Cuando el martes el Ministerio del Interior comunicaba que el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, dejaba el cargo, los periodistas estaban pendientes de las tuberías que recorren Ferraz, la sede del PSOE. A nadie pilló preparado, ya que la decisión es, según fuentes oficiales, de carácter "personal".

Aunque desde el Gobierno se ha tratado de minimizar la situación, la propia inercia de la actualidad lleva a relacionar la salida del número dos de la seguridad española con la situación política. Interior no se ha caracterizado por llevarse bien con la Guardia Civil desde la llegada de Fernando Grande-Marlaska al número 5 del Paseo de la Castellana. Pero en las últimas semanas, el resto del Ejecutivo se ha esmerado en dinamitar esa relación, ya de por sí desgastada.

Pérez ha pasado por la vida política con un perfil bajo. En junio de 2018 fue nombrado jefe de Gabinete del ministro, para ascender en 2020. Desde entonces, cinco años han bastado para labrarse un buen nombre entre los técnicos de Interior. "Cuando alguien le decía que algo no se podía hacer, no presionaba. Se dejaba aconsejar bien", cuenta una de las fuentes consultadas.

No era la primera vez que Pérez le pedía salir a su jefe. En varias ocasiones le había pedido dejarlo, pero Marlaska siempre lo convenció para seguir. Interior es el ministerio más caliente y el que más abrasa a sus caras visibles en cualquier Ejecutivo. No es el caso del secretario de Estado, que hasta hace un año no ocupó titulares. El puesto también agota, por los contínuos viajes, el ritmo frenético que conlleva y la disponibilidad constante.

Las mascarillas de Koldo

El último año ha sido especialmente combulso para Pérez. Con el estallido del caso Koldo su nombre empezó ha salir más en los medios. Nunca para bien. Él fue el responsable de firmar el contrato para la compra de mascarillas por parte de Interior que ahora investiga la Audiencia Nacional. Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil le llegaron a interrogar.

Su dimisión llega en un momento en el que el Gobierno está de uñas con, precisamente, la UCO. Esta semana se ha conocido que una militante del PSOE ha estado reuniéndose con empresarios a los que las investigaciones de esa unidad de élite han llevado a los tribunales. El objetivo era buscar pruebas que dañaran al responsable del equipo de delitos económicos, el teniente coronel Antonio Balas. También a un capitan, Juan Bonilla, que ahora trabaja para la Comunidad de Madrid. Pero la pelea viene de mucho antes.

Algunos sitúan el enfrentamiento del Interior de Marlaska con la Guardia Civil en dos nombres: Diego Pérez de los Cobos y Manuel Sánchez Corbí. El primero dirigía la Comandancia de Madrid cuando el ministro lo destituyó por no filtrar información secreta de una investigación. Al segundo lo cesó cuando se publicó que la UCO que dirigía no contaba con fondos reservados y que tenían que parar las investigaciones.

Marlaska nunca pensó que la lealtad de los agentes hacia esos dos mandos iba a ser tan férrea. Ciertas fuentes afirman que los investigadores no olvidan las afrentas que sufrieron dos jefes a los que consideran uno más. Alguno, incluso, sigue teniendo gran influencia sobre los agentes.

La visita de Delcy

El segundo problema con el que ha tenido que lidiar Rafael Pérez, juez de profesión como Marlaska, fue el viaje de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, a España. Era enero de 2020. La política sudamericana tenía previsto entrar en Madrid, a pesar de que las sanciones internacionales le prohibían pisar espacio Schengen. La visita, sin embargo, se planificó semanas antes, y Pérez tuvo un papel clave en ella.

Entre los mensajes intervenidos por la UCO dentro de la investigación de las mascarillas, hay uno revelador. "Ya he hablado con José Antonio nuestro Director del Gabinete de coordinación y estudios para ponerlo en prevención hasta que les llegue la Comunicación de Exteriores», dice el mensaje que el número dos de Interior le envió al otrora hombre para todo en el Ministerio de Transportes, Koldo García. Se refería al comisario José Antonio Rodríguez González, conocido como Lenin.

El intercambio de mensajes revela que el Gobierno, y en concreto Interior, tenían total conocimiento de la llegada de la dirigente chavista. Incluso le buscaron un chalé en pleno centro de Madrid. El encargado de las gestiones fue, cómo no, el comisionista del caso, Víctor de Aldama.

Las balas de Israel

El último escándalo al que ha tenido que hacer frente Pérez ha sido la fallida compra de 15 millones de balas a una empresa de Israel. El precio era de seis millones de euros, y el contrato llevaba su firmar.

Interior adjudicó la compra a Guardian Defense & Homeland Security, la filial de la israelí IMI Systems. Se trata de la misma empresa a la que la Guardia Civil compró las polémicas pistola Ramón. Esa versión de una clásica Glock tenía un problema: se encasquillaban si no se usaba una munición de su misma marca. Por eso se compraron las balas.

El problema es que la ministra de Defensa, Margarita Robles, semanas antes dijo que España ya no compraba más armamento a Israel a raíz de la invasión de la Franja de Gaza. Unas palabras que obligaron a Marlaska a anunciaron que cancelaban el contrato. Aunque no fue así.

Hace unas semanas, se publicó que Interior había formalizado finalmente la compra con Guardian Defense. Desde el departamento de seguridad se aseguró que llevaban meses tratando de articular su cancelación, pero que un informe de la Abogacía del Estado recomendaba no hacerlo.

Al final, tras una de las mayores crisis en el seno de la coalición que se reucerda, Pedro Sánchez tomó cartas en el asunto y ordenó rescindir el contrato. El Gobierno tendrá que pagar las balas, pero se queda sin munición, y ahora sin secretario de Estado de Seguridad.