La Comisión Europea ha anunciado este miércoles un procedimiento de infracción contra España por la multa de 179 millones de euros que el Gobierno impuso hace casi un año a Ryanair, Vueling Easyjet, Norwegian y Volotea por cobrar suplementos por el equipaje de mano o reservar asientos contiguos para acompañar a personas dependientes.
Bruselas considera que la Ley de Navegación Aérea española restringe la libertad de las aerolíneas para fijar precios y da un plazo de dos meses a las autoridades españolas para responder a las irregularidades señaladas por los servicios comunitarios.
Señala que la legislación europea "garantiza la libertad de las aerolíneas para fijar sus precios" y añade que, en base a una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el equipaje de mano "debe de ser, en principio, gratuito, siempre que cumpla unos requisitos razonables en cuanto a peso y dimensiones y respete las normas de seguridad aplicables".
"El equipaje de mano que exceda esos requisitos razonables queda sujeto a la libertad de precios de las aerolíneas", extremo que no aplica España, que además ha sancionado a cinco compañías aéreas por ese motivo, lo que también vulneraría la reglamentación comunitaria, añade la Comisión, según informa EFE.
Bruselas ha enviado a España una carta de emplazamiento instándole a adaptar la normativa y Madrid dispone ahora de dos meses para responder y subsanar las diferencias y, en caso de respuesta insatisfactoria, la Comisión emitiría un dictamen motivado, segundo paso del procedimiento de infracción.
La apertura del expediente a España se produce después de un enfrentamiento público entre el ministro español de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, y el máximo responsable de Ryanair, Michael O'Leary, una de las aerolíneas sancionadas en España, con una multa de 107 millones de euros.
Ryanair ha recurrido la sanción y O'Leary, que llegó a llamar a Bustinduy "ministro loco comunista", ha presionado desde entonces al comisario europeo de Transporte y Turismo Sostenible, el griego Apostolos Tzitzikostas.
El pasado septiembre, Bustinduy afeó a Tzitzikostas que accediera a reunirse con O'Leary antes que con él y, tras improvisar el comisario una videollamada con el responsable español, el ministro le pidió que no "desoiga su obligación de defender los derechos de los pasajeros".
En paralelo, las instituciones de la Unión Europea están tramitando una actualización de las normas de derechos de los pasajeros, sin que haya aún acuerdo entre Consejo de la UE (los países) y el Parlamento Europeo.
A la hora de fijar su posición, el Consejo centró el debate en el número de horas de retraso que deben dar lugar a una indemnización al viajero, mientras que la Eurocámara defiende que los pasajeros en la UE puedan embarcar en la cabina del avión con un bulto y una maleta pequeña gratuitamente.
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