A dos días de que los presidentes regionales del PP, junto al resto de barones del partido y la cúpula de Génova con Alberto Núñez Feijóo a la cabeza marchen contra Pedro Sánchez y su Gobierno, los populares se sientan —con el resto de presidentes socialistas y el del PNV— este viernes en el Palau de Pedralbes de Barcelona para hablar de políticas. Con los niveles de confrontación con los socialistas en máximos, los populares, sin desistir de la presión, dejarán de lado la estrategia de partido para poner sobre la mesa los problemas que consideran que sufren más sus ciudadanos.

Con todo, la dirección nacional creen que sus presidentes llegan fuertes al encuentro, algo a destacar de cara al domingo para la manifestación convocada por los populares en Plaza España, en Madrid, y abierta a toda la ciudadanía, sin siglas políticas. Especialmente por haber conseguido "torcer el brazo" a Moncloa para replantear el orden del día de la Conferencia. Creen que es un plus a tener en cuenta, para evidenciar que no van a "hacerse la foto" con Sánchez y darle una imagen de normalidad que use en su beneficio. Porque apuntan, sus reivindicaciones se dan en un momento "insostenible", fuera de la normalidad y en excepción. Sobre todo, cuando el "hedor" por la supuesta corrupción, que en el PP ya dan por descontada, copa el día a día político.

Los presidentes del PP, en connivencia con Génova, por primera vez llegaron a abrir la posibilidad de dejar plantado a Sánchez en esta Conferencia. Por un lado, para recalcar que si no se hablaban de los asuntos demandados y sin el orden fijado, no era lógico celebrar nada. Por otro lado, se puede hacer una lectura secundaria, de ir con todo desde el principio frente al Gobierno, para rebajar la capacidad de Vox de denunciar que es "incoherente" —el PP no lo ve así— que se citen 48 horas con Sánchez antes de denunciarlo en las calles de Madrid. Sobre todo, cuando el propio ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que organiza el evento, tras el Comité preparatorio del 28 de mayo dijo haber asumido todo lo demandado por el PP salvo lo que no era de competencia en ese ámbito. Aún así, el PP lo rechazó. Quería añadir el debate sobre competencias del Estado en fronteras y la retirada de un proyecto de reforma de la Justicia del Gobierno.

Este jueves, en la previa, el vicepresidente de Vox, Ignacio Garriga volvía a incidir en el asunto: "Es lamentable que el PP le regale esta foto a un Sánchez acorralado y escondido. Si fueran presidentes de Vox no lo harían". Vox, con ello, cargan contra una manifestación a la que no acudirán a diferencia de figuras de la sociedad civil que sí son próximas. Creen que se está usando de forma partidista.

Ayuso acude a la reunión horas después de haber rechazado el Plan de Vivienda del Gobierno, lo que imposibilita un acuerdo en esta materia

Ante esa posibilidad de lavado de cara a Sánchez, el PP acude bajo la intención de remarcar un perfil duro, no se quieren generalidades y sí especificaciones. Aunque son conscientes de la dificultad de abordar todo lo propuesto en la misiva remitida por los presidentes autonómicos del PP al Ministerio de Política Territorial el martes, quien organiza la Conferencia. Los populares propondrán un doble turno de diez minutos cada uno extensible a Sánchez, para que responda a los intervinientes. El Gobierno está abierto a hablar sobre el modelo de Conferencia para el futuro, pero no cederá in situ. Ante ello, en la dirección nacional del PP valoran la posibilidad de que los presidentes prioricen, de los temas exigidos, aquellos que más urgencia y atención requieran en sus autonomías.

La realidad es que, teniendo en cuenta esas diferencias de modelos entre gobiernos y la propia manifestación del domingo, es muy improbable que las partes lleguen a ningún acuerdo.

Los nueve temas sobre la mesa de Pedralbes

La propuesta inicial del Gobierno era de tres asuntos, caso de Vivienda, Formación Profesional y Universidades. A esas carpetas, el PP solicitó hablar de la financiación autonómica, la okupación y la compra extranjera de vivienda, la seguridad energética, el control de fronteras y la política migratoria, la inversión en infraestructuras, el caos ferroviario, el déficit de profesionales sanitarios, la educación infantil y la retirada de la reforma del Poder Judicial y del Estatuto del Ministerio Fiscal. Tras fusionar ambas exigencias, e incluso abrirse al debate sobre cuestiones que competen al Congreso, serán nueve puntos los que se aborden esa jornada.

En vivienda se abordarán las políticas para implementar su acceso. Sobre energía, los pasos hacia un nuevo plan energético y mayor inversión. A petición de Euskadi, se abordará la cuestión de la descarbonización de la industria. También habrá debate sobre el estado del transporte público o las políticas de dependencia, y hay capacidad de acuerdo en asuntos como la actualización de las entregas a cuenta a las comunidades a excepción de las del régimen foral, caso de Navarra o Euskadi

Ahora bien, dentro de esos puntos generales, hay al menos ocho cuestiones que priorizará el PP y en las que lleva insistiendo desde finales del año pasado y la primera mitad de este. De hecho, hay consenso en los documentos que se presentarán al Gobierno, en el que se incluyen recomendaciones. La secretaria general nacional, Cuca Gamarra, es la que ha coordinado los procesos entre comunidades populares. El acuerdo prioritario para las comunidades del PP es el de la financiación autonómica. Se instará a Sánchez a romper con la promesa de una financiación singular para Cataluña, lo que consideran de privilegio concedido al independentismo a cambio de su apoyo sin tener en cuenta a la ciudadanía o el principio de solidaridad e igualdad. Solicitarán que se retire el Anteproyecto de Ley Orgánica, de hecho, y dejarán constancia de que la condonación de la deuda no es el camino. Entre esas exigencias estará la de mantenimiento del mecanismo Extra FLA.

Por otro lado, entre las prioridades de los populares estará la reclamación de prolongar la vida útil de las centrales nucleares mientras se apoyan en el apagón para justificarlo. Para garantizar esa seguridad de suministro se pedirá apostar por un mix de presencia de renovables pero "combinadas con la nuclear, almacenamiento e interconexiones". La presidenta de Extremadura, María Guardiola, será quien lidere esta reclamación, teniendo en cuenta que la central cacereña de Almaraz es la primera en la lista para el cierre de su reactor. Se defenderá la necesidad de estabilidad energética, así como de competitividad internacional. A nivel energético, el PP demandará mayor inversión en la red.

María Guardiola encabezará las demandas respecto a la energía nuclear y la prolongación de su vida útil. Se reivindica el mix energético con esta producción como respaldo

La inmigración no será una cuestión menor. Se instará al Gobierno a demandar la ayuda y cooperación con Frontex a nivel de protección de fronteras para luchar contra la inmigración irregular. También establecer una coordinación nacional y europea con refuerzo de medios para esa combatirla. Con especial foco de la ruta canaria y a través de Ceuta y Melilla. Se quiere obligar a Sánchez a comprometerse con la "exclusividad" del Estado en lo que respecta a esas fronteras. Supone un dardo medido a Sánchez y el Gobierno tras el acuerdo con Junts en inmigración, para el reparto de menores migrantes, pero al mismo tiempo por el compromiso —de difícil cumplimiento del Gobierno— de transferencia de las competencias a la Generalitat en Cataluña. Un posicionamiento en contra de Sánchez solo tensionaría más las relaciones con Junts.

Los populares, también quieren que el PSOE rectifique en su reforma en la Justicia, pero fuentes del Gobierno apuntan a que ese debate debe darse en el Congreso con las iniciativas y los debates pertinentes. Aunque se abren a abordar el asunto por exigencia popular, no se garantiza ningún consenso. Entre los objetivos está que las instrucciones judiciales las asuma la Fiscalía. También se habla de paralizar el Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal y convocar la Conferencia Sectorial de Justicia. En materia sanitaria pedirán revertir el déficit de profesionales sanitarios: aumentar el número de especialistas, de médicos y enfermeros, especialmente en asistencia primaria y pediatría. Garantizar la asistencia y la colaboración entre administraciones, así como fomentar la colaboración público-privada.

Por último, entre los temas prioritarios está la Vivienda y las infraestructuras. Sobre todo ferroviarias, con mayor confluencia y contacto con RENFE y un plan de choque y de inversión. De la primera carpeta el PP prioriza la derogación de la actual Ley del Gobierno, pactada con EH Bildu en 2023. Se apuesta por sugerencias dentro del Plan de Vivienda del PP, presentado a principios de año por Feijóo en Madrid, como la puesta en disposición de suelo público, la reducción de la carga fiscal para la adquisición de una casa, y la demanda de la eliminación del escudo antidesahucios del Gobierno. Este es clave para mantener el apoyo de Podemos y Sumar. Se quiere pone el foco en la inquiokupación, que preocupa a los colectivos de propietarios.

El PP quiere que el Gobierno retire la ley antidesahucios, una de las peticiones de sus socios de izquierda

El Gobierno, en materia de Vivienda, ha propuesto tres pilares para sentarse. El primero es triplicar la inversión pública en vivienda, de 2.300 a unos 7.000 millones entre 2026 y 2030. Siempre que las comunidades sumen al menos 2.700 millones del total frente a los 4.000 del Gobierno. El segundo es blindar de forma indefinida la calificación de las viviendas con protección pública para evitar que acaben en manos de fondos buitre. Se pedirá que todas "las viviendas que se financien con dinero público mantengan de forma permanente su calificación de vivienda protegida y, por tanto, ofrezcan siempre una alternativa asequible de propiedad o alquiler para la ciudadanía". En tercer lugar se apuesta por la creación de una base de datos pública para conocer los precios reales de compra-venta o alquiler. Así lo trasladó por carta Sánchez a los presidentes este miércoles.

El Gobierno pide evitar la "confrontación"

En declaraciones a TV3 este jueves, el ministro Torres, en vista a la actitud dura de los populares durante esta semana, instó a los presidentes a evitar la "confrontación" y dejarla para los plenos parlamentarios en el Congreso y el Senado. "Es un órgano de cogobernanza y colaboración", indicó Torres, valorando la propuesta del Gobierno sobre Vivienda y invitando al PP a aprobarla. Desde el Ejecutivo se sugiere que el aumento de fondos para el Plan de Vivienda de 2026-2030 quiere condicionarse a que las comunidades del PP blinden el parque público. Algo que no sucede en Madrid, por ejemplo. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez se posicionó en ese sentido en una entrevista en TVE este jueves también.

Se va a poner sobre la mesa condicionar esa concesión de fondos estatales a la calificación perpetua de viviendas de protección oficial, dado que muchas personas accedían bajo ese régimen y luego las vendían en el mercado libre a un precio superior. Rodríguez espera que "ojalá se llegue a un acuerdo" porque "hay voluntad política". La Comunidad de Madrid, con todo, la rechaza por considerarla "improvisada".

Carta de la Presidenta al Excmo. Sr. D. Pedro Sánchez Pérez-CastejónDescarga

Cree que no está basada en un debate previo, que se ha envidado demasiado tarde y no tiene respaldo presupuestario. Mientras Torres pide entendimiento, Madrid, que fue una de las primeras comunidades que amenazó con plantarse, vuelve a hacerlo a cuenta de la traducción y la introducción por parte del Gobierno de la posibilidad de que se usen las lenguas cooficiales. Isabel Díaz Ayuso se levantará si Salvador Illa o Imanol Pradales lo hace. Fuentes de la Generalitat no aluden el tema pero ponen en valor la posibilidad de recurrir a la traducción.