Que sea la Justicia la que se mueva, si entiende que es lo que debe hacer. Es la observación que hizo este martes el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska: "De los procedimientos judiciales en marcha, de su corrección, de su regularidad, la responsabilidad es de la autoridad judicial". Y su reflexión, la que vertió en la rueda de prensa posterior a la reunión ordinaria del Gabinete, casa con el sentimiento de frustración que describe el Gobierno al ver que le acechan distintos frentes —algunos ya judicializados, y otros no— y no encuentra defensa ni aliento.

La última vía de agua que se le ha abierto al Ejecutivo tiene un nombre propio: Leire Díez, militante socialista, periodista, ex teniente de alcalde en Vega de Pas (Cantabria), entre 2011 y 2014; directora de Comunicación de la empresa pública Enusa entre 2018 y 2021, y directora de Relaciones Institucionales y Filatelia en Correos entre 2022 y 2024. Ella aparece identificada como la fontanera del PSOE, una condición que ella niega, después de la grabación que publicaba este lunes El Confidencial de un encuentro mantenido en febrero por videoconferencia.

En los últimos audios, la ex cargo público socialista ofrece beneficios judiciales a cambio de material contra la UCO: "Yo te puedo sentar con Fiscalía"

Reunión en la que ella participó —junto al empresario Javier Pérez Dolset y el abogado Teijelo— y en la que al otro lado de la pantalla estaba el industrial Alejandro Hamlyn, procesado por un presunto delito de fraude en la venta de combustible que dejó un supuesto agujero fiscal de 154 millones de euros. Díez Castro, durante la conversación, señaló que su objetivo era acabar con la "Camorra de la Guardia Civil" y que su prioridad era el teniente coronel Antonio Balas, jefe del Departamento de Delincuencia Económica de la Unidad Central Operativa (UCO). "Necesito a Balas", apuntó ella misma. Este martes, el diario revela más audios en los que la ex cargo público socialista ofreció beneficios judiciales a cambio de material contra la UCO: "Yo te puedo sentar con Fiscalía. O puedo proponer que te sientes con Fiscalía". Díez manifestó en conversación con este diario que no tiene ninguna vinculación contractual ni ligazón con la dirección del PSOE y que aquel encuentro obedeció a una investigación periodística que está llevando a cabo para un libro sobre las tramas de hidrocarburos que pretende publicar a la vuelta de verano. Ferraz desmiente la información, asegura que emprenderá acciones legales contra el medio y remarca que la militante no está "en nómina" del partido.

El PSOE no tiene previsto demandar a Díez Castro, ni tampoco ha anunciado la apertura de ningún expediente. Vox ya ha anunciado que presentará una denuncia ante los tribunales por presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y obstrucción a la Justicia tras los audios publicados. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, afirmó este martes que la asesoría jurídica del partido está estudiando cuál es la acción judicial que va a emprender contra Díez. Pero acción la habrá: "Le aseguro que la Justicia decidirá qué responsabilidades judiciales y penales tiene esta señora y es lo mínimo que podemos hacer", dijo.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes, Marlaska fue preguntado por las acciones anunciadas por la ultraderecha. "Nada que decir", señaló, sobre las decisiones que emprendan "distintas partes, partidos políticos, asociaciones particulares". Pero también reconoció que el "alcance" de la grabación y de su contenido "puede hacer referencia a procedimientos judiciales en marcha". "Y de los procedimientos judiciales en marcha, de su corrección, de su regularidad, la responsabilidad es de la autoridad judicial —sostuvo—. Pues yo creo que el mejor punto de referencia es que sea la propia autoridad judicial de los procedimientos que pudieran verse afectados" por esos audios "sea la que en su caso tome las medidas que estime oportunas".

Vox ya ha anunciado que presentará denuncia por cohecho, tráfico de influencias y obstrucción a la justicia, mientras que Feijóo adelantó que sus servicios jurídicos analizan qué acción legal tomar

Marlaska, además, salió en defensa de la UCO, en las últimas semanas en el punto de mira por un presunto informe sobre el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, que haría llegar pronto al juez del Tribunal Supremo que investiga el caso Ábalos, y por los wasaps publicados en El Mundo que se cruzaron el exministro y el presidente, Pedro Sánchez. Cuando estas comunicaciones aparecieron, desde el Ejecutivo se apuntó a que esa filtración pudo haber partido de la UCO. Ese material, dijo la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, "nunca tenía que haber visto la luz", y el responsable es quien "tiene el deber de custodia". Lo aseguró la número dos del Gobierno antes de que el propio José Luis Ábalos asumiese que había autorizado la publicación de parte de los chats.

"No conozco ninguna declaración de ningún miembro del Gobierno de España que haya hecho referencia a la UCO como autora de ninguna filtración —aseguró Marlaska este martes—. Lo único que conozco es el apoyo de todos los integrantes del Gobierno de España a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, evidentemente a la UCO, en el cumplimiento de sus funciones. Y, naturalmente, el ministro del Interior, su ministro, tiene la máxima consideración de la UCO y de todas las unidades de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, no solo por ser ministro del Interior, sino porque conozco de su profesionalidad".

Marlaska recalca que el Gobierno no ha hecho a la UCO "autora de ninguna filtración". El ministro, dijo, tiene la "máxima consideración" hacia esta unidad y todas las de la Guardia Civil y la Policía Nacional

El ministro afirmó que no se puede "obviar" que las unidades de Policía Judicial actúan siempre "bajo las directrices de las autoridades judiciales, del Ministerio Fiscal", como es lo "propio" de una democracia como la española. "Aunque es cierto que, en otros momentos, cuando gobernaba la derecha, yo creo que no ocurría eso de forma real", afeó.

Precisamente por ese respaldo "decidido, manifiesto y por convicción a la UCO y al conjunto de unidades", Marlaska incidió en que le preocupa que se haga referencia a supuestos informes de los agentes, porque eso es "tanto como imputar a las unidades de investigación el no cumplimiento de sus deberes", que son "la neutralidad, la objetividad y, evidentemente, el mantener la discreción absoluta en las investigaciones". También es su deber rendir cuentas de sus pesquisas, añadió, a la autoridad judicial. Así que a su juicio esos comentarios sobre la UCO pueden parecer "inocuos" pero "ponen en tela de juicio" una actividad "tan profesional, tan decidida", neutral y "objetiva" como la de los agentes que la integran.

Fuentes del Ejecutivo señalaron que aunque no hay ninguna "decisión" tomada, lo más probable es que no se acuda a la Justicia, ni para actuar contra Leire Díez, ni para llevar la publicación de los wasaps entre Sánchez y Ábalos, y eso que hace solo dos semanas el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, anunció que el Gobierno llevaría a los tribunales las conversaciones divulgadas porque suponían una "violación" a la intimidad del presidente. "Queremos llegar hasta el final, queremos conocer todo de la filtración, quién ha sido, por qué ha sido", apuntó entonces. "Estamos donde estábamos. Entendíamos que de oficio se investigaría. Para nosotros, denunciar es complicado", admiten desde la Moncloa.

El PSOE no ha abierto expediente contra Díez. En la Moncloa admiten que "denunciar es complicado" porque ella "no dice nada de que lo haya hablado con el PSOE o con el Gobierno". "Somos corderitos a los que nos están degollando", añaden

Sobre el caso de Díez, en el Ejecutivo reconocen que ella "ofrece cosas que no puede prometer", como la intervención de la Fiscalía, "pero no dice nada de que lo haya hablado con el PSOE o con el Gobierno". De ahí que aprecien la dificultad de poder demandarla. En la Moncloa insisten en que el Ejecutivo no ha hecho "nada" de lo que se dice en esos audios, y además es una evidencia, añaden, que no ha habido ningún apaño que les haya podido salvar de causas como la que se sigue contra la mujer y el hermano del presidente o contra el fiscal general del Estado. "No estaríamos donde estamos —concluyen—. Somos corderitos a los que nos están degollando".