La vivienda ya fue uno de los temas que centraron la última Conferencia de Presidentes, la celebrada el pasado 13 de diciembre en Santander, y es una de las materias que Pedro Sánchez quiere que se toque de nuevo en la próxima cita, en la que Barcelona acogerá el 6 de junio. Junto a la vivienda, el Gobierno desea que se hable de formación profesional y universitaria, una carpeta a la que ha venido dando mucha importancia en los últimos años y un terreno, por cierto, en el que también se ha producido el choque con las comunidades del PP.
Como estaba previsto, la Moncloa adelantó este jueves los temas que se plantean desde el Ejecutivo para la XXVIII Conferencia de Presidentes, la que se celebrará en apenas tres semanas. Y son esos dos, el acceso a la vivienda y la formación profesional y universitaria. Ahora, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres —de baja en las últimas semanas por su operación por el cáncer que padece— convocará una reunión del comité preparatorio para el miércoles 28 de mayo. Será entonces cuando se cierre el orden del día de la cumbre en la capital catalana.
Y ahí es donde emergerá el primer choque, porque las regiones gobernadas por el PP ya han adelantado que quieren que se discuta (otra vez) sobre financiación autonómica. Y muy probablemente conseguirán que se incluya en el orden del día, ya que el reglamento de las Conferencias de Presidentes, en su artículo 5, se indica que es fijado por el comité preparatorio con la conformidad del ministro Torres y de diez comunidades o ciudades autónomas. El PP lidera 11 CCAA, más Ceuta y Melilla, y cogobierna en Canarias.
El presidente plantea dos temas de calado con las competencias repartidas y que exigen coordinación y acuerdos entre las administraciones
Sánchez, de nuevo, plantea dos asuntos de cara a la Conferencia de Presidentes en los que las competencias entre las administraciones están muy repartidas y en los que se requiere coordinación. Dos temas de calado y en los que serían deseables los acuerdos —distinto es que se consigan—, y con los que el Gobierno busca que la cumbre con los mandatarios autonómicos no se convierta en una trinchera.
La reforma de la financiación es una cuestión prioritaria y urgente para las CCAA, pero es profundamente divisiva, y lo que alega Hacienda es que es imposible avanzar por el enconamiento de las posiciones y la falta de una postura común incluso entre las regiones capitaneadas por el PP. Pero también sigue pendiente la financiación singular para Cataluña, que PSC y ERC pactaron hace casi un año para hacer president a Salvador Illa. En el Gobierno señalan que se está "trabajando" en ello, pero añaden que no hay avances suficientes como para trasladar nada.
El acceso a la vivienda es la principal inquietud ciudadana, según el CIS. Y para el Ejecutivo es una cuestión primordial en esta legislatura, consciente de que su base social le puede castigar si no se logran resultados. El Gobierno está acometiendo reformas legales y destinando recursos, Sánchez incluso busca visualizar que está implicado personalmente —el pasado 24 de abril anunció el lanzamiento del PERTE de vivienda industrializada que el Consejo de Ministros aprobó el 6 de mayo—, pero los frutos no acaban de llegar. También porque varios de los cambios legislativos que planteó el presidente en la presentación de su plan en enero necesitan de la complicidad de los grupos, y la precariedad de apoyos parlamentarios es evidente. La reforma de la ley del suelo, por ejemplo, ha encallado ya en dos ocasiones en lo que va de legislatura.
Además, a Gobierno y a PP les enfrenta el despliegue de la ley de vivienda de 2023. Mientras los socialistas subrayan que, en aquellos puntos donde se aplica, como Cataluña, sí se han conseguido resultados en la bajada de los alquileres —un 6,4% en Barcelona y un 3,3% en el conjunto de la comunidad, según datos del Ministerio de Vivienda de Isabel Rodríguez—, las comunidades populares se niegan. Entienden que es una intervención en el mercado de carácter ideológico. La apuesta del PP es la de la liberalización del suelo, más construcción y bajadas fiscales, y no por el control de precios. Pensar en un acuerdo suena a entelequia ahora mismo. Ya en diciembre no hubo ningún documento de consenso.
El Ejecutivo ultima un decreto para "poner coto a la aparición de universidades privadas que no cumplen con la calidad suficiente". Un texto que ha suscitado las críticas del PP, y en especial de Madrid
La reforma de la FP ha sido también una de las preocupaciones principales del Ejecutivo en estos años, y de hecho se ha producido una explosión en el número de alumnos. Y la universidad se ha convertido en el último caballo de batalla entre Gobierno y PP. El Ejecutivo está ultimando un decreto para "poner coto a la aparición de universidades privadas que no cumplen con la calidad suficiente" y para "revertir una década de recortes y de decadencia que sufren las universidades públicas y que ha hecho que se abra la puerta a la aparición de privadas", según recordaba el pasado 12 de mayo la titular de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant. La ministra ya advirtió también de que el Gobierno va a "hacer frente" a la ley de universidades que prepara la Comunidad de Madrid y que prevé aprobar en el último trimestre de 2025. Para el Ejecutivo, responde a "un plan cada vez menos oculto de privatización".
Sin embargo, más allá de la discusión sobre los asuntos concretos, para Sánchez tiene importancia el mero simbolismo de la cita. La Conferencia de Presidentes se celebra esta vez en Barcelona. En Cataluña. El Gobierno quiere evidenciar así que la normalización política es un hecho, y que si antes los jefes de la Generalitat evitaban ir a las Conferencias de Presidentes y a las conferencias sectoriales —en las que participan ministros y consejeros del ramo—, ahora es el propio president catalán, Salvador Illa, el que ejerce de anfitrión del líder del Ejecutivo central y de los demás mandatarios autonómicos. Fue Illa quien postuló a Barcelona como sede en el encuentro de Santander, y su propuesta fue aceptada.
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