La sorpresiva iniciativa socialista de presentar una proposición de ley para limitar la actuación de la acusación popular justo en el momento en que los casos de supuesta corrupción rodean al Ejecutivo es una muestra, a juicio del PP, de la "desesperación del PSOE", también "lo es su voluntad de perseguir a quienes la denuncian, la investigan o informan sobre ella". El PSOE cree que se produce un uso "abusivo" de un instrumento que, por otro lado, no existe en la mayoría de los países de nuestro entorno, aunque también hay muchos menos colectivos aforados que en España. En definitiva, lo que pretende el Gobierno es que ni los partidos políticos, ni las organizaciones vinculados a ellos, así como asociaciones de jueces y fiscales, puedan ejercer la acción popular.

También se deberán inadmitir denuncias basadas en recortes de periódico y el resto de las acusaciones populares sólo podrán ejercer durante el juicio oral. Se trata de una reforma significativa que, al presentarse como proposición de Ley, elude, una vez más, todos los informes de los órganos consultivos como el Consejo de Estado o, en este caso, el CGPJ.

Los populares han replicado que "lo que es abusivo es enchufar a hermanos, enriquecer a amigos, hacer negocio de ser la esposa del presidente del Gobierno y sacar por la puerta de atrás de la administración miles de millones de euros en comisiones ilegales", en referencia a los distintos casos que están ahora mismo en los tribunales. Consideran que dicha medida "es un paso más en su estrategia de laminar al poder judicial, consumando su intención de quitar la instrucción a los jueces para dejarla en manos de la Fiscalía, y sembrando el descrédito sobre todo el poder judicial a ojos de la ciudadanía".

"No quiere combatir la corrupción sino a quienes la denunciamos"

Desde que la justicia investiga al entorno el presidente del Gobierno la estrategia de Moncloa ha pasado por acusar a jueces, medios de comunicación y oposición de una especie de conspiración para "quebrar" a Pedro Sánchez. Con esta tesis anunciaron en septiembre el llamado Plan de acción por la democracia, donde, sin duda, se inserta la proposición registrada en el Congreso. Según el PP, el PSOE "no quiere combatir la corrupción sino a quienes la denunciamos" cercenando "el derecho de particulares y asociaciones a personarse en casos de corrupción, como ha hecho el Partido Popular en las tramas de corrupción que rodean al Gobierno" y el PSOE también en los casos que han afectado al PP.

"No les vale con tener al fiscal general del Estado al servicio del presidente del Gobierno ni les parece suficiente usar a la Abogacía del Estado como abogado de familia presentando querellas contra los jueces", critica el primer partido de la oposición, que también ve detrás de esta medida un intento de "control" y "amedrentamiento" de los jueces. Los españoles, prosigue la nota de Génova, "saben que tienen un presidente que no legislará más que para protegerse a sí mismo" y aprovechan para poner la pelota en el tejado de los socios parlamentarios del Gobierno de coalición al calificarles de "cómplices de esta deriva" en caso de apoyar la proposición de ley.