Solo es un acuerdo entre gobiernos que deberá tener su recorrido parlamentario, con dudas más que razonables sobre si recabará los apoyos suficientes, pero es muy relevante por sí mismo. Porque el acuerdo salido este lunes de la comisión bilateral Gobierno-Generalitat es un paso más, y muy importante, hacia la financiación singular de Cataluña, y porque pone a prueba el estado de la alianza de los socialistas con ERC en un momento de máxima debilidad del Ejecutivo de Pedro Sánchez por el caso Cerdán. Un pacto que pone en guardia a varias federaciones del PSOE, empezando por las dos que preside y que están dentro del régimen común, Castilla-La Mancha y Asturias, que rechazan los "privilegios" para Cataluña.

La bilateral Gobierno-Generalitat se reunió este lunes en Barcelona y fue copresidida por el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y el conseller de Presidencia, Albert Dalmau. Y el acuerdo político que ambos firmaron ratifica uno de los ejes centrales del texto que firmaron hace un año PSC y ERC para posibilitar la investidura de Salvador Illa como president: la ordinalidad del sistema. Es decir, que Cataluña reciba del sistema de financiación según aporte, sin perder posiciones en el ranking de recursos per cápita una vez que se ha producido la redistribución territorial de los recursos. Además, se prevé una "financiación adicional para las competencias específicas de Cataluña" como uno de los elementos que "refuerzan la singularidad del modelo". Los dos gobiernos subrayan que el sistema que echaría a andar —en caso de que supere el paso por las Cortes— es "bilateral" pero, a la vez, "generalizable" para toda España. Una suerte de café para todos que Junts, el otro partido necesario en la ecuación para que el modelo salga adelante, rechaza.

Según recoge el resumen con los fundamentos del nuevo modelo, al que tuvo acceso este diario, el acuerdo emanado de la bilateral "pone los cimientos de un sistema de financiación mucho más claro y transparente que el actual". Un sistema que se sustenta "en la capacidad fiscal de los territorios y en el que desaparecen los fondos que actualmente distorsionan el reparto de los recursos". La base del modelo es la definición de una "cesta de tributos". Esto es, el porcentaje de cada tributo que corresponderá a Cataluña.

"Esta cesta resulta de la aportación de Cataluña a los gastos del Estado, y se calculará a partir de criterios objetivos y comprobables. Sobre esta cesta, se aplicará una nivelación para contribuir solidariamente al bienestar de otros territorios. Esto no afectará a la ordinalidad, que será la misma que antes de hacer la nivelación", se señala. Es lo que ya indicaba el texto de PSC y ERC de hace un año, que la Generalitat hará una aportación al Estado para cubrir sus gastos en Cataluña —por ejemplo, en Defensa— y también una cuota de solidaridad para ayudar a los territorios menos avanzados, sin que por ello pierda posiciones en el ranking. Además, el modelo "prevé una financiación adicional por las singularidades de Cataluña en materia de competencias específicas".

La Generalitat resalta que son 10 los fundamentos del nuevo modelo que suscribe con el Gobierno. Son estos:

  1. Más autogobierno, porque será "una financiación más vinculada a los tributos que pagan los ciudadanos de Cataluña y que aumenta la capacidad de regulación de los mismos".
  2. Corresponsabilidad fiscal, porque en el sistema vigente, caducado desde 2014, los impuestos son "solo una parte de la financiación". "El acuerdo de bases del nuevo modelo propone que toda la financiación esté vinculada a los tributos y apuesta por el despliegue de la hacienda catalana".
  3. Claridad, ya que "desaparecen los fondos que complican el sistema y dan pie a resultados incoherentes".
  4. Transparencia, porque el "cálculo de la cesta de tributos y la nivelación se realiza de acuerdo con criterios objetivos".
  5. Solidaridad, dado que Cataluña "contribuye a la solidaridad con la aportación a los gastos del Estado y con los recursos destinados a la nivelación con otras comunidades autónomas".
  6. Ordinalidad, de manera que "la posición que ocupa Cataluña antes y después de la nivelación", antes y después de la redistribución de recursos, es "idéntica".
  7. Más capacidad normativa, porque "se amplía la capacidad normativa en materia fiscal, respetando los límites de la legislación europea y con la introducción de mecanismos adicionales para limitar la competencia fiscal a la baja", para evitar por tanto el dumping fiscal del que se acusa, por ejemplo, a Madrid.
  8. Regulación ad hoc de las competencias específicas. Aquí se prevén por tanto más recursos para cubrir las competencias específicas que tiene Cataluña, para asumir el pago de competencias que no tienen otros territorios, como prisiones.
  9. Superación del mecanismo de anticipos. Como Cataluña será la que recaude progresivamente sus tributos, dispondrá de ese dinero primero, por lo que "se acaba con la fórmula actual de anticipos" del Estado y se sustituye por una "distribución más directa, en la que los recursos evolucionarán de acuerdo con la recaudación real".
  10. "Bilateral, pero generalizable", porque el acuerdo prevé que las CCAA que lo deseen "puedan acogerse al modelo".

El acuerdo del Gobierno con la Generalitat abre frente no solo con los barones del PP, sino también con los socialistas. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ya aseguró el jueves que si se consuma el nuevo modelo, será "el mayor atentado a la igualdad de oportunidades entre españoles". El pasado sábado, tras reponerse de una infección bacteriana que le mantuvo siete días de reposo, el presidente asturiano, Adrián Barbón, reiteró que el Principado "va a estar en contra de cualquier privilegio" o de un trato discriminatorio hacia su autonomía. "Si lo que se pretende es un sistema de financiación en la que haya comunidades privilegiadas, sea Cataluña o cualquier otra, Asturias va a estar en contra", dijo. El dirigente socialista está a favor de que su partido siga gobernando, pero sin que en ningún momento los acuerdos para conseguirlo "supongan en modo alguno desequilibrios territoriales o desigualdades entre comunidades". Así que "si se producen desequilibrios y Asturias no se siente bien tratada", el Gobierno autonómico lo rechazará y votará en contra en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que es donde a su juicio debe abordarse el debate sobre el nuevo modelo de financiación.