Los expertos fichados por José Luis Escrivá para la reforma del Banco de España refrendan su tesis para limitar las críticas a las políticas económicas del Gobierno en los informes que elabora la institución.
La polémica desaparición de las referencias a las pensiones en el último informe anual provocó un terremoto interno que acabó con la dimisión de Ángel Gavilán, el hasta entonces economista jefe del supervisor, al mando de uno de los servicios de estudios más reputados del país.
Escrivá, que pasó a ocupar el sillón de Cibeles directamente desde su asiento en el Gobierno de Pedro Sánchez, considera que el organismo no debe pronunciarse acerca de políticas de redistribución de renta. "Los bancos centrales no estamos para entrar en todos los temas de debate público, no somos tertulianos", respondió en junio ante las críticas de la oposición al Gobierno en el Congreso por el cambio de tono de sus informes respecto a los de la etapa de su predecesor, Pablo Hernández de Cos.
Ahora, el informe firmado por catedráticos como Daniel Innerarity (filosofía), Rosa Lastra (derecho) o el economista y exvicepresidente del Banco Central de Chile Joaquín Vial pide precisamente "una reflexión sobre el alcance de la función de asesoramiento" al Gobierno que contempla la ley de Autonomía del Banco de España. También recomienda "que los estudios estén alineados con los mandatos del Banco, evitando recomendaciones prescriptivas ajenas a dichos mandatos".
"En las diversas entrevistas se valoró transversalmente esta función del Banco de España, si bien en algunos casos se criticó que se expresaran recomendaciones normativas sobre áreas que no caen directamente en el ámbito de su mandato y que tienen implicaciones redistributivas", remarca el texto. Entre otras, el impacto de la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), por ejemplo.
"Se considera importante ejercer esta función con precaución, especialmente cuando se entra en materias que no tienen una relación directa y clara con los mandatos del Banco de España", recalca el informe, que respalda las tesis expuestas por el propio gobernador en los últimos meses.
A la luz de esta recomendación, el Consejo de Gobierno de la institución ha concluido que es necesario "reflexionar sobre la implementación práctica" de la citada función de asesoramiento al Gobierno. Los expertos piden también que se distinga claramente entre documentos de investigación bajo la responsabilidad de sus autores y documentos que representan la posición institucional.
El Banco de España reclutó al grupo de expertos firmante del informe con ocasión del 30º aniversario de la Ley de Autonomía del Banco de España. Se trataba de abrir un proceso de reflexión sobre la independencia, la transparencia y la rendición de cuentas de la institución. Ahora, el organismo que dirige Escrivá analizará todas las recomendaciones y prevé publicar sus conclusiones a lo largo del primer semestre de 2026.
Entre otras cosas, los expertos señalan la especial preponderancia que tiene el Gobierno en el nombramiento del gobernador, y proponen que tanto el del máximo responsable como el del subgobernador y los consejeros no natos pasen por el Congreso. Eso sí, dan su visto bueno a que el mandato del gobernador y el del subgobernador pase a ser de ocho años en lugar de los seis actuales.
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