No ha sido necesario forzar la máquina. Ferraz no ha tenido que apretar ningún botón, ni desgastarse en un proceso interno interminable, ni afrontar un trasiego de declaraciones. Ella se lo ha puesto mucho más fácil. Leire Díez Castro, la mujer sobre la que ha girado buena parte de la información política de los últimos diez días, la que desde su teórica condición de simple militante de base socialista ha removido los cimientos del partido y ha logrado abrir informativos de radio y televisión, tertulias y páginas de periódicos, rompe su carné. Tras declarar durante casi dos horas en la sede federal ante el instructor de su expediente informativo, tras rendir cuentas de sus presuntos movimientos para desprestigiar a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, comunicó al secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, su decisión de abandonar la militancia. Y con esa baja voluntaria, que en el futuro le permitirá reingresar al partido y que contó con la conformidad inmediata de la dirección, comenzó a aliviar a los suyos parte de la presión sufrida en estas dos semanas de vértigo. Una salida no traumática que a algunos dirigentes socialistas les sonó más a pacto que a otra cosa, y que en todo caso permite a Ferraz zanjar el caso sin que, hasta ahora, haya ofrecido explicaciones de qué ocurrió, qué sabe, de qué información disponía, si de alguna manera bendijo o no a su afiliada. Tampoco el jefe del Ejecutivo ha hablado del tema. Nada.

El anuncio de la baja de Leire Díez, a las 18.55 de un 3 de junio vertiginoso para el PSOE, marcaba el punto de inflexión de una crisis severa, la enésima sobre los hombros del presidente del Gobierno, causante de otro importante desgaste. La militante socialista reiteraba a primera hora que no había sido todavía citada por la dirección para defenderse del expediente informativo que le había abierto la semana pasada (sin medida cautelar alguna), tras mucho arrastrar los pies. Pero a las tres de la tarde quedaba confirmado que ella iría por la tarde a Ferraz. A explicarse ante el instructor, el jefe de los servicios jurídicos, Alberto Cachinero.

La dirección, que ha actuado de manera lenta y tibia en los últimos días, reconocía que no le había gustado la actuación de Díez, sus maniobras contra la UCO o sus relaciones con empresarios imputados

Para entonces, la dirección reconocía que no había gustado la actuación de Díez, sus maniobras para presuntamente dañar a la UCO, las ofertas de pacto con la Abogacía del Estado y la Fiscalía que hizo al industrial procesado Alejandro Hamlyn, su relación con el empresario también imputado Javier Pérez Dolset, sus conversaciones con varios medios para facilitarles un vídeo sexual del fiscal anticorrupción José Grinda. A lo que ya apuntaba la cúpula, y a lo que ya había apuntado minutos antes desde la Moncloa la ministra portavoz, Pilar Alegría, es a un castigo más contundente, a una posible sanción. Porque, según el artículo 92 de los estatutos federales del PSOE, un expediente informativo se resuelve solo por dos vías: o el archivo de la causa o la apertura de un expediente disciplinario, que podría acarrear hasta la expulsión del partido.

A las 16.25, Díez llegaba a la sede federal del PSOE a bordo de un Cabify. De inmediato, la rodeó una nube de cámaras y reporteros. Una expectación que recordaba mucho más a las que solían acompañar a los barones en tiempos de tensión interna. "No voy a decir nada, y voy a seguir sin decir nada", se limitó a expresar tras "agradecer" su "amabilidad" a los periodistas que la habían tratado en los últimos días. Colgado al hombro, un bolso lleno de documentos.

La exedil no quiso hablar ante los medios ni a su llegada ni a su salida de Ferraz, y les emplazó a una comparecencia pública este miércoles a las 10 de la mañana. No están previstas las preguntas

Tras reportar durante casi dos horas al instructor del expediente informativo, el jefe de los servicios jurídicos de la casa, Alberto Cachinero, Díez pidió la baja voluntaria de militancia, y demandó poder comunicárselo en persona al secretario de Organización federal, Santos Cerdán, "y así se hizo", "no hubo mayor problema", según trasladaron fuentes de la cúpula. A las 18.39, cuando ya le esperaba el taxi en la puerta de Ferraz, salió de la sede, rodeada de un enjambre todavía mayor de periodistas y cámaras. No dijo nada. Los informadores, en realidad, ya sabían que ella no iba a pronunciar palabra tras su interrogatorio. Minutos antes, habían recibido en sus móviles un mensaje de WhatsApp de ella misma. En él, les convocaba a una "comparecencia pública" para este miércoles, 4 de junio, en el hotel Novotel de Madrid. A las 10 de la mañana.

¿Investigación periodística?

Lo que está previsto, y lo avanzaba ella misma a este diario, es una declaración sin preguntas, no una rueda de prensa al uso. Y este matiz es importante. Porque en estos diez días de ruido y furia, no han dejado de llover interrogantes sobre ella misma y sobre el PSOE y el Gobierno. La clave, sobre la que gira todo este caso, es hasta qué punto ella pudo actuar ante sus interlocutores en nombre del partido o del Ejecutivo, si ella era realmente una fontanera de Cerdán, algo que la propia Díez, Ferraz y la Moncloa han negado persistentemente. Si ella informó en algún momento a la cúpula de sus actividades, por qué lo hacía, cómo pudo sentarse ante empresarios o abogados siendo una simple militante, periodista de profesión, con el propósito de "investigar" sobre las tramas de hidrocarburos.

Díez explica que si ha pedido la baja voluntaria es porque así le resultará más fácil defenderse, ya que como afiliada no puede "intervenir en los medios sin permiso del PSOE". Además, al no haber sido expulsada, podrá reingresar en el partido en el futuro

Habrá que comprobar hasta dónde llega Díez en sus primeras explicaciones públicas. Ella contaba a este diario que si ha pedido la baja voluntaria de militancia es porque, con los estatutos en la mano, le resultará más fácil poder defenderse, porque como afiliada de base no puede "intervenir en los medios sin permiso del PSOE". Además, al no haber sido expulsada, podrá en el futuro solicitar su reingreso en el partido.

La salida de Díez, exconcejala en Vega de Pas y exresponsable de las empresas públicas Enusa y Correos, facilita mucho las cosas al partido. La propia dirección avanzó, en su comunicado de las 18.55, en el que anunciaba que había sido ella quien había pedido su baja como afiliada, que "en cuanto" esta sea "efectiva", "cualquier medida de carácter orgánico respecto a ella quedará suspendida". Esto es, que el expediente decae, porque Díez dejará de ser militante y, por tanto, el proceso interno contra ella se extingue. Como explicaban desde Ferraz, automáticamente queda todo anulado, la contienda interna se cierra. Se da carpetazo interno al expediente, sin que la dirección, por tanto, se haya visto obligada a dar explicaciones hasta el momento. De hecho, en el comunicado de anuncio de baja no se dio ningún detalle de la comparecencia ante Cachinero. La previsión es que la baja sea efectiva de manera "rápida", por lo que el expediente se clausura en ese momento.

El PSOE no dio ningún detalle de la comparecencia ante el jefe del equipo jurídico del partido. La previsión es la baja sea efectiva de manera rápida, por lo que el expediente decaerá en ese momento

En el cuartel general explicaban que la decisión de Díez no es exótica ni única. Todo lo contario. Porque ese camino, el de la baja voluntaria, también lo emprendieron otros militantes y dirigentes, apuntaban, para no hacer daño al partido. Lo hicieron, por ejemplo, los expresidentes del partido y de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán en 2016 en cuanto fueron procesados por el caso ERE. Aquel era un momento en el que la dirección de Sánchez aplicaba a rajatabla el código ético, precisamente por la pujanza de la nueva política, por la irrupción de Podemos y Ciudadanos.

"Oro parece, plata no es"

Para Ferraz, por tanto, el caso Leire ya está cerrado internamente. Y sin fricciones. De hecho, el gesto de que la recibiera Cerdán apunta a una salida de consenso entre las dos partes. O, al menos, no traumática. De hecho, dirigentes territoriales consultados por este periódico daban por hecho que la baja voluntaria era más bien producto interno: "De primero de secretario de Organización. No han disimulado ni un poco. ¿Para quién trabajaba? Se ve hoy con Ferraz, sale de allí y convoca a la prensa. ¿Con quién ha pactado qué va a decir, para que no lo tengan que decir otros?", apunta un cargo regional.

Supongo que lo que se busca es salir de esto sin más daño. La han pillado con el carrito de los helados, y no parece que la heladería fuera cosa solo de ella. ¿Todos los militantes se pagan una sala en un hotel para una rueda de prensa?", inquiere un dirigente territorial

"Oro parece, plata no es —contesta tirando del refranero otro responsable autonómico con mucha trayectoria orgánica—. Control de daños. Supongo que lo que se busca es salir de esto sin más daño. La han pillado con el carrito de los helados, y no parece que la heladería fuera cosa solo de ella. ¿Todos los militantes de base se pagan una sala en un hotel de Madrid para dar una rueda de prensa? ¿Tú has visto que un afiliado de base pida verse con el secretario de Organización federal para darse de baja? ¿Por qué a otra gente se le ha expulsado y a esta mujer se le facilita una salida voluntaria?". "Pacto no sé", recela más otro veterano dirigente con mucho contacto con el puente de mando, "lo que es evidente es que si ella pide la baja voluntaria deja de estar sujeta a la potestad disciplinaria del partido. Es decir, la baja voluntaria comporta el archivo automático del expediente informativo e impide la incoación de un expediente disciplinario. Dicho de otro modo, se evita la investigación interna y se adelanta a una eventual expulsión". Una salida, en cualquier caso, confortable para las dos partes. Para Díez y para Ferraz.

Sin embargo, el caso Leire no se cierra aquí puertas para fuera. Porque no solo el PP aprieta a Sánchez. ERC, Junts y Podemos apoyan que el presidente comparezca en el pleno del Congreso para dar explicaciones. Para contar si el PSOE "está respondiendo con prácticas antidemocráticas a las cloacas policiales que existen", según el escrito registrado por los morados y los republicanos. La duda ahora es si esa petición en la Cámara baja puede perder interés para los partidos tras la salida como afiliada de Díez. En todo caso, en la Moncloa se resignan: "Si el Parlamento le pide ir, el presidente acudirá". La intención del Ejecutivo es que esa comparecencia se produzca, si acaso, en julio, y se sume a otras cuestiones, como la cumbre de la OTAN en La Haya o el Consejo Europeo ordinario en Bruselas, ambos programados para la última semana de junio.

Pero de lo que no se podrá librar Díez, al menos por ahora, es de la vía judicial. El PP presentó este martes una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción contra ella misma, contra el abogado Jacobo Teijelo y el empresario Javier Pérez Dolset. Son los participantes de la reunión por videoconferencia celebrada en febrero con el dueño de la petrolera Hafesa, Alejandro Hamlyn, y los que aparecen en los audios contra la UCO desvelados por El Confidencial. El PP aprecia presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, obstrucción a la justicia y grupo u organización criminal. Para los populares, las informaciones publicadas, de "extrema gravedad", evidencian la "guerra sucia del PSOE y sus satélites" contra magistrados, fiscales y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con el "claro objetivo" de obstruir la actuación de la Justicia en las causas que acechan al Gobierno y al PSOE. "Solo una investigación exhaustiva de la Fiscalía Anticorrupción puede esclarecer" los hechos, "depurar responsabilidades e iniciar las acciones judiciales que resulten pertinentes para que la impunidad no se produzca". El Gobierno y el PSOE entienden que no cabe interponer por ahora medidas legales contra su pronto ya exmilitante porque no hay ni audios ni pruebas que demuestren que ella habló "en nombre" de ambos.

Puede cerrarse la vía interna, pero el frente judicial puede abrirse, ya que el PP ha puesto en manos de la Fiscalía una denuncia para que investigue si pudieron delinquir Díez, Teijelo y Pérez Dolset

Otro potencial flanco más para el Ejecutivo y para el presidente en medio de una legislatura desplazada más hacia los tribunales que en las Cámaras. Ferraz puede haber aliviado el frente interno justo cuando más crecía el desasosiego en las filas, pero aquí pueden no haber acabado todos los problemas ni todas las derivadas del caso Leire.