El Gobierno no piensa dejar que se entierre ya la polémica sobre el aborto que sorpresivamente resucitó el propio PP la semana pasada, cuando el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, apoyó con su grupo la proposición de Vox en el Ayuntamiento que pedía obligar a dar información a las mujeres sobre un falso síndrome posaborto en sus centros municipales. El regidor tuvo que rectificar porque la polvareda estaba haciendo daño a su partido, pero el Ejecutivo levantó la bandera, consciente de que lo está en juego es el poderoso voto femenino: el pasado viernes planteó blindar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en la Constitución —imposible sin el concurso del PP— y este lunes informó de que ha exigido a cuatro comunidades autónomas que garanticen la prestación de ese derecho creando ya el registro de personas objetoras, tal y como exige la modificación legal introducida en 2023.

La Moncloa señaló que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha enviado un "requerimiento formal" a los presidentes de Aragón, Asturias, Baleares y Madrid para que adopten, "con la mayor celeridad posible, las medidas necesarias para crear y regular el registro de personas objetoras, conforme al mandato establecido en la ley orgánica 2/2010", en su artículo 19 ter, que incluyó en la reforma de la norma aprobada en 2023. Tres de los cuatro presidentes interpelados son del PP: el aragonés Jorge Azcón, la balear Marga Prohens y la madrileña Isabel Díaz Ayuso. El cuarto líder autonómico al que Sánchez da un toque de atención es el socialista Adrián Barbón, jefe del Principado de Asturias desde 2019.

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