La Audiencia Nacional ha anulado la retirada de las medallas de plata que el Ministerio del Interior entregó a seis comisarios jubilados en 2023. La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha corregigo al juzgado que en primer momento aceptó el recurso de tres sindicatos de la Policía Nacional

Las medallas de plata, que suponen un aumento del 15% de la pensión de los mandos, ha supuesto una disputa importante entre Interior y las organizaciones sindicales. Las tres organizaciones, UFP, CEP y Jupol, consideraron que el procedimiento para la concesión de dichas condecoraciones había vulnerado los principios de transparencia y participación sindical. Por el otro lado, el SPP, el sindicato de mandos, ha celebrado la sentencia, ya que defendían a los comisarios afectados.

La Abogacía del Estado, que defiende al Ministerio de Fernando Grande-Marlaska, sostuvo principalmente que los sindicatos sí fueron informados y que no existió una vulneración sustancial del procedimiento. Además, defendió que la intervención sindical no tiene por objeto decidir sobre la concesión de condecoraciones individuales, sino garantizar la transparencia general del proceso.

Implicaciones de la sentencia

La decisión de la Audiencia Nacional, consultada por El Independiente, tiene importantes repercusiones tanto para el Ministerio del Interior como para las organizaciones sindicales del ámbito policial. En primer lugar, reafirma la validez de los mecanismos internos utilizados por la Dirección General de la Policía para otorgar distinciones, pese a las críticas sindicales sobre falta de rigor en la motivación de las propuestas.

Por otro lado, el fallo limita el alcance de la legitimación procesal de los sindicatos en materia de recompensas individuales, estableciendo que su acción judicial debe centrarse en salvaguardar los procedimientos y derechos colectivos, pero no en cuestionar directamente decisiones administrativas de carácter individual, como la concesión de medallas.

El tribunal también enfatiza que la eventual existencia de beneficios económicos vinculados a las medallas —por ejemplo, en forma de pensiones— no convierte automáticamente en legitimados a los sindicatos para impugnar su otorgamiento.