El Gobierno no piensa dejar que se entierre ya la polémica sobre el aborto que sorpresivamente resucitó el propio PP la semana pasada, cuando el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, apoyó con su grupo la proposición de Vox en el Ayuntamiento que pedía obligar a dar información a las mujeres sobre un falso síndrome posaborto en sus centros municipales. El regidor tuvo que rectificar porque la polvareda estaba haciendo daño a su partido, pero el Ejecutivo levantó la bandera, consciente de que lo está en juego es el poderoso voto femenino: el pasado viernes planteó blindar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en la Constitución —imposible sin el concurso del PP— y este lunes informó de que ha exigido a cuatro comunidades autónomas que garanticen la prestación de ese derecho creando ya el registro de personas objetoras, tal y como exige la modificación legal introducida en 2023.
La Moncloa avanzó que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha enviado un "requerimiento formal" a los presidentes de Aragón, Asturias, Baleares y Madrid para que adopten, "con la mayor celeridad posible, las medidas necesarias para crear y regular el registro de personas objetoras, conforme al mandato establecido en la ley orgánica 2/2010", en su artículo 19 ter, que incluyó en la reforma de la norma aprobada en 2023. El presidente del Gobierno les da un plazo de tres meses desde la recepción del requerimiento. Y si pasado ese tiempo no hubieran actuado, advierte, "se activarán los mecanismos legales oportunos para exigir su cumplimiento".
Me dirijo a ti con la intención de ayudar a superar los obstáculos que, por desgracia, siguen encontrando muchas mujeres de nuestro país que deciden ejercer su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo", arranca la carta
"Me dirijo a ti con la intención de ayudar a superar los obstáculos que, por desgracia, siguen encontrando muchas mujeres de nuestro país que deciden ejercer su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo", arranca Sánchez en su carta, fechada este lunes, 6 de octubre, y a la que ha tenido acceso El Independiente. Tres de los cuatro presidentes regionales interpelados son del PP: el aragonés Jorge Azcón, la balear Marga Prohens y la madrileña Isabel Díaz Ayuso. El cuarto líder autonómico al que Sánchez da un toque de atención es el socialista Adrián Barbón, jefe del Principado de Asturias desde 2019.
¿Qué dice la norma? El artículo 19 ter de la ley orgánica del aborto 2/2010 —precepto que se introdujo en la reforma de 2023, con el impulso de la entonces ministra de Igualdad, Irene Montero— señala que se creará en cada comunidad autónoma "un registro de personas profesionales sanitarias que decidan objetar por motivos de conciencia respecto de la intervención directa en la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo". Aquellos que se declaren objetores, sigue la ley, lo serán tanto en el ámbito de la sanidad pública como en la privada, y un protocolo específico del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) recogerá las "condiciones mínimas para garantizar el cumplimiento de los objetivos perseguidos con la creación" del registro, junto a la salvaguarda de la protección de datos de carácter personal. Ese protocolo fue acordado por el CISNS el 16 de diciembre 2024 por unanimidad y, recuerda Sánchez en su misiva, es "de obligado cumplimiento". La ley deja también claro, en su artículo 19 bis, que el ejercicio de la objeción de conciencia no puede "menoscabar" la libertad de las mujeres a interrumpir su embarazo.
La Moncloa advierte de que la falta del registro de objetores "limita de facto el acceso de las mujeres a un derecho fundamental reconocido por ley". "El respeto a la objeción de conciencia" de los profesionales "no debe ser, en ningún caso, un impedimento para el acceso efectivo de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo en el Sistema Nacional de Salud, sea cual sea su territorio", señala Sánchez en su carta a los presidentes, a la que ha tenido acceso este diario.
El Gobierno, remata en su escrito, "seguirá empleando todos los medios a su alcance para asegurar que las mujeres que quieran ejercer libremente su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo puedan hacerlo en la sanidad pública y con todas las garantías" de seguridad, autonomía y libertad. Para la Moncloa, con este requerimiento el Ejecutivo "da un paso más para garantizar que todas las mujeres, vivan donde vivan, puedan ejercer su derecho" al aborto.
Sánchez advierte de que seguirá empleando "todos los medios a su alcance" para asegurar que las mujeres puedan ejercer su derecho en la sanidad pública y "con todas las garantías"
Esta medida se une a la propuesta de reforma de la Constitución avanzada el pasado viernes, una iniciativa pensada para "retratar" al PP, que ya adelantó su negativa porque entendía que el derecho está garantiza con la sentencia del Tribunal Constitucional que en 2023 avaló la ley de plazos del aborto aprobada en 2010. Un cambio en la Carta Magna exige, por la vía ordinaria, el apoyo de tres quintos de Congreso y Senado, un umbral para el que el PSOE necesita forzosamente a los populares.
Pero junto a esa reforma de la Ley Fundamental, el Gobierno avanzó una modificación que sí está en su mano, la del real decreto 825/2010, el que desarrolla la ley de plazos. La idea es impedir que las mujeres que quieren interrumpir su embarazo reciban "información falsa o sin evidencia científica". Para que sea, por tanto, imposible lo que pretendía el Ayuntamiento de Madrid con los votos de PP y Vox. Fuentes de la Moncloa indicaron a este diario que están intentando que ese cambio del real decreto llegue mañana martes al Consejo de Ministros, pero si no se acordará lo antes posible. Está previsto que, no obstante, comparezca mañana, tras la reunión del Gabinete, la titular de Sanidad, Mónica García.
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