Leire Díez Castro se defendió este martes ante Ferraz como militante socialista. Llegó esta tarde a la sede federal del partido sobre las 16.25 horas para dar explicaciones sobre sus reuniones con empresarios presuntamente delincuentes y abogados y sus supuestas maniobras contra mandos de la Unidad Central Operativa (Unidad Central Operativa) de la Guardia Civil. Y salió algo más de dos horas más tarde, a las 18.39. Sin hacer declaraciones ante los periodistas, pero convocándolos para una "comparecencia pública" mañana miércoles a las 10 de la mañana en un hotel de Madrid. Pero el partido sí informó minutos después de que ella misma, tras concluir su interrogatorio ante el instructor, solicitó su baja voluntaria como militante del PSOE. "En cuanto la misma sea efectiva, cualquier medida de carácter orgánico respecto a ella quedará suspendida", señaló Ferraz en un comunicado.

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La dirección federal del PSOE abrió el miércoles de la semana pasada un expediente informativo a Díez Castro, después de tres días de muchos titubeos, y lo hizo en buena medida por la presión interna. Pero no había dado más pasos. Ayer lunes, la propia afiliada socialista, motejada como la fontanera de Ferraz —algo que ella y el partido niegan tajantemente—, apuntaba que aún no había sido citada para defenderse. Finalmente, la reunión con la cúpula se desarrolló a lo largo de la tarde de este martes, 3 de junio.

Díez, al final de su declaración, pidió comunicar la baja al secretario de Organización "y así se hizo". Ella no quiso hacer declaraciones a los medios ni a su llegada ni a su salida de la sede

Ella, a su llegada, no quiso hacer declaraciones ante los medios apostados en la puerta: se limitó a "agradecer" la "amabilidad" de los periodistas que han estado tratando con ella estos días. "No voy a decir nada, y voy a seguir sin decir nada", señaló, rodeada por un enjambre de informadores y portando en su bolso los documentos que presumiblemente podía esgrimir en su defensa. A las 18.25, ella misma mandaba un mensaje de WhatsApp a los periodistas para informarles de que había estado con el instructor del expediente informativo, el director de los servicios jurídicos del PSOE, Alberto Cachinero, y para convocarles a una "comparecencia pública" a las 10 de la mañana en el hotel Novotel de la capital. 14 minutos más tarde, a las 18.39, cuando su taxi llegó al cuartel general de los socialistas, salió del inmueble y, de nuevo, no dijo una palabra, más allá de pedir a los medios cuidado, para evitar que fueran atropellados.

A las 18.55, Ferraz lanzaba un comunicado en el que informaba de que al final de su declaración ante el instructor, Díez solicitó "la baja voluntaria como afiliada del Partido Socialista Obrero Español". "En cuanto la misma sea efectiva, cualquier medida de carácter orgánico respecto a ella quedará suspendida". Según indicaban fuentes de la dirección, fue Díez la que pidió, tras su declaración, verse con el secretario de Organización, Santos Cerdán, para comunicarle la baja, "y así se hizo". El anuncio de Díez, por tanto, libera a la dirección de tener que tomar una decisión contra ella.

Y es que hay que acudir a lo que está escrito en el artículo 92 de los estatutos federales del PSOE, el que recoge la tramitación de un expediente informativo. Las normas internas prescriben que la cúpula nombra a un instructor encargado de recabar la información —en este caso, los servicios jurídicos, comandados por Alberto Cachinero—. Y una vez que tenga todas las pruebas pertinentes, ese instructor "pondrá en conocimiento del órgano ejecutivo correspondiente todas las actuaciones realizadas, quien adoptará la decisión de incoar el expediente disciplinario o archivar la causa". Pero al darse Díez de baja, toda medida orgánica decae, dado que ella ya no será militante socialista. Ferraz tendría abierta, en todo caso, la posibilidad de acudir a los tribunales, si es que quisiera activar esa vía.

Hasta este comunicado de cerca de las 19 horas, la ejecutiva de Sánchez no había dado pistas sobre qué iba a hacer. Pero la presión interna había ido a más. La hasta ahora afiliada, que fue concejala en Vega de Pas (Cantabria) entre 2011 y 2014, y luego directiva de las empresas públicas Enusa (2018-2021) y Correos (2022-2024), fue grabada en sus reuniones con empresarios imputados y abogados, a los que ofreció tratos con la Fiscalía y la Abogacía del Estado a cambio de material comprometedor, para empezar, contra el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Balas, jefe del área de Investigación Económica y Anticorrupción de la Unidad Central Operativa, la que está encargada de las causas que afectan al Ejecutivo y al PSOE —las que atañen al hermano y a la mujer del presidente, al fiscal general del Estado y al exministro José Luis Ábalos y su exasesor, Koldo García—. Díez también llegó ofrecer a varios medios un vídeo de contenido sexual del fiscal anticorrupción José Grinda.

Fue el equipo jurídico del partido el que interrogó a Díez y el encargado de elaborar un informe para la ejecutiva. Pero su salida como afiliada facilita las cosas a la dirección de Sánchez

Este martes, y ante el silencio de Ferraz, fue preguntada por los periodistas la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría. La ministra insistió en que Díez "no habla en nombre del Gobierno", en que es solo una militante a la que se ha abierto expediente informativo. Más que desmarcarse de lo que hizo, la titular de Educación manifestó la "reprobación" del Ejecutivo a "cualquier tipo de mensaje agresivo o violento".

"Si hay que tomar cualquier tipo de decisión o iniciativa, saben que el PSOE será absolutamente contundente, como siempre lo ha demostrado el propio Partido Socialista en este caso", sostuvo la portavoz en rueda de prensa en la Moncloa. "Se ha abierto un expediente para conocer toda la verdad y actuar si hubiera que actuar", zanjó, dando a entender que la cúpula podría ser más drástica contra ella. No será necesario, al ser la exconcejala la que, al menos de manera oficial, toma la iniciativa.

Los socios seguían empujando para que Sánchez comparezca en el Congreso por el caso. Junts se suma a una petición que comparten Podemos y ERC, además del PP. "Si el Parlamento lo pide, el presidente acudirá", señalan en la Moncloa

Salvo que esta baja cambie las cosas, en principio sí parece claro que el presidente podría tener que comparecer por el affaire Leire Díez. El PP pidió su comparecencia en el pleno del Congreso, y desde el principio ERC lo vio con buenos ojos. Este martes, Junts anunció su respaldo a la comparecencia de Sánchez y finalmente Podemos y los republicanos registraron una iniciativa conjunta para que lo haga. La duda era la fecha, dado que el periodo de sesiones acaba el 30 de junio. Todo apunta, por tanto, a que ese pleno puede llegar en julio. "Si el Parlamento lo pide, el presidente acudirá", prometen desde la Moncloa, donde recuerdan que el jefe del Ejecutivo también tendrá que explicar las conclusiones de la cumbre de la OTAN en La Haya y del Consejo Europeo ordinario en Bruselas, citas que se celebrarán ambas en la última semana de este mes. Ahora, con la salida de Díez del partido, la situación puede cambiar y PSOE y Gobierno podrán escudarse en que ella ya no está en sus filas.

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