La Guardia Civil investiga la denuncia de un funcionario del Ministerio de Exteriores sobre el presunto amaño de unas plazas en la embajada de España en Sudáfrica. La denuncia se presentó el pasado mes de abril de este año, según ha podido comprobar este periódico.

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La denuncia se centra en tres plazas de personal laboral fijo en la delegación española. Los beneficiarios estarían vinculados a la entonces consul. El funcionario estuvo destinado allí como jefe de visados entre septiembre de 2021 y mayo de 2023.

Las plazas se publicaron en junio de 2023. Cuando preguntó por estos puestos de trabajo, la secretaria del embajador le respondió que las plazas "ya estás adjudicadas", según se recoge en la denuncia.

El funcionario, que ya no está en el ministerio que dirige José Manuel Albares, puso entonces en conocimiento de sus superiores las supuestas irregularidades. Señaló que los beneficiarios iban a ser el esposo de la consul, una antigua trabajadora de la Embajada, y la mujer del segunda jefatura que se incorporó en agosto de ese año. Los tres consiguieron la puntuación más alta.

La elección a dedo de las plazas las puso en conocimiento de responsables de Exteriores un día antes de que se adjudicasen, según publicó The Objective. Uno de los correos se lo envió a la subdirectora de Personal de Exteriores, Marta Blas. En el correo señaló que quiénes iban a ser los beneficiarios de los puestos, que finalmente los ganaron.

Desaparecen visados Schengen

En la denuncia, también se pone de manifiesto la desaparición de 3.000 etiquetas verdes, los visados de espacio Schengen que dan las delegaciones diplomáticas. El denunciante se percató de esto porque, al llegar a su puesto de trabajo en 2020, descubrió que se habían extraviado seis de estas identificaciones.

Al preguntarle a una de sus compañeras, esta le dijo que "fueron sustraídas por personal de la empresa BLS", que es la encargada de realizar los trámites precios de las personas interesadas en venir a España antes de llegar al consulado.

El funcionario empezó a investigar por si los hechos tuvieran algún precedente, y descubrió que casi 10 años antes, en 2013, desaparecieron 3.000 etiquetas verdes en Petroria, y la misma cantidad en Ciudad del Cabo. "En ambos sucesos forzaron las cerraduras para sustraer" la documentación, relata la denuncia.

Ante lo que él consideraba un robo intencionado, vio que sus compañeros de trabajo "no le prestaba la atención necesaria". Sólo una persona le dio más datos al respecto de lo sucedido. Esa compañera le explicó que los robos de 2013 no fueron investigados, y que uno de los diplomáticos "al dejar el puesto se llevó la CPU del ordenador del que era usuario", aunque fuentes consulares desmientes este punto y aseguran que está "inventariado".

Además de toda la documentación referente al "enchufismo" en la embajada de Sudáfrica y a la desaparición de las etiquetas verdes, el funcionario entregó a la Guardia Civil varios movimientos de la cuenta bancaria de la delegación. Según habría comprobado, se gastó más de tres millones de euros en una serie de reformas. Y los contratos se habrían troceado para eludir los controles.

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