Empiezan las manifestaciones contra el cambio de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ley mordaza. Este martes una veintena de sindicatos de Policía y asociaciones de Guardia Civil están llamados a concentrarse enfrente del Congreso de los Diputados. El pleno del hemiciclo comienza esta jornada a tramitar por la vía de urgencia la nueva legislación.
Los representantes de los agentes consideran que al hacerlo de urgencia, como informó El Independiente, el Gobierno quiere "colar" los cambios "de manera atropellada y a cualquier precio".
El nuevo texto ha sido pactado por PSOE, Sumar y EH Bildu y cuenta con el apoyo confirmado de ERC, PNV y el BNG, y es un nuevo intento de cambiar la ley vigente de 2015 y cuya reforma ya ha fracasado anteriormente en dos ocasiones. Sin embargo, no está segura su aprobación pues son necesarios los votos de Junts, el partido de Carles Puigdemont.
Los cambios más significativos de la ley mordaza son la eliminación progresiva de las pelotas de goma y la rebaja en las multas por desobediencia a los agentes. Se considerarán infracción leve "los insultos o injurias cuyo destinatario sea un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones de protección de la seguridad, cuando estas conductas no sean constitutivas de infracción penal".
También pretende que en seis meses se cambie la ley de extranjería para acabar con las "devoluciones en caliente", aunque en 2020 el Tribunal Constitucional avaló el retorno de los inmigrantes en la frontera.
Estos eran los cuatro puntos que hicieron embarrancar la derogación de la ley mordaza en la pasada legislatura, precisamente por la oposición de ERC y Bildu. Ahora, esos cuatro aspectos clave —faltas de respeto a la autoridad, desobediencia, devoluciones en frontera y, sobre todo, el uso del material antidisturbios— son los que el Gobierno ha logrado desbloquear con la izquierda abertzale.
Protesta
Las entidades policiales, unidas bajo el paraguas de la plataforma No a la España Insegura, han solicitado llevar a cabo una concentración frente a la Cámara Baja ese mismo día, a las 12:00 horas, para denunciar el "atropello" que, dicen, supone introducir la reforma de la ley como un trámite de urgencia, según explica la plataforma en una nota.
Aseguran que tanto las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y los ciudadanos serán quienes sufran las consecuencias "dañinas" de la modificación legislativa, que en su opinión parece encaminada a "dificultar la actuación de los cuerpos policiales", lo que supone un "sinsentido".
"Acuden a esta vía del trámite de urgencia, que reduce el margen de maniobra a ocho días, y creen que esta medida les servirá para evitar la presión social y las voces de los servidores públicos que día a día nos la jugamos en las calles de España", añaden.
Acusan al Gobierno de "poner en riesgo la paz social, la convivencia" y los "derechos y libertades de todos los españoles", por lo que advierten utilizaran "todos los medios legales" a su alcance para evitar que así ocurra.
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