Begoña Gómez y su repóquer de cargos por corrupción

Se acaba el verano para Begoña Gómez. El descanso que suele traer agosto para quienes, voluntaria o involuntariamente, se encuentran en el centro de la actualidad política y judicial toca a su fin. La mujer del presidente del Gobierno tendrá que volver a los juzgados madrileños de Plaza de Castilla el próximo 11 de septiembre para declarar, de nuevo, ante el juez Juan Carlos Peinado, que la mantiene imputada por la presunta comisión de cinco delitos.

Será la tercera vez que comparezca ante el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid. La instrucción avanza lentamente y, acompañada de un gigantesco interés mediático, se ha convertido en un quebradero de cabeza para el Ejecutivo, que paralalemante ha tenido que lidiar durante el último año y medio con otras investigaciones que también salpican a Pedro Sánchez, como el 'caso Koldo', la causa contra el fiscal general o la investigación a su hermano, David Sánchez, procesado en Badajoz por su presunta colocación a dedo en la Diputación de Badajoz.

El procedimiento comenzó a finales de abril de 2024, tras una serie de publicaciones periodísticas que desvelaron que Gómez había firmado dos cartas de recomendación para que una de las empresas del empresario Juan Carlos Barrabés obtuviera adjudicaciones públicas. Fue entonces cuando la asociación Manos Limpias interpuso una denuncia en los juzgados, en la que también apuntaban a los vínculos de la investigada con el rescate en 2020 de Air Europa y con el por aquel entonces CEO de Globalia —matriz de la aerolínea— Javier Hidalgo.

Imputada inicialmente por tráfico de influencias y corrupción en los negocios privados, su situación judicial se complicó con el paso de los meses. El juez, tras ahondar en su actividad en la Universidad Complutense y en su relación con una empleada de Moncloa, amplió las pesquisas y le atribuyó tres delitos más: apropiación indebida, intrusismo profesional y malversación de fondos.

Su relación con Juan Carlos Barrabés

La denuncia de Manos Limpias sostiene que Gómez, "prevaliéndose" de su condición de esposa del presidente, firmó cartas de recomendación para empresarios que optaban a contratos públicos, entre ellos Barrabés. Según un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, desde 2015 sus sociedades lograron 99 expedientes de contratación por un total de 24,9 millones de euros, la mayoría en 2021 y 2022, con Sánchez ya en la Moncloa.

Sólo en esos dos años, Innova Next —una de las compañías de Barrabés— recibió 20,2 millones, casi el 90% de todas sus adjudicaciones. A partir de ahí, pasó de testigo a pieza clave en la investigación. Sus empresas lograron contratos de organismos como el Consejo Superior de Deportes, el Ayuntamiento de Madrid o Red.es —entidad dependiente del Ministerio de Transformación Digital—. Fueron los contratos con esta última compañía los que más sospechas levantaron a los investigadores, puesto que la mujer del presidente había firmado dos cartas recomendando que la Administración contratara a su socio.

La presunta contraprestación se vinculaba a la Complutense, donde Gómez co-dirigía la cátedra de Transformación Social Competitiva y su máster asociado. Barrabés y miembros de su empresa figuraban como profesores en ese programa. En su declaración ante el juez, el 15 de julio de 2024, reconoció que había acudido a Moncloa en dos ocasiones: una con empresarios y otra para reunirse con Gómez para hablar de "innovación", ocasión en la que coincidió con Pedro Sánchez.

Peinado también tomó declaración, como testigo, al propio presidente del Gobierno, que se acogió a su derecho a no declarar contra su mujer. Ese mismo día, Sánchez se querelló contra el magistrado por prevaricación. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid rechazó su querella.

La cátedra de la Complutense y el software

Precisamente, otra de las líneas de investigación se centra en la cátedra de la Complutense, de la que Gómez era co-directora y de la que dependía un máster con el mismo nombre. Según la denuncia de Manos Limpias, Barrabés estuvo detrás de la puesta en marcha de este programa académico.

La controversia creció cuando El Confidencial reveló que Indra, Telefónica y Google se habían comprometido a desarrollar gratuitamente un software para la cátedra, valorado en unos 150.000 euros. El proyecto nunca llegó a completarse por el posible conflicto de intereses que planteaba. Pese a ello, a finales de 2023, Gómez, a espaldas de la Complutense, registró a su nombre la denominación del programa —TSC. Transforma Plataforma de Medición de impacto social y medioambiental—.

A estas revelaciones se sumó una querella de la asociación Hazte Oír, que cuestionaba su papel como co-directora de la Cátedra sin ser licenciada y denunciaba un uso presuntamente fraudulento de la institución universitaria, así como la apropiación indebida del software, diseñado para la universidad pero registrado por Gómez a título personal.

En junio de 2024, el centro universitario dejó de ofrecer el máster vinculado a la cátedra extraordinaria al ver "perjudicada" su imagen, además de por la "baja demanda y poco interés". En octubre, canceló el otro título —previo a la creación de la cátedra— que tenía Gómez, el Máster de Formación Permanente en Fundraising Público y Privado para ONL.

La asesora de Moncloa

El último delito que el juez ha imputado a la mujer del presidente —aunque la Audiencia madrileña se lo negó— es el de malversación de fondos, asociado a la figura de Cristina Álvarez, su asesora en Moncloa, también investigada en la causa. En su declaración, la trabajadora de Moncloa negó haber mediado con la Complutense o con empresas patrocinadoras para beneficiar a Gómez antes de la creación de la cátedra, en octubre de 2020.

Peinado fundamenta esta imputación en los indicios de que Álvarez pudo haber excedido las funciones propias de su cargo, limitadas a la agenda y al protocolo, para intervenir en gestiones vinculadas a la actividad privada de Gómez. Entre ellas, correos y contactos con compañías que podían convertirse en patrocinadores del máster. La asesora explicó que fue nombrada para asistir a Gómez tanto en asuntos oficiales como personales. Relató que se conocían desde hacía años y que fue Begoña quien la llamó para trabajar con ella.

Por esta cuestión, el juez interrogó al ministro Félix Bolaños y posteriormente solicitó su imputación al Tribunal Supremo, que la rechazó en términos muy duros. El actual titular de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes era entonces secretario general de Presidencia, en 2018, cuando se formalizó la contratación de Álvarez, y por tanto el responsable último de la misma.Su interrogatorio, que al igual que el de Sánchez tuvo lugar en Moncloa, estuvo repleto de momentos de tensión. Bolaños elevó una queja al Consejo General del Poder Judicial, que tiene abiertas diligencias informativas a Peinado, si bien éste es el procedimiento habitual cuando tiene lugar una queja hacia un juez.

Por la contratación de Álvarez también fue llamado a declarar el actual delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, a quien el togado sí mantiene imputado. Martín, director del gabinete técnico de la Secretaría General de la Presidencia en aquella época, declaró que no participó en la contratación.

La Audiencia Provincial de Madrid respalda la investigación

La Audiencia Provincial de Madrid ha respaldado en líneas generales la instrucción del juez Peinado, pero ha introducido matices relevantes. Los magistrados entienden que la relación entre Gómez y Barrabés constituye la "clave" de la causa, al considerar que la cátedra de la Complutense actuó como plataforma de captación de fondos y proyección institucional.

Según expusieron en un escrito el pasado mes de mayo, la rápida expansión de ese programa académico no puede explicarse sin el respaldo económico de empresas sujetas a supervisión gubernamental o beneficiarias de adjudicaciones públicas, lo que refuerza la hipótesis de que la mujer de Sánchez cometiera un delito de tráfico de influencias. Así lo expresaron:

"[…] ésta debía de venir aprovechándose de su proximidad al Presidente del Gobierno, como su esposa, para vender supuestos favores u ofrecer supuestas influencias, siempre eso sí, a cambio de contraprestaciones de la más diversa índole, encaminadas a proyectar su carrera profesional en la búsqueda de una posición privilegiada en un sector novedoso". Además, añadieron: "Las Empresas del Grupo Barrabés resultaban una pieza clave en el desarrollo e implementación de la Cátedra, para el lanzamiento y supuesta excelencia profesional desde la cual se habrían urdido el resto de actividades, sobre la que se proyecta la sospecha delictiva, consistente en una clara desviación de poder".

Por otro lado, el tribunal corrigió la actuación del instructor respecto a Barrabés. Criticó que se le tomara declaración como testigo para, apenas cuatro días después, cambiar su condición a investigado, lo que vulneró sus garantías procesales. También puso límites a la investigación. Rechazaron ampliar el procedimiento a los contactos de Gómez con Javier Hidalgo y el rescate de Air Europa. Además, negaron a Peinado la posibilidad de investigar los contratos de Telefónica, Indra o Google vinculados a la cátedra, por entender que se trataba de aportaciones voluntarias y no de adjudicaciones públicas sujetas a control administrativo, y desimputaron al rector de la Complutense, Joaquín Goyache.

Asimismo, también fue retirada la imputación del exconsejero de la Comunidad de Madrid Juan Jose Güemes, puesto que la Audiencia decidió excluir del procedimiento todo lo relativo al África Center, organismo despendiente del Instituto de Empresa. Consideró innecesaria la declaración sobre la contratación de Gómez en 2018, al entender que fue la propia institución la que quiso contar con sus servicios, y que esta cuestión excede del objeto de la instrucción.

Begoña Gómez defiende su inocencia

El 18 de diciembre, la mujer del presidente del Gobierno respondió ante el juez Peinado únicamente a las preguntas de su abogado, el exministro del Interior socialista Antonio Camacho, para defender su inocencia. Sostuvo que el máster le fue concedido por su trayectoria profesional, que la licitación del software se hizo siguiendo instrucciones del centro y que registró la marca a su nombre para impedir un uso externo ajeno a la Complutense.

También admitió haber firmado cartas de recomendación para Barrabés, aunque se desvinculó de los contratos que sus empresas obtuvieron en distintas administraciones públicas.

La citación del próximo 11 de septiembre será la tercera comparecencia de Gómez en los juzgados de Plaza de Castilla, tras la ya mencionada del 18 de diciembre y otra anterior, el 5 de julio, que estuvo acompañada de un dispositivo policial sin precedentes. Aquel día, Peinado suspendió la declaración después de que la esposa del presidente del Gobierno alegara desconocer los motivos concretos de su imputación.