Ha transcurrido una semana. Una semana desde que estallara el caso Leire Díez, los audios de la militante socialista en los que se la podía escuchar cómo intentaba maniobrar en contra de mandos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Desde entonces, solo ha habido un gesto orgánico por parte de Ferraz: le abrió expediente informativo, sin imposición de ninguna medida cautelar (ni siquiera la suspensión de militancia) y lo hizo el miércoles 28 de mayo, en buena medida por la presión interna. Pero la dirección de Pedro Sánchez aún no ha resuelto nada. Es más, según reconoce la propia afiliada a este diario, aún no ha sido llamada para declarar.

Por el momento, la cúpula federal no lanza señales de querer actuar con prisas y de manera contundente contra Leire Díez Castro. Ella, exteniente de alcalde del pequeño municipio cántabro de Vega de Pas (2011-2014), exresponsable de Comunicación de Enusa (2018-2021) y exdirectora de Relaciones Institucionales y Filatelia de Correos (2022-2024), participó en una reunión por videoconferencia en febrero. Una cita, cuya grabación fue difundida por El Confidencial a partir del 26 de mayo, en la que ella, acompañada por el abogado Jacobo Teijelo y el empresario Javier Pérez Dolset —imputado por fraude en subvenciones e insolvencia punible—, pide a otro industrial, Alejandro Hamlyn (procesado por un fraude masivo en el IVA de hidrocarburos y huido en Dubái), información comprometedora contra Antonio Balas. Este teniente coronel es el jefe del Departamento de Investigación Económica y Anticorrupción de la Guardia Civil, encargado de las cuatro causas que afectan al Gobierno: las del hermano y la mujer del presidente, la del fiscal general del Estado y la más grave de todas, el caso Koldo / Ábalos. Díez Castro ofreció acuerdos con la Fiscalía y la Abogacía del Estado a cambio de ese material sensible. Y también se dirigió a varios medios, según contó El Español, para ofrecer un vídeo sexual del fiscal anticorrupción José Grinda.

No podemos adelantar ni revelar nada sobre un expediente abierto. Al afiliado lo ampara la ley orgánica de protección de datos", señalan en Ferraz

El miércoles pasado, Ferraz abrió a su afiliada un expediente informativo. Y este, según el artículo 92 de los estatutos federales, puede acabar o en el archivo de la causa o en la apertura de un expediente disciplinario, que podría acarrear la expulsión del partido. Pero para llegar a esa decisión, la dirección, en principio, ha de escuchar a Díez Castro. Y aún no lo ha hecho.

"No me han citado aún. No tengo ninguna noticia. Nada", respondió a este diario, a las 17.40 de este lunes, la militante socialista, señalada como fontanera del secretario de Organización, Santos Cerdán, acusación que ella y el partido niegan tajantemente. Desde Ferraz, mientras, no se da ninguna precisión: "No podemos adelantar ni revelar nada sobre un expediente abierto. Al afiliado lo ampara la ley orgánica de protección de datos. Sobre cuándo comparece, solo lo puede decir ella, ya que el expediente de un militante está bajo la LOPD".

La militante, señalada como 'fontanera' de Ferraz, ya pidió a la cúpula federal la semana pasada que la llamaran "lo antes posible" para "explicar y mostrar la investigación" que estaba llevando a cabo

Díez, en un mensaje que envió el pasado viernes a los miembros de un chat de militantes del PSOE de Cantabria, contaba que le había llamado Juanfran Serrano, el secretario adjunto de Organización —mano derecha de Cerdán— para avisarle de la incoación del expediente informativo. "Me han dicho que me llamarán. He pedido que sea lo antes posible para explicar y mostrar la investigación que estoy llevando a cabo para que se disipen las dudas y se compruebe la complejidad y la importancia de la investigación. Pondré la información a su disposición para su análisis. Y de verdad que estoy aliviada de poder compartirla", escribió. Y agregó que se sentía con la conciencia "tranquila". Su tesis es que sus gestiones con empresarios presuntamente delincuentes responden a la investigación para un libro que pretende sacar a la vuelta de verano. Ferraz y la Moncloa han reiterado que no tienen nada que ver con ella, que nunca ha estado en nómina del cuartel general, que ha actuado por libre. Pero hasta el momento no ha habido explicaciones públicas de ningún tipo. Ninguna. Y eso ha alimentado también la inquietud y la ansiedad internas.

En conversación con este diario, Díez insiste en que no tiene preocupación por cuándo la llama el partido para que dé su testimonio. Cuando lo hagan, ella irá, promete.

Artículo 92 de los estatutos federales del PSOE, aprobados en su 41º Congreso. | PSOE

Según el artículo 92 de los estatutos, aprobados en el 41º Congreso Federal, el que se cerró en Sevilla el pasado 1 de diciembre, la dirección federal puede, si lo considera necesario, abrir un expediente informativo antes de uno disciplinario. El órgano ejecutivo que acuerde el inicio de las actuaciones "nombrará un instructor con el propósito de recabar la información respecto de los hechos que se han producido". Si el procedimiento nace por una denuncia, ese instructor podrá realizar labores de mediación para que las partes se avengan a una conciliación. Pero si esta no se produce o una vez que se recaben las pruebas oportunas, el instructor "pondrá en conocimiento del órgano ejecutivo correspondiente todas las actuaciones realizadas, quien adoptará la decisión de incoar el expediente disciplinario o archivar la causa".

Por el momento, el caso no está en la comisión féderal de ética y garantías. Esta solo tendría que pronunciarse si la dirección del partido abre expediente disciplinario y le impone sanción y ella no está de acuerdo y la recurre

En esta parte del procedimiento, por tanto, no actúa todavía la comisión federal de ética y garantías (CFEG), que preside el socialista gaditano Rafa Román. Si la dirección federal abre finalmente expediente disciplinario y la suspende de manera cautelar de militancia, Díez Castro podría recurrir esa decisión ante el tribunal interno del PSOE. Pero todavía no se ha entrado en esa fase, como recuerdan fuentes de la cúpula. La potestad de decidir y de imponer, si acaso, una sanción, recae por el momento en Ferraz.