de Israel, su vinculación directa con la política y estrategia militar del país, y el hecho de que su tecnología ha sido utilizada en violaciones graves de derechos humanos y crímenes de guerra, como ataques a civiles y cooperantes humanitarios. Finalmente, y de acuerdo también con nuestras obligaciones en materia de derecho internacional, es importante recordar que las instalaciones de Rafael se encuentran en el norte de Haifa y, por tanto, en territorio ocupado por Israel”, indica la misiva.
También menciona a Elbit Systems, otra de las adjudicatarias recientes, a la que acusa de “participar activamente como proveedora en el entramado de apartheid hacia la población palestina denunciado ante la Corte Internacional de Justicia”. “Esto ha provocado que incluso organismos financieros como el Fondo de Pensiones de Noruega y Danske Bank hayan retirado sus inversiones en dicha empresa”, indica Bustinduy. El texto también incluye a Guardian Homeland Security, “suministradora principal de productos de seguridad y defensa de fabricación israelí, estableciendo consorcios con empresas, algunas de las cuales están involucradas en la represión de la población palestina en los territorios ocupados”.
“Contratar aun indirectamente, a empresas que contribuyen a la vulneración de derechos humanos en Palestina y otras regiones del mundo, contraviene la política exterior de la UE y de nuestro país. Por tanto, mientras Excem y otras empresas de corretaje recurran a proveedores involucrados en estas actividades, sería recomendable prescindir de sus servicios”, apunta Bustinduy.
“Dada la situación actual, y conforme a las obligaciones jurídicas emanadas del derecho internacional, así como los principios éticos y legales que rigen nuestra política exterior y de defensa, solicitamos la suspensión de cualquier contrato o acuerdo en curso con empresas israelíes de defensa y/o seguridad que estén vinculadas tanto con la escalada del conflicto en Gaza y Líbano como con las operaciones en el conjunto de los asentamientos ilegalmente ocupados por Israel en Palestina. Esta medida, alineada con las últimas declaraciones del presidente del Gobierno a este respecto, permitiría a España cumplir con nuestras obligaciones conforme al derecho internacional en coherencia también con la posición adoptada por este Gobierno”, concluye.
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