El Tribunal Supremo prevé decidir sobre la petición de imputación del ministro de Presidencia, Justicia y Relación con las Cortes, Félix Bolaños, antes del mes de agosto, según confirman fuentes del alto tribunal a El Independiente. Los magistrados están trabajando ya en una respuesta al juez Juan Carlos Peinado, que instruye el 'caso de Begoña Gómez' y que ha visto indicios para imputar al 'socialista' delitos de malversación y falso testimonio.

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El futuro judicial de Bolaños está en manos de cinco hombres: el instructor del asunto contra el fiscal general del Estado, Ángel Hurtado; el instructor del 'caso Cerdán', Leopoldo Puente; el exfiscal general del Estado Julián Sánchez Melgar; el instructor del 'procés', Pablo Llarena; y el presidente de la Sala de lo Penal, Andrés Martínez Arrieta. Este último es, además, el ponente de la decisión.

Fue el pasado 24 de junio cuando el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, que investiga a la esposa del presidente del Gobierno desde hace más de un año, envió una exposición razonada al Supremo --ya que Bolaños está aforado-- al considerar que el ministro pudo malversar dinero público en la contratación de una asesora para Begoña Gómez en La Moncloa.

Por estos hechos, Peinado había interrogado al político el pasado 16 de abril. En un tenso interrogatorio, el juez quiso saber una y otra vez quién había dado la orden para contratar a Cristina Álvarez (asesora de Begoña Gómez) en 2018 cuando el PSOE se había hecho con el Gobierno. Álvarez también está imputada por haber participado presuntamente en la actividad privada de Gómez y, a juicio del magistrado, quien decidió incorporarla al equipo de La Moncloa está desviando dinero público por no haber controlado los quehaceres de esta trabajadora.

"Todas aquellas personas que tuvieren bajo su responsabilidad la administración del correcto destino del patrimonio público, si no llevan a cabo actuaciones necesarias para evitar que se continúe dando un destino distinto al que es propio para los caudales públicos, deben ser consideradas partícipes en dicho delito", argumenta el juez en su petición de imputación. Además, como considera que Bolaños contestó con "evasivas" y no aclaró específicamente quién había contratado a Álvarez, le añade el delito de falso testimonio.

Distintas fuentes jurídicas consultadas dentro y fuera del alto tribunal ven realmente difícil que el Supremo llegue a aceptar esta imputación. Algunos dan por hecho que se va a rechazar y ese es el motivo por el que la decisión puede adelantarse antes del verano. El ejemplo anterior, el del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tardó muchos más meses. El 15 de julio de 2024 el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TJSM) elevó la petición de implicar en un delito de revelación de secretos al máximo representante de la Fiscalía por haber dado, presuntamente, datos sobre el novio de Isabel Díaz Ayuso a la prensa, y no fue hasta el 16 de octubre cuando el Supremo abrió causa contra él.

Ese caso era distinto, dicen varias fuentes, porque los indicios eran más sólidos y alto tribunal tenía que nutrir una resolución por la que acordaban actuar contra García Ortiz. Además, de poner a todos los magistrados de acuerdo.

El asunto de Bolaños no tiene el mismo cariz. En primer lugar, porque todos los juristas consultados explican que no se puede incriminar a alguien con un delito de falso testimonio en instrucción si lo que pretende es, precisamente, imputarlo. Un imputado tiene derecho a mentir cuantas veces quiera, si bien fuentes del Ejecutivo negaron que el ministro mintiera y acusaron a Peinado de tergiversar sus palabras.

El juez quería la persona concreta que dio la orden de contratar a la asesora y Bolaños entregó el nombre de la persona de la de que dependía orgánicamente la trabajadora en Moncloa porque fue lo que realmente el magistrado preguntó. "Estamos ante un caso parecido al de Juan Jose Güemes (un exconsejero del PP y actual presidente del Instituto de Empresa), al que se imputó en base a unas declaraciones que el testigo no realizó. Y un tribunal superior (la Audiencia de Madrid) rectificó el error. Confiamos en que en esta ocasión el resultado sea el mismo", señalaron.

En el seno del Gobierno la confianza en que Bolaños no acabará investigado es total y, además, creen que este paso de Peinado sirve para desacreditar la instrucción que el juez ha llevado desde el principio con la esposa del presidente del Ejecutivo.

Por su parte, la Fiscalía ya se ha pronunciado alegando que el escrito del instructor está plagado "de conjeturas", que "incurre en graves errores conceptuales" y que contiene afirmaciones que "no responden a la realidad", según publicó 'El Español'. Será cuestión de días, por tanto, que el tribunal de cinco togados se pronuncie.

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