El proyecto de ley de información clasificada, la norma que de ser aprobada sustituirá a la franquista ley de secretos oficiales, ha vuelto a destapar las tensiones entre dos ministerios y dos ministros. Presidencia y Defensa. Félix Bolaños y Margarita Robles. Y el pulso, como ocurrió hace tres años cuando se redactó el primer borrador de la iniciativa, lo volvió a ganar, aunque no al cien por cien, Bolaños. De Presidencia, y no de Defensa, dependerá la Autoridad Nacional para la Protección de la Información Clasificada, el corazón del Estado que se encargará de tratar y velar por la seguridad de los papeles más sensibles que se cataloguen como tales y los que España reciba de otros Estados y organizaciones internacionales. La decisión ha provocado tensiones en el Gabinete de Pedro Sánchez, singularmente entre los dos ministros, y sobre todo ha vuelto a afianzar la condición de peso pesado de Bolaños. De hombre de la máxima confianza del presidente, de vicepresidente político del Ejecutivo, sin serlo formalmente pero sí en la práctica.

La redacción de una ley que reemplace a la norma de 1968 —modificada en 1978, aunque antes de que la Constitución viera la luz— es una vieja batalla del PNV, a lo largo de varias legislaturas. Sánchez recogió el guante y fue primero Defensa quien tomó los mandos para la elaboración de un nuevo texto, pero después el timón recayó en el Ministerio de la Presidencia, que lideró un grupo de trabajo en el que participaron también Interior, Asuntos Exteriores y Defensa. Y fue Bolaños quien en agosto de 2022 presentó el anteproyecto de ley de información clasificada, y ya entonces se preveía la creación de la Autoridad Nacional como el organismo guardián de los secretos del Estado. Aquel texto no llegó a avanzar por la disolución anticipada de las Cortes para las elecciones generales de 2023. El jefe del Ejecutivo retomó su compromiso con el PNV al despedir al que era su portavoz en el Congreso, Aitor Esteban, antes de regresar a Euskadi para dirigir su partido. "Cuente con que esta legislatura vamos a modificar la ley sobre secretos oficiales", le prometió. Era 26 de febrero de 2025.

El 17 de julio, Bolaños lleva a la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios (CGSEyS), el órgano que discute la letra pequeña de cada una de las iniciativas que luego aprobará el Consejo de Ministros, su nueva propuesta de ley, tras haber pasado el filtro del Consejo de Estado y con cambios muy sustantivos, pensados para intentar atraer a los socios, como la rebaja de los plazos para la desclasificación de los archivos etiquetados como alto secreto —de 50 a 45 años, más una sola prórroga de 15 años—, la disminución de las multas por revelación indebida de papeles reservados o el acotamiento de las autoridades con capacidad para clasificar documentos.

En esa reunión, admiten fuentes de la Moncloa, los segundos escalones de varios ministerios toman la palabra para advertir de la implicación de la ley en cada uno de sus departamentos. Cultura, por ejemplo, recuerda que la norma señala que, una vez aprobada y transcurrido el año de vacatio legis, se desclasificarán automáticamente los papeles que cumplan 45 años de protección. Y eso supone que se levantará el secreto de una avalancha de información, por lo que hará falta un plazo o reforzar el personal de los Archivos de la Administración General del Estado. Exteriores pide que se tenga en cuenta que los cables diplomáticos cuentan con una protección muy concreta y que si se tienen que trasladar en el futuro a la Autoridad Nacional hay que cumplir con ese protocolo. Defensa alega que es responsable de los secretos de la OTAN y que preferiría que la información clasificada no se moviera de su ministerio.

Una petición del equipo de Robles sí es atendida, y sí se recoge en el proyecto de ley enviado ya al Congreso. El texto final señala, en su artículo 6.2, que la Autoridad Nacional es también la autoridad competente para "el intercambio y protección mutua de la información clasificada, en los términos previstos en los tratados internacionales firmados con otros Estados u organizaciones internacionales". Y añade, y esto es relevante, que la ministra de Defensa "ejercerá las funciones de la Autoridad Nacional respecto a las relaciones con la OTAN".

El Consejo de Ministros se reúne el 22 de julio y lo preside María Jesús Montero, porque Sánchez continúa su gira por Latinoamérica. Robles manifiesta su desacuerdo y retira su firma del proyecto, como avanzó El País. Los titulares de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y Exteriores, José Manuel Albares tampoco lo rubrican. "No lo hacen por discrepancias con el texto, porque todos entienden que ha pasado el trámite de CGSEyS y que se aprueba en Consejo de Ministros. Interiores y Exteriores respaldan que la norma salga adelante. Pero prefieren no firmar para no dejar en evidencia a Margarita, porque habría quedado muy raro que solo ella no firmaba el texto. Es decir, que no se queda solo Félix", explican desde la Moncloa a este diario.

El proyecto, de 57 páginas, es finalmente rubricado solo por Bolaños. El borrador de 2022, de 36 páginas, sí apareció con su firma y con la de Albares, Marlaska, Robles y Pilar Llop, entonces responsable de Justicia, cartera unida en esta legislatura a Presidencia. Desde Defensa optan por guardar silencio y no dar detalles sobre lo ocurrido. "Nadie acompañó a Marga en nada", apuntan en Presidencia.

El malestar en Defensa, sin embargo, sí ha trascendido en las últimas horas. Y es que la secretaria de Estado directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Esperanza Casteleiro —mujer de la total confianza de Robles—, es hoy la autoridad delegada para la seguridad de la información clasificada originada por la OTAN, la UE y la Agencia Espacial Europea, y de la que depende como órgano de trabajo la Oficina Nacional de Seguridad (ONS). La ONS, creada en 1983, es ahora mismo quien custodia los secretos oficiales, el organismo que protege la información clasificada mediante la habilitación de personas, empresas y organismos. Un centenar de agentes secretos, funcionarios estatutarios del CNI, trabajan hoy en la Oficina.

Si la ley sale adelante, habrá mudanza. La protección de los papeles clasificados pasará a la Autoridad Nacional, dependiente del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, excepto en lo afecta a las relaciones con la OTAN. Será un organismo con competencias muy amplias: garantizar el cumplimiento de la legislación y normativa de desarrollo relativa a la protección de la información clasificada y las obligaciones asumidas por España en los tratados internacionales; asesorar técnicamente al Gobierno en esta materia; relacionarse con las autoridades internaciones en este campo; informar las propuestas de clasificación que eleven las autoridades competentes para hacerlo; dar soporte a las autoridades de clasificación en lo que concierna al tratamiento de los papeles reservados; o valorar la idoneidad de las personas que deban tener acceso a información clasificada en la categoría de alto secreto, secreto o confidencial.

La Autoridad Nacional será la que, por tanto, resolverá la concesión, denegación, suspensión o retirada de la habilitación personal de seguridad (HPS), la que determine por tanto quién puede acceder a la información más sensible. En el caso del personal del Defensa, esta función será ejercida por la ministra. Las empresas que manejen información clasificada —por sus contratos militares o secretos con la Administración— o los establecimientos donde se almacene necesitarán esa habilitación de seguridad, expedida por la Autoridad Nacional.

Bolaños fue el martes el encargado de presentar el proyecto —también presentó el borrador el 1 de agosto de 2022— y defendió, a preguntas de los periodistas, que la Autoridad Nacional colgase de Presidencia, un "ministerio transversal" y que "puede establecer criterios que sean homogéneos y comunes para el resto de ministerios que proceden a la clasificación de documentos. Básicamente Defensa, Interior, y Asuntos Exteriores". Es, dijo, "un elemento muy habitual en los países de nuestro entorno y de la Unión Europea". Recordó además que, tras la aprobación de la ley, si es que salva su tramitación parlamentaria, tardaría en entrar en vigor un año y además la norma establece la posibilidad de desarrollo reglamentario. "Como es obvio, todo proceso en el que hay algún cambio supone que haya que ir adaptándose a las circunstancias, pero yo creo que esto también es un paso en la europeización de nuestros estándares de trabajo con la información clasificada", justificó.

"La ley de secretos se lleva a cabo porque el presidente tiene un compromiso con el PNV y lo cumple. Y a partir de ahí los ministerios se ponen manos a la obra y pelean por sus parcelas, como en cualquier otra iniciativa. Y es verdad", admiten en la Moncloa, "que el PNV quiere que al frente estén más autoridades civiles. Así que no es que Félix se lleve el gato al agua, es que el gato ya era suyo. Lo que hace Defensa es levantar la mano. Es hacer constar que tiene sus precauciones, y Presidencia atendió a su petición de que lo relativo a la OTAN permaneciera en Defensa". "Así que sí, es una ley de Félix, pero nadie se opuso a que esto fuera una cosa de Presidencia", completan. En el Gobierno, por tanto, reconocen la victoria de Bolaños sobre Robles, aunque ella ganara una de las batallas. Y, como subrayan en el equipo del presidente, "él decidió que fuera así, con esa redacción, al Consejo de Ministros".

El PNV celebró la nueva redacción del texto. Va "en la buena línea", apuntó este miércoles en la SER el propio líder del partido, Aitor Esteban. Los jeltzales se temían qu

fuera un pequeño trampantojo, como el anteproyecto de ley que preparó antes el PSOE, que era una cosa gatopardiana", y suponía "casi mantener el oscurantismo de la Ley franquista anterior", d