El Gobierno rebaja el tono contra Peinado y manifiesta "máxima tranquilidad" tras su petición de imputación de Bolaños

En las ruedas de prensa posteriores a la reunión semanal del Consejo de Ministros son muy frecuentes —y cada vez más, en una legislatura más colonizada por los casos judiciales que afectan al Gobierno y al PSOE que por el acelerón legislativo— las preguntas de los periodistas sobre decisiones recientes de los tribunales. En las últimas semanas, sobre el procesamiento del fiscal general del Estado o sobre la instrucción del caso Koldo / Ábalos / Cerdán. Este martes, la comparecencia de la portavoz, Pilar Alegría, llegaba después de que el titular del juzgado de instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, elevara una exposición razonada al Supremo para que impute al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. El magistrado entiende que pudo cometer malversación y falso testimonio en la contratación de Cristina Álvarez, la asesora personal de la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez.

En otras ocasiones, el Ejecutivo no solo ha manifestado su disconformidad con la decisión de los jueces, sino que las ha criticado abiertamente, una salida que antes no era habitual escuchar en la comparecencia más solemne que tiene el Gobierno cada semana. Pero Alegría, este martes, optó por la cautela y rebajó el tono cuando se le preguntó por la decisión de Peinado.

Conocemos perfectamente esta instrucción, por tanto esto es un capítulo más y por ello tranquilidad máxima por parte del Gobierno y por supuesto también por parte del ministro Bolaños", se limita a expresar la portavoz del Ejecutivo

"Máxima tranquilidad. Máxima tranquilidad, conocemos perfectamente esta instrucción y por tanto lo de hoy es un capítulo más. Por parte del Gobierno de España y en este caso también por parte del ministro de Justicia, tranquilidad máxima", respondió primero. Y cuando se le preguntó por la respuesta que cree el Ejecutivo que dará el Supremo al escrito de Peinado y por si cabría, en caso de formalizarse la imputación, la dimisión del ministro, la portavoz se aferró a lo dicho: "Conocemos perfectamente esta instrucción, por tanto esto es un capítulo más y por ello tranquilidad máxima por parte del Gobierno y por supuesto también por parte del ministro Bolaños". No hubo forma de que la portavoz abandonase por tanto su declaración inicial. Hace apenas dos semanas, la misma portavoz deslizaba la sospecha de prevaricación sobre el instructor que investiga al fiscal general del Estado por presunta revelación de secretos.

El juez señala en su exposición razonada que existen "indicios razonables, sólidos y cualificados" de que Bolaños, cuando era secretario general de Presidencia del Gobierno —cargo que ejerció entre junio de 2018 y julio de 2021, cuando Pedro Sánchez le nombró ministro—, pudo cometer los delitos de falso testimonio y malversación (este último, como coautor), y dado que es aforado, eleva la causa al Tribunal Supremo para que decida si ha de investigarlo o no.

Fuentes de la Moncloa señalaban en privado, no obstante, que siguen creyendo que esta es una "causa política" y que no hay "nada de nada". "Es un disparate", advierten. Denuncian "erratas, imprecisiones" en la exposición razonada del juez —como cuando habla de que Bolaños coincidió con Álvarez en el "tanatorio por la muerte de la señora Begoña Gómez", cuando en realidad tendría que decir "por la muerte del padre de la señora Begoña Gómez"—. Pero desde el corazón del Ejecutivo están convencidos de que la Justicia se abrirá paso y finalmente el Supremo sea el que frene en seco a Peinado.

En Justicia subrayan que el juez preguntó a Bolaños por el responsable de Cristina Álvarez, por quien la supervisaba, "y esa fue la información que el ministro proporcionó", no de quién la nombró. El escrito "se erige sobre una respuesta que el ministro no dio"

Desde el ministerio de Bolaños, por su parte, ratificaron su "tranquilidad" pero también mostraron su "preocupación por cómo esta decisión afecta a la imagen de la Justicia". Se basan en los indicios que señala el juez, y que no ven sólidos, para apuntar hacia el titular de la Presidencia y Justicia. Así, el escrito acusa a Bolaños de falso testimonio "porque afirma que se le preguntó por la persona que realizó el nombramiento de Cristina Álvarez y dio el nombre de una persona que después negó serlo". "Sin embargo, la realidad es que el juez preguntó por el responsable (la persona que supervisa) de Álvarez y esa fue la información que el ministro proporcionó. Esa persona, en una declaración posterior, ratificó que ejercía esas funciones". "Por tanto, la exposición motivada se erige sobre una respuesta que el ministro no dio".

Lo que ocurrió en la declaración ante Peinado del pasado 16 de abril es de quién fue la iniciativa del nombramiento de Álvarez y quién era su "responsable directo". El ministro dijo desconocerlo porque no estaba "en la tarea" que hacía ella porque no era su "competencia". El juez vio "incomprensible" que no lo supiera. "No sé qué le sorprende, nunca fue mi subordinada. Trabaja en un edificio en el que no he trabajado nunca, que es Palacio. En ese edificio hay personas que ejercen sus labores profesionales en el entorno más cercano tanto del presidente del Gobierno como de la familia del presidente", replicó Bolaños.

El juez suspendió la declaración en ese momento y le pidió al titular de la Presidencia que recabase la información necesaria para contestar. El ministro lo hizo y a su vuelta explicó a Peinado que el responsable era Raúl Díaz, pues era el encargado de la coordinación del personal de Palacio que, además, emitió un certificado que fue comunicado al juzgado. El magistrado citó a declarar a Díaz y él negó ser la persona responsable porque no tenía la facultad de contratar a personal eventual en Presidencia. Él se limitó a estampar su firma en el certificado que acreditaba las funciones de Álvarez como asesora, pero no sabía quién lo redactó.

"Lo único bueno de que se filtrara la declaración en su día" de Bolaños, siguen en su departamento, "es que todo el mundo la pudo escuchar y puede cotejar lo que dice el ministro con lo que dice la exposición motivada" del magistrado.

No hay un solo indicio de que haya el menor uso irregular de recursos públicos. Para el Gobierno, este es un caso parecido al del exconsejero Güemes, al que Peinado imputó, pero la Audiencia le obligó a recular

¿Y respecto a la malversación? "El escrito afirma que los responsables de la Secretaría General de la Presidencia eran los responsables del nombramiento de Cristina Álvarez y que debían conocer un supuesto uso irregular de recursos públicos en favor de actividades privadas de Begoña Gómez. Sin embargo, tal y como se puede leer en la documentación aportada y la legislación aplicable, y han ratificado los testigos, (i) la Secretaría General no realizó el nombramiento de Cristina Álvarez y (ii) Cristina Álvarez no dependía de este departamento".

Según insisten en el equipo de Bolaños, "no hay un solo indicio de que haya el menor uso irregular de recursos públicos". "Es paradójico que el escrito lo califique de 'público y notorio' cuando la causa lleva meses instruyéndose y no hay ningún hecho que sustente esta afirmación". Para el Gobierno, la conclusión es diáfana: este es un "caso parecido" al del exconsejero madrileño Juan José Güemes, al que el juez imputó basándose en unas "declaraciones que el testigo no realizó", y un tribunal superior, en este caso la Audiencia Provincial de Madrid, "rectificó el error" y le levantó la imputación. "Confiamos en que en esta ocasión el resultado sea el mismo", concluyen en el ministerio.