Aunque la promesa era llevar el real decreto de ampliación de los permisos retribuidos de cuidados y crianza a Consejo de Ministros de este martes y presionar al PSOE, Sumar rebaja la ambición y confirma que se alargarán los plazos para ello. No obstante, el compromiso de que llegue en julio sigue sobre la mesa. Según fuentes del partido, ya se han iniciado los trámites para llevarlo al Consejo lo antes posible. Sobre el calendario, solo quedan como fechas factibles antes de final de mes el martes 22 y el 29 de julio, en todo caso.

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En Sumar, no obstante, ahora prefieren ser "cautos con esta cuestión". Por lo pronto, se ha procedido a priorizar que "forme parte de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE)" [que engloba a miembros de distintos ministerios con competencias económicas, desde Economía a Hacienda, pasando por Trabajo o Derechos Sociales y Consumo].

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, pese a todo, fue contundente en la comparecencia de Pedro Sánchez el miércoles pasado, sobre corrupción y los escándalos que afectan al PSOE después del informe de la UCO de las supuestas actuaciones ilegales de Santos Cerdán. Quiso cercar a los socialistas, ponerlos contra las cuerdas para que empiecen a moverse a favor de esa agenda social legislativa. Para todo lo que está en stand by. Especialmente en materia de vivienda, pero sin olvidar el contenido de la Ley de Familias, bloqueada en el Congreso desde el año pasado en ampliación del plazo para presentar enmiendas. Ya van más de 52 ocasiones.

Díaz y Sumar pusieron el listón alto al garantizar que irá en este mes al Consejo. Aunque insisten en que si hay voluntad es más que factible, por lo que cargan a las espaldas del PSOE el movimiento.

El contenido del decreto

Precisamente por ese bloqueo en el Congreso, Sumar quiere buscar una alternativa que desbloquee la situación. Aunque no hay garantías de aprobación, dado que debería convalidarse a los 30 días en el Congreso y socios como Junts, por una cuestión de competencias autonómicas, sigue sin tener claro el sentido del voto. Aunque se reconocen pequeños avances. El proyecto de ley que está en la Cámara Baja es el mismo que impulsó Unidas Podemos desde Derechos Sociales. Para perder el menor tiempo posible, el ministro Pablo Bustinduy, ahora del ramo, recogió el texto tal cual con la promesa de Sumar de enmendarlo para añadir esas mejoras de acuerdo a lo que pide Europa.

En líneas generales, hay tres cuestiones relevantes. La primera es la ampliación de los permisos de maternidad y paternidad por nacimiento desde las 16 a las 20 semanas. La segunda es la retribución de al menos cuatro de las ocho semanas del permiso de cuidados que se aprobó en 2023. Y, por último, se reclama igualar las condiciones de las familias monoparentales y aprobar que cuenten con permisos de 34 semanas. Es de 16 actualmente, con margen para ampliarlo a los 26 tras sentar jurisprudencia distintas sentencias judiciales.

El tiempo apremia

Desde Sumar se hace hincapié en las reticencias del PSOE a aprobar estas medidas. El PSOE desmiente esa apreciación, pero sí matizan que vienen siendo realistas con la capacidad legislativa que tiene el Gobierno en el Congreso. Ahora, con un ultimátum dado por esos escándalos, creen que es el momento del todo o nada —aunque solo sea como un gesto del Gobierno, en base a asentar esa confianza y por el compromiso regenerador y de agenda con Sumar—. Pero no solo a nivel ideológico, sino porque el tiempo también apremia.

El próximo 2 de agosto se cumplirá un año de retraso para la adaptación y trasposición de España de la directiva europea que orienta a los países miembros hacia esa dirección de retribución y extensión de permisos. De hecho, en febrero de 2024, la Comisión Europea interpuso una demanda a España a través del TJUE por ese incumplimiento. Por cada día de retraso, España ha pagado una multa próxima a los 10.000 euros diarios y hay la posibilidad de que se enfrente a una multa total de nueve millones. Por ahora, si el Gobierno no adopta esos requisitos europeos antes de agosto, la multa se elevará a los 40.000 euros diarios. Eso no es asumible para los magentas.

Los socialistas, en lo que respecta al CDGAE y el propio Consejo de Ministros aluden de la buena disposición de llegar a acuerdos con sus socios. Esta misma mañana, ambos aliados comunicaron, de hecho, el acuerdo para impulsar una ley para el embargo de armas a Israel. Por lo que los magentas creen que se va en la buena dirección tras el ultimátum dado. Del mismo modo que los permisos, ésta dependerá de la posición de Junts o PNV, al tener atados por sintonía el apoyo del resto de socios de izquierdas.

La cautela de Sumar, en añadido, también se extiende de cara al pleno extraordinario del Congreso el próximo 22 de julio. Entre todas las medidas que se llevarán para ser votadas y que han quedado en el cajón, está el debate de las enmiendas a la totalidad del proyecto de ley para la reducción de la jornada laboral. El compromiso es abordar el debate esa jornada, pese al bloqueo que mantiene Junts a avanzar en la negociación y su concepción de que debe ser reformulada en su totalidad. En todo caso, en Sumar dejan la puerta abierta a que haya un cambio de parecer y se pueda retirar del orden del día. De momento, siguen convencidos de llevarlo.

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