Los informes de los órganos consultivos no son vinculantes para el Gobierno, aunque sí preceptivos. Pero, en general, está mal visto que se ignoren sus observaciones pues el objetivo que persiguen es preservar "que las normas sean jurídicamente correctas, al margen de ideologías", dice un destacado miembro del Consejo de Estado. El viernes 3 de octubre pasa por el pleno de este órgano el anteproyecto de ley por el que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, o, lo que es lo mismo, la reforma que pretende pasar a los fiscales la instrucción judicial, dejando a los jueces como garantes de derechos, primero, y sentenciadores, después.

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Y la reunión no se prevé pacífica. Un sector del Consejo es muy crítico con esa reforma por entender que no queda garantizada la independencia fiscal a la hora de instruir los casos, dado el actual modelo de nombramiento del Fiscal General del Estado. Para ello el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, propone alargar el mandato del Fiscal a cinco años, de modo que no coincida con el de una legislatura, de cuatro. No afectará al hoy procesado y a un pie del banquillo Álvaro García Ortiz, sino al que designe el Gobierno que salga de las urnas en 2027, si Pedro Sánchez resiste hasta entonces.

Autonomía fiscal

Sobre el papel, se dota de mayor autonomía a la Fiscalía, también en lo que compete a nombramientos, ascensos y sanciones. Y la Junta de Fiscales de Sala podrá imponerse sobre el Fiscal General, -no como hasta ahora que tiene la última palabra-, siempre y cuando aúnen el voto de tres quintas partes de sus miembros. Además, siguiendo el mismo modelo actual para los jueces, podrán ser recusados o ellos abstenerse en alguna causa y pasarán a dirigir a la policía judicial.

Pero este modelo genera un profundo rechazo en destacados miembros del Consejo de Estado adscritos al sector conservador como Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón; Soraya Sáenz de Santamaría; Pedro Sanz, José María Michavila o Juan Carlos Aparicio, según ha podido conocer El Independiente. No terminan de creer que los fiscales puedan disfrutar de un amplio espacio de autonomía para instruir los casos, sobre todo si tocan a otros poderes del Estado como el Ejecutivo o el Parlamento, en todo lo que afecta a la corrupción, por ejemplo.

Las críticas ya se suscitaron el 29 de julio

Este asunto ya se suscitó el mismo día en que García Ortiz supo que la Sala de Apelaciones del Supremo rechazaba el recurso por el que pretendía evitar sentarse en el banquillo acusado de revelación de secretos en el caso que se sigue contra la pareja de Isabel Díaz Ayuso. La noticia pilló al fiscal en el Consejo de Estado recisamente cuando se debatía, el pasado 29 de julio, el dictamen del proyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim). Allí defendió la independencia de los fiscales y apeló a un debate "ajeno a las circunstancias actuales", tal y como adelantó en exclusiva El Independiente.

Miguel Herrero replicó que era imposible "hacer abstracción de las sombras y dudas que hay en torno a la Fiscalía" y adelantó su voto negativo. Sáenz de Santamaría y Michavila insistieron en la necesidad de acompasar el reforzamiento de la independencia fiscal con la asunción de la instrucción judicial, sin desfases temporales. Mientras tanto, la presidenta del Consejo y ex vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, pidió no reproducir en el viejo caserón de la calle Mayor los "debates parlamentarios" del Palacio de la Carrera de San Jerónimo.

"El informe debería ser negativo", dicen fuentes conservadoras

Fuentes conservadoras señalan que "el informe debería ser negativo". De hecho, este órgano consultivo ya criticó, con la unanimidad de todos sus miembros, el nuevo modelo de acceso a la carrera judicial y fiscal, que llega a abrir la puerta a un turno sin necesidad de pasar por oposiciones y generando con ello una "anómala situación" y "diferencia de trato" con los opositores.

Si los informes salen adelante por unanimidad en el Consejo, no se votan, lo que no parece que vaya a ser posible el 3 de octubre. Otras fuentes, éstas progresistas, defienden que es muy importante "que esta institución se mantenga en su línea de diálogo, de acuerdo y de intento de conseguir la unanimidad y al margen de ideologías políticas". De momento, todos los dictámenes van saliendo adelante "y es mejor no adelantar acontecimientos". El dictamen que se someterá a consideración del pleno del 3 de octubre será debatido y aprobado la próxima semana por la comisión permanente del Consejo.

Aún en caso de discrepancias, el Gobierno se ha asegurado la mayoría en el Consejo. A pesar de ello, no son pocas las veces a lo largo de las dos últimas legislaturas en las que se ha soslayado este control gobernando a golpe de decreto-ley o de proposiciones de Ley, que eximen de acudir a los órganos consultivos.

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