Al noreste de Lanzarote, en la localidad turística de Costa Teguise, a menos de media hora en coche del sueño artístico de los Jameos del Agua de César Manrique, o del otro cercano tubo volcánico de la Cueva de los Verdes, o de las playas de Famara, a poco más del mirador del Río desde el que se divisa la isla de La Graciosa. Allí se encuentra la residencia de La Mareta. El complejo en el que Pedro Sánchez pasa desde este sábado sus vacaciones con su familia, construido por voluntad del rey Hussein de Jordania a finales de los años setenta y proyectado también por Manrique, cedido al rey Juan Carlos en 1989 y gestionado desde entonces por Patrimonio Nacional. Pero ese espacio al que el presidente del Gobierno regresó de veraneo este año adquiere una relevancia distinta, porque en estas semanas aprovechará para reflexionar sobre la estrategia a seguir en un momento crítico de la legislatura. A medio camino de un difícil mandato atravesado por la precariedad parlamentaria, tras la convulsión por el caso Cerdán, con una crisis de credibilidad a la espalda. Con el reto de retomar la iniciativa y de marcar la agenda. Con la duda de si ha de llevar al Congreso los Presupuestos de 2026 que se ha comprometido a presentar.
La Mareta y Lanzarote —la isla en la que el presidente aterrizó en Falcon a las 12.59 de este 2 de agosto y en la que permanecerá, en principio, hasta el día 25—, servirán como escenario para el arranque del próximo curso político para el Gobierno. Año, por cierto, electoral con toda seguridad, por los comicios autonómicos en Castilla y León y Andalucía, ambos aún sin fecha, pero que debieran celebrarse, como tarde, en marzo y junio de 2026. Las dos citas, sobre todo las andaluzas, condicionarán también la planificación del presidente y uno de sus movimientos de fichas más trascendentes: la salida del Gabinete de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Entonces, la remodelación del Ejecutivo será obligada. Para antes, no está previsto: el propio Sánchez ya cerró esa puerta el martes pasado tras su despacho con el Rey en Marivent, en Palma, días antes de volar hacia Canarias.
Cuando Sánchez fue preguntado por los periodistas el lunes, en su rueda de prensa de balance del curso político, por la estabilidad de la legislatura y por los Presupuestos Generales del Estado de 2026, él se limitó a subrayar que los presentaría, pero también insistió en que los vigentes, los de 2023 —aprobados en la pasada legislatura, por una mayoría distinta y por un Gobierno de coalición distinto, porque el socio minoritario era Unidas Podemos, y no Sumar—, son "muy buenos". Y también recordó que los fondos europeos funcionan como unas segundas cuentas públicas —unos "Presupuestos bis", dijo un día después la portavoz, Pilar Alegría—, que operan como otro carril de "modernización, de crecimiento económico, de creación de empleo y de cohesión social". La clave era que el presidente aseguró de manera taxativa que era factible culminar la legislatura en 2027 incluso sin disponer de nuevos PGE durante cuatro años, porque la situación económica, además, es estable, positiva, que no tiene "ningún otro país europeo".
La opción más previsible es que los Presupuestos de 2026 no lleguen al Congreso si no tienen los apoyos. Es la tesis de Montero: "No se puede dar el pistoletazo de salida" a las cuentas "si no es con la seguridad de que uno tiene capacidad para poder aprobarlas"
Si el líder socialista no fue más preciso respecto a si el proyecto de ley alcanzará las Cortes fue porque, como explican en la Moncloa, la decisión no está tomada. Es de las cuestiones que analizará durante su retiro vacacional. Hay quienes en su entorno esgrimen que llevar las cuentas al Congreso obligaría a los grupos a definirse y, en caso de ser tumbadas, se convertirían automáticamente en el programa electoral socialista. Es decir, que funcionarían como una especie de anuncio de generales. Ocurrió así en 2019: el Gobierno contaba con el rechazo de los independentistas y decidió no retirar el texto. Perdió los Presupuestos —los que entonces estaban vigentes eran los de 2018, los impulsados por el Ejecutivo de Mariano Rajoy— y adelantó las elecciones al 28 de abril. "Llámenme clásico", adujo, "pero sin Presupuestos uno no puede gobernar".
Pero la opción más previsible es que los PGE no sean registrados en la Cámara baja si no cuentan con los respaldos asegurados, aunque al Gobierno le suponga no dar cumplimiento al artículo 134.3 de la Constitución, que prescribe que el Ejecutivo debe presentar los Presupuestos del Estado "al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior". Montero ya decía este jueves en La hora de La 1, en Televisión Española, que presentar los Presupuestos implica "llevar la senda de estabilidad" a la Cámara baja junto con el techo de gasto y "posteriormente presentar la arquitectura global de estas cuentas" tras el acuerdo del Consejo de Ministros. Pero, y aquí estaba lo mollar, cuando se trata de "algo tan complejo como es elaborar unas cuentas públicas", advirtió, "no se puede dar el pistoletazo de salida si no es con la seguridad de que uno tiene capacidad para poder aprobarlas". La vicepresidenta primera, por tanto, estaba reiterando la posición que siempre ha defendido: no someter a votación del Congreso un texto de Presupuestos si los apoyos no están atados. Es la interpretación clásica: si unas cuentas salen tumbadas, el Gobierno queda completamente debilitado. Y hasta ahora, la salida era una: elecciones. Fue, de hecho, lo que justificó Sánchez en 2019 para adelantar las generales, aunque era verdad que los PGE en vigor en aquel momento ni eran suyos ni eran expansivos.
Por el momento, los socios están mostrando bastante frialdad respecto al futuro proyecto. Oriol Junqueras, presidente de ERC, pone por delante, para dar su aprobación a los Presupuestos estatales y a los de la Generalitat —a quien su formación sostiene en Cataluña—, que se vuelva al texto sobre financiación singular que se pactó hace un año para hacer president a Salvador Illa, más ambicioso que el sellado por los dos gobiernos el pasado 14 de julio en Palau.
ERC liga su apoyo a los Presupuestos de Sánchez y a los de Illa a la financiación singular catalana, y el Govern ya ha adelantado que solo podrá asumir algunas funciones de gestión del IRPF en 2028
Pero el despliegue solo de la gestión del IRPF por parte de la Agència Tributària de Catalunya (ATC) será más lento de lo previsto: asumirá algunas funciones en la administración de este impuesto en 2028, en buena medida por la falta de personal, de oficinas y de una plataforma electrónica propia. Un calendario bastante más dilatado que el que firmaron PSC y ERC —calculaba que la ATC ya condujera la recaudación de la renta en 2026— y que, en todo caso, depende de que las modificaciones legales necesarias se aprueben por las Cortes. Algo tampoco nada fácil, porque el Gobierno necesitaría el apoyo de toda la mayoría de investidura.
Unos socios más que fríos
Precisamente el portavoz de los republicanos, Isaac Albert, tildaba este viernes de "humo" los plazos contenidos en el plan director de la ATC y anunciados por el Govern si no se reforman varias leyes en Madrid. "El problema no es que marque 2028 como recaudación de los impuestos", en lugar de 2026, sino que si no hay modificaciones legislativas, ese plan director es "papel mojado", aseguró.
Podemos insiste en sus condiciones para hablar de nuevas cuentas: una bajada del 40% de los alquileres, la ruptura total de relaciones con Israel y embargo de armas y "ni un céntimo más" para gasto militar
ERC no ha registrado aún ninguna proposición de ley en el Congreso ni el Ejecutivo central ha dado aún ningún paso. Montero prevé convocar al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para el otoño, pero para aprobar los objetivos de estabilidad (déficit, deuda y regla de gasto), la primera piedra de los Presupuestos de 2026. No hay fecha, por tanto, para abordar en el seno de ese órgano, en el que Hacienda cuenta con el 50% de los votos, la discusión sobre la reforma del modelo de financiación autonómica. El Ejecutivo sabe que solo tiene a su lado a Cataluña, porque Asturias y Castilla-La Mancha, las únicas dos comunidades del régimen común en poder de los socialistas, se oponen a cualquier sistema financiero que otorgue "privilegios" a otro territorio o que consagre la ordinalidad.
Junts siempre ha puesto por delante el cumplimiento de las previsiones presupuestarias de ejercicios anteriores para Cataluña antes de estudiar unas nuevas cuentas, y exige también tanto que se consiga la oficialidad del catalán en la UE como la aplicación de la ley de amnistía, ya avalada por el Tribunal Constitucional, dos objetivos que escapan del alcance del Ejecutivo. Y Podemos ya ha advertido de que las condiciones para unos nuevos PGE son las ya conocidas: bajar el precio de los alquileres un 40%, no destinar "ni un céntimo más de euro" al aumento del gasto militar —y el Gobierno necesita consolidar una inversión en defensa del 2% para cumplir con la OTAN—, romper las relaciones comerciales y diplomáticas con Israel y decretar un embargo total de armas a ese país. Los morados mantienen que la legislatura está "finiquitada".
Sumar sí cree que hay que registrar los PGE de 2026 y que se sometan a votación porque es un "mandato constitucional". Alegría no fue un paso más allá que Sánchez y precisa que socios son los que integran el Gobierno, no los grupos que avalaron la investidura
Pensar en los PGE de 2026 es, al menos por ahora, pura fantasía. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, defendió el martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que la posición de su grupo, Sumar, es conocida: hay que llevar los PGE al Congreso porque es un "mandato constitucional". Una clara divergencia con su socio de coalición. A su lado, la portavoz, Pilar Alegría, no fue un paso más allá que Sánchez la víspera. La ministra, significativamente, estrechó el concepto de socios: "Socios solamente somos los partidos que conformamos este Gobierno [PSOE y Sumar], el resto son grupos parlamentarios que tienen sus prioridades, proyectos, planes, sus propuestas, y que todos ellos conforman el Congreso que ustedes conocen, con sus complejidades".
La capacidad de estirar los tiempos
El presidente tiene un mes para pensar qué hacer. Qué decisión toma sobre las cuentas del Estado, aunque no solo sobre eso. "La cuestión de los Presupuestos refleja la realidad del Parlamento", apuntan a este diario fuentes de la Moncloa, "los aliados de investidura no están disconformes con los vigentes, que son muy sociales, que permiten ir haciendo cosas. Y los fondos Next Generation y la bonanza económica permiten la gobernabilidad del país. Queremos intentar sacar adelante unos Presupuestos todavía mejores, pero no nos preocupa. Sabemos que los que están actualmente en vigor [los de 2023] son mejores que los que haría el PP con Vox". "Nadie sabe aún", añaden en el equipo de confianza de Sánchez, si al menos el Gobierno hará algún gesto más para visibilizar su proyecto presupuestario. En 2024 y 2025 el texto jamás llegó a Consejo de Ministros, ni fue puesto de largo en ningún acto. "Es que es avanzar muchas pantallas. Dependerá llegado el momento. Desde luego, la intención es presentarlos. Una cosa son los relatos y otra son las votaciones con la que se está de acuerdo. Unos Presupuestos buenos no son fáciles de tumbar", observan. En cualquier caso, "serán unas cuentas que pongan sobre la mesa y visualicen los proyectos de futuro, muy similares a los que acabará recogiendo el programa electoral de 2027, y muy de desarrollo de las leyes aprobadas estos años, especialmente vivienda", remachan en el núcleo duro.
Las cuentas de 2026 visualizarán, señalan en la Moncloa, "los proyectos de futuro, muy similares a los que acabará recogiendo el programa electoral de 2027, y muy de desarrollo de las leyes aprobadas estos años, especialmente vivienda"
Hacienda ya va tarde para los PGE de 2026. Tal y como alertaba el pasado 16 de julio la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), todavía no se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado la orden ministerial de Hacienda con la que pone en marcha la elaboración de las cuentas —la que moviliza a todos los departamentos para que expresen sus deseos de gasto para el siguiente ejercicio— y que se suele publicar al comienzo del verano, ni se han actualizado las previsiones macroeconómicas ni se han redactado los objetivos de estabilidad para los próximos tres años. Congreso y Senado solían votar la senda a finales de julio, pero ahora llegará como poco en septiembre. Montero ha alegado que no hay problema en hacerlo entonces. El Gobierno tiene la capacidad de estirar los tiempos y, de hecho, de atar los apoyos, podría aprobar los PGE entrado 2026. Lo que sí ha hecho ya Hacienda es comunicar por carta las entregas a cuenta para el próximo año, para ofrecer "certidumbre" a las CCAA e informarles de los recursos con los que contarán en el siguiente ejercicio. En conjunto, las comunidades del régimen común (todas, menos Euskadi y Navarra) ingresarán en 2026 156.990 millones de euros del Estado por la recaudación de los impuestos cedidos, un 6,5% más de lo recibido este año (147.412 millones).
Sánchez dará vueltas sobre el arranque de curso y el "septiembre más social" que promete la Moncloa durante sus vacaciones en La Mareta. Una estancia de varias semanas en Lanzarote en las que se verá también con el propio Illa —ambos presidentes volverán a compartir unos días de descanso en la isla canaria— y con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, en quien ha encontrado un apoyo y una complicidad sólida y en quien ha delegado el diálogo con Junts. El presidente y su equipo preparan también un regreso de cierto impacto con el que proyectar la recuperación de la iniciativa política.
Sánchez compartirá sus días de vacaciones en Lanzarote con Illa y con el expresidente Zapatero. Prepara un "septiembre más social" y un regreso a la normalidad de cierto impacto
En años anteriores, el líder socialista abría curso con un acto en Madrid. Ahora, otra opción podría ser una entrevista con un medio de comunicación: no concede ninguna desde hace casi un año. La planificación del último tramo de 2025, no obstante, tiene mucho de provisionalidad, ya que hay muchos factores en juego y uno capital es la evolución judicial del caso que mantiene imputados a los dos últimos secretarios de Organización socialistas, Santos Cerdán, en prisión desde el 30 de junio, y José Luis Ábalos.
El difícil papel de la vicepresidenta y candidata Montero
Financiación y negociación presupuestaria devuelven todo el foco a Montero, que desde septiembre se sumergirá en la precampaña de las elecciones andaluzas. El presidente de la Junta, el popular Juanma Moreno, ha insistido en que su intención es agotar mandato y llevar las urnas, por tanto, a junio de 2026, pero se abre a un adelanto si Sánchez, a su vez, avanza las generales. En el puente de mando del PSOE andaluz barruntan que Moreno puede fijar las autonómicas para este mismo otoño, para dar menos margen a Montero. La última encuesta del Centro de Estudios Andaluces (Centra, el CIS andaluz), realizada justo tras el estallido del caso Cerdán, dibujó un hundimiento de los socialistas: apenas un 19,8% de los votos, entre 24 y 26 escaños, por los 30 que consiguió Juan Espadas en 2022. El PP obtendría un 41,7%, entre 55 y 57 diputados. Una mayoría absoluta más justa. Vox seguiría en ascenso (14,7%, entre 16 y 18 actas, por las 14 actuales), igual que las izquierdas a la izquierda del PSOE, tanto Por Andalucía-Sumar como Adelante Andalucía.
Las expectativas para Montero, según el CIS andaluz, son malas: un 19,8% de los votos, entre 24 y 26 escaños, por los 30 de Espadas en 2022. El PSOE-A pone en valor los casi 30.000 millones que Andalucía recibirá en 2026 por las entregas a cuenta
Pese a las malas expectativas, el PSOE-A, la mayor federación del partido en número de militantes, preserva la unidad en torno a su secretaria general. Aunque distintos dirigentes reconocen el desgaste que a Montero le produce sobre todo la financiación singular catalana —una jugosa munición para Moreno— y la negociación presupuestaria, creen que la presión ha de situarse en torno al desarrollo estatutario, el debilitamiento de la sanidad pública por parte de la Junta —que ha llevado a manifestaciones importantes en la comunidad— y el rechazo del presidente a la quita de la deuda. El Consejo de Política Fiscal y Financiera ya aprobó en febrero la condonación parcial del pasivo a las CCAA, fruto del pacto con ERC, que suponía la dispensa, para Andalucía, de 18.791 millones de euros, por los 17.104 de alivio para Cataluña. Pero el proyecto de ley para la quita de la deuda aún no ha llegado al Consejo de Ministros ni, por tanto, ha sido remitido al Congreso, a fin de que se apruebe antes de fin de año, como era la intención de Hacienda.
En el círculo de Montero dan por hecho que no se llegará a aprobar ninguna reforma del modelo de financiación (y, en consecuencia, ningún avance hacia la financiación singular catalana) porque el Gobierno no cuenta con los apoyos necesarios en el Congreso. Y creen más conveniente que la vicepresidenta primera, si no tiene los respaldos requeridos, no traslade los PGE a la Cámara baja, porque si son tumbados ella recibiría en primera persona un varapalo letal antes de las elecciones en las que ella es candidata. El PSOE-A ponía en valor esta semana los 29.253 millones de euros que recibirá Andalucía en concepto de entregas a cuenta de 2026, cantidad a la que habría que sumar la previsión de liquidación de 2024 (1.558 millones), por lo que la Junta ingresará un total de 30.587 millones del sistema de financiación, "un nuevo récord que supera en un 7,4% los recursos que percibe en el presente ejercicio", según Hacienda.
"Lo que hay que preguntar a Moreno es qué hace con esa borrachera de dinero cuando los servicios públicos está peor valorados que nunca y se derivan recursos a las empresas privadas. Ya imaginamos que él usará la financiación singular contra María Jesús, pero debe explicar qué hace él con lo que tiene más", apunta un miembro de la dirección regional muy próximo a la secretaria general. "Si comparamos este Gobierno con los del PP se han aportado a Andalucía 8.500 millones más cada año, una cifra muy superior a los 4.000 millones que se pedían en el acuerdo sobre financiación del Parlamento de 2018 [cuando Montero era consejera]", añade este mismo responsable.
La vicepresidenta, previsiblemente, permanecerá en el Ejecutivo de Sánchez hasta que Moreno convoque las andaluzas. Sánchez ya descartó tajantemente ante los medios en Marivent que piense en una remodelación ministerial a la vuelta de sus vacaciones. En las alturas del PSOE-A sí creen que, de cara a septiembre, Montero tiene que dedicar más tiempo a recorrer Andalucía, pero consideran que, a estas alturas, tendría poco sentido abandonar el Gobierno antes, porque le proporciona una plataforma de visibilidad de la que carecería si fuera solo líder de la federación. "Lo mejor, tras ver lo de Espadas [cuando dejó la alcaldía de Sevilla], es no moverse del ministerio. Él dejó lo institucional y pasó a la transparencia, a no ser visible", resume un jefe de un aparato provincial. "Creemos que María Jesús dará la sorpresa y pisará fuerte Andalucía", concede una máxima responsable de una provincia. Los socialistas andaluces son conscientes de que la marca Juanma Moreno está muy fuerte, "no así la del PP", y que será prácticamente imposible arrebatarle la Junta. El objetivo realista es, destacan en la dirección regional, privarle de la mayoría absoluta, pues eso le haría depender de Vox (y gobernar con ellos) y le obligaría a sufrir mayor desgaste político.
En la dirección regional creen que a estas alturas es mejor que la vicepresidenta no salga ya del ministerio, sino cuando Moreno convoque. El objetivo es al menos privarle de la mayoría absoluta para que sufra el desgaste de gobernar con Vox
Andalucía es también un capítulo clave en la reflexión presidencial de La Mareta. Los 30.900 metros cuadrados de terreno junto al mar, los 1.900 metros cuadrados de superficie construida, el paisaje de una isla volcánica, lunar, serán el testigo de unas vacaciones de mitad de mandato que miran hacia un futuro incierto. Sánchez abre la segunda parte de la legislatura con el deseo de recuperar el pulso y de recobrar la confianza y credibilidad devastadas por el caso Cerdán. Reconquistar centímetros no será una empresa sencilla.
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