Los incendios que se extienden por España tienen su correlato en una tensión política que no cede y, mucho menos, con el telón de fondo de dos grandes consultas electorales en menos de un año, esto es, las autonómicas en Castilla y León y en Andalucía. Se trata de dos de los territorios gobernados por el PP afectados por la ola de fuego y las altísimas temperaturas de este verano. La mecha la encendió el ministro de Transportes, Óscar Puente, quien en su habitual tono arremetió contra Alfonso Fernández Mañueco y Juanma Moreno, levantando una enorme polvareda que ni sus compañeros socialistas del Consejo de Ministros quisieron justificar.

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Dio así el pistoletazo de salida a la precampaña autonómica, que va a tener en los incendios de este verano uno de los argumentos más recurrentes y, todo ello sin descartar que, en un giro de los acontecimientos, el Gobierno central tome el timón de la gestión en alguno de estos dos territorios, lo que ha puesto "en alerta" al PP, admiten fuentes populares.

El Ejecutivo central puede elevar unilateralmente la declaración de emergencia nacional al nivel 3, lo que significaría asumir, a través del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, la coordinación y el control de las labores de extinción. También la ley permite que lo pida la propia comunidad autónoma afectada o el delegado del Gobierno correspondiente. El artículo 29 de la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil regula estas tres opciones al señalar que "corresponderá la declaración de interés nacional al titular del Ministerio del Interior, bien por propia iniciativa o a instancia de las comunidades autónomas o de los delegados del Gobierno en las mismas".

Tomar los mandos de la gestión no se planteó ni en mitad de la Dana con más de 220 fallecidos

Las declaraciones del ministro López en TVE, advirtiendo que el Gobierno central actuará si "a alguna Comunidad se le va de las manos" la gestión de los incendios es, sin duda, un salto cualitativo que no se planteó ni en mitad de la Dana del 29 de octubre del año pasado con más de 220 fallecidos y una destrucción total a su paso. Precisamente, esta cuestión fue motivo de reproche político en los días posteriores, incluso en el seno del PP. Su líder, Alberto Núñez Feijóo, señaló que, de haber estado en la misma situación que el presidente de la Generalitat valenciana, el popular Carlos Mazón, hubiera pedido la activación del nivel tres. También acusó al Gobierno central de hurtar información fundamental respecto a la evolución de los cauces y actuar poco menos que de espectador de la tragedia.

Que el Ejecutivo no se cierre ahora a tomar el mando de la crisis con la vista puesta principalmente en Castilla y León, dado que continúa siendo el territorio más afectado y donde el fuego sigue escalando en intensidad, apunta a bronca política en plena precampaña. Desde el PP se malician de una posible una "maniobra política" en este sentido para intentar desacreditar a sus dos candidatos. A los desmanes tuiteros de Puente se van sumando críticas desde las filas populares. Las palabras de Feijóo acusando al Ejecutivo de llegar "tarde" a la ola de incendios sentaron muy mal en Moncloa, aunque tanto la competencia en prevención como en extinción es de cada una de las Comunidades.

Competencia de las Comunidades en coordinación con el Estado

Así lo dicta la Ley de Montes, aunque también especifica en su artículo 44 que "la Administración General del Estado y las comunidades autónomas organizarán coordinadamente programas específicos de prevención de incendios forestales". Y en el 46 ,que el Ministerio para la Transición Ecológica, al frente del cual está Sara Aagesen, "en colaboración con las comunidades autónomas, establecerá las directrices comunes para la implantación de un sistema de gestión de emergencias común". De momento, los populares se han apresurado a pedir la comparecencia de la vicepresidenta tercera, a la que acusaron de haber reducido el número de aeronaves destinadas a combatir los incendios, información que el Ministerio desmintió.

Cruce de acusaciones

En una entrevista a Europa Press, el líder del PP acusó al Gobierno central de seguir de "vacaciones", y le afeó que se traslade la idea de que los incendios son "un problema" que solo afecta a alcaldes y presidentes autonómicos. La vicesecretaria de Sanidad y Política Social, Carmen Fúnez, subió el tono hablando de la "lejanía e insensibilidad" de Pedro Sánchez "con quienes peor lo está pasando en esta crisis incendiaria", todo ello para hablar de "un presidente en fuga, huido y aislado en La Mareta", Lanzarote, desde donde sigue la crisis.

En el PSOE, su portavoz, Rebeca Torro, replicó que los populares "siempre llegan tarde, mal y con recortes”, y que "en vez de exigir a sus presidentes que se pongan al frente de las catástrofes e inviertan en esta materia, lo que hace Feijóo es aplaudirles, justificarles o echarle la culpa a otros. Tiene demasiada cara dura". El conflicto está pues, servido, y eso que el fuego no ha terminado de extinguirse en el que ha sido uno de los peores veranos de incendios que se recuerdan.

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