Santiago Abascal trasladó este lunes, desde Segovia, entrando en precampaña de autonómicas, que veía "condenados al fracaso" el proyecto de presupuestos presentados por el PP en Castilla y León. 24 horas después, su grupo parlamentario en la región lo tumbó junto al PSOE al amparo de un informe jurídico la propuesta de los de Alfonso Fernández Mañueco. La Letrada Mayor de las Cortes alertó en un escrito que antes de iniciarse el trámite, debería aprobarse el techo de gasto. Esta coincidencia de voto entre ultraconservadores y socialistas han alentado la afirmación de que existe una "pinza" entre formaciones contra el PP como viene insistiendo Génova y el propio Alberto Núñez Feijóo.

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En Castilla y León las relaciones entre populares y Vox, con todo, son las peores. Hay más trato en otros enclaves también pendientes de nuevas cuentas para el 2026. Y, al margen de esa votación ya frustrada, esta recta final de semana se antoja clave para los gobiernos del PP en Extremadura o Baleares, donde se depende de pactos externos. Aunque de primeras, no hay buenas expectativas de que se consiga dar un paso adelante a diferencia de Valencia, donde después de desbloquear este año lo de la reconstrucción, ya se han iniciado conversaciones para los próximos.

El primer escenario, el de Extremadura lleva consigo una advertencia de adelanto de elecciones autonómicas que se materializará de no prosperar un consenso o bien con el PSOE o bien con Vox. El Gobierno de María Guardiola ya registró el proyecto de presupuestos en la cámara regional el miércoles pasado [el 15 de octubre era la fecha límite que contempla el Estatuto] sin esos apoyos asegurados pero como iniciativa de presión a los grupos. Este jueves se cumple el plazo para que los partidos presenten las enmiendas a la totalidad al proyecto, por lo que en estas últimas horas los populares comprobarán si hay algún margen a negociar con los dos principales partidos de la oposición y especialmente con Vox.

De producirse esas enmiendas a la totalidad, la convocatoria electoral estará más candente que nunca en la autonomía. Sobre todo, tras las palabras de advertencia de Guardiola semanas atrás: "O presupuestos para el futuro, o que el futuro lo decidan los extremeños". Fuentes del PP autonómico, igualmente, aproximan ese escenario electoral de darse el caso. De superarse la fecha límite sin movimientos de ningún grupo, el PP buscará reactivar las conversaciones con los de Miguel Ángel Gallardo y con los de Ángel Pelayo Gordillo. Ahora mismo, la sensación de bloqueo es total.

A principios de mes, fuentes del PP extremeño criticaban que Vox insinuase un interés del PP por no avanzar en las negociaciones y afirmaban que tras dos tomas de contacto con un Vox poco dialogante, esperaban que les trasmitieran sus condiciones para avanzar en las nuevas cuentas. Los de Gordillo pusieron sobre la mesa hasta 200 propuestas en materia económica, centradas, entre otras, en recortar el "gasto superfluo".

Pero, principalmente, Vox quiere un cambio de políticas, dado que a juicio del grupo Extremadura sigue anclada en una visión izquierdista -creen que la propuesta de Guardiola perpetúa las dinámicas del PSOE-. Se exige condenar el Pacto Verde, más medidas contra la inmigración irregular, retirar las subvenciones a ONG que 'la fomenten', suprimir las ayudas a sindicatos o blindar cuestiones de educación y cultura. Los de Guardiola creen que son asuntos independientes al presupuestario, generalidades que nacen del ideario y las exigencias de Madrid. Se señala a la cúpula de Abascal.

Independientemente de las conversaciones autonómicas, los populares señalan que la llave para desbloquear los acuerdos la tiene Abascal. Creen que se mueve por interés electoral

El 9 de octubre Guardiola ya dio un paso importante, al recuperar la supresión de la Ley de Memoria y su sustitución por una Ley de Concordia como exigía Vox -desde Génova no lo ven una cesión relevante, dado que "Feijóo prometió suprimir la ley nacional" si llega al Gobierno- y aparcó la popular tras la ruptura de gobiernos de PP y Vox en 2024. Pero Guardiola viene siendo la baronesa del PP más reticente a 'comprar' el marco ideológico de Vox a cambio de viabilidad de su gobierno. Y eso, bloquea las conversaciones.

El PP extremeño no quiere seguir dependiendo de coacciones por parte de Vox cada vez que es necesario realizar un trámite de este tipo. Las elecciones serán la salida más viable de haber un veto presupuestario. Si no se presentan enmiendas a la totalidad -que de aprobarse devolverían en proyecto al Gobierno-, el proceso de presupuestos autonómicos seguirán su curso con un debate final, incorporación o no de enmiendas parciales y votación definitiva en los días previos a Navidad. En juego hay 8.657 millones de euros, una subida del 6,9% (559 millones) respecto al anterior, los de 2023, aprobados por PP y Vox.

El segundo escenario es Baleares. A diferencia de Castilla y León, el Govern aprueba este viernes el techo de gasto iniciar el trámite de presupuestos. Después, la presidenta Marga Prohens se plantea abrir una ronda de contactos con los grupos. Aunque las previsiones no son favorables. Pese a que Vox desbloqueó las cuentas de 2025 en mayo, en esta ocasión fuentes populares ven a los de Manuela Cañadas desconectados. En el PP advierten de que solo debatirán cuestiones económicas y no habrá negociaciones ideológicas en paralelo para sacar las cuentas.

Hace tan solo un mes Ignacio Garriga, vicepresidente de Vox y secretario general, condicionó el voto favorable a dar cumplimiento a uno de los acuerdos de las anteriores cuentas: hacer que el castellano sea lengua vehicular y que se amplíe el español en las aulas. Al mismo tiempo hizo hincapié en la importancia de controlar la inmigración irregular. Ambas cuestiones, así como el rechazo al Pacto Verde, fueron cruciales hace unos meses para el acuerdo, que Vox lamenta "está por cumplir".

Apenas se han anunciado algunos de los 43 puntos firmados, pero no se han ejecutado. Aunque fuentes de Vox Baleares trasladan que ya ha habido contactos con el PP, se deja caer que aún hay camino por cumplir como para abordar unos nuevos presupuestos. Se incluye a lo anterior la exigencia de derogar la ley de Memoria Histórica. La intención del PP balear sería la de establecer un calendario de cumplimiento de lo pactado para alentar a Vox a aproximarse a estas nuevas cuentas. No hay mucho margen para Prohens: el 30 de octubre debe presentar su propuesta. Lo que tienen claro en el PP de Extremadura y de Baleares es que cualquier paso depende en exclusiva de Abascal y de Garriga. De Bambú.

Vox renuncia a un pacto en Aragón

Al igual que Extremadura, Aragón es la otra comunidad donde el PP tuvo que prorrogar cuentas este año ante la incapacidad de desbloquear un pacto con Vox. Tras semanas de tanteo, en la que el presidente aragonés y del PP de Aragón, Jorge Azcón, alejó las posibilidades de seguir los pasos de Guardiola y adelantar elecciones, el popular paralizó este martes cualquier nuevo contacto con Vox. Por los comentarios racistas en redes de uno de los asesores del grupo, Marcos Francoy, también secretario de Organización de Vox Huesca. Hasta que no fuese cesado -algo que se produjo por la tarde- Azcón se negaba a retomar los contactos en todos los ámbitos con Vox.

Entre los mensajes en su perfil de X, ya cerrado, Francoy además de loas a José Antonio Primo de Rivera o de difundir simbología nazi, atacó a la diputada nacional del PP, Cayetana Álvarez de Toledo. En interacciones con usuarios en la red, y abordando la cuestión de las deportaciones masivas y remigración, aseguró que la parlamentaria por su origen argentino debería ir "fuera". Pese a este episodio anecdótico, la sorpresa saltaba posteriormente, cuando Vox Aragón trasladaba en un comunicado tras la salida de Francoy que rechazaban negociar las cuentas con el PP.

"Tendrá que negociarlos con quien estén dispuestos a aceptar órdagos oportunistas y mezquinos", lanzan los de Abascal, que anticipan que exigirán de cara a un nuevo gobierno e investidura del PP la revisión de todos sus cargos y asesores" para "dar el consentimiento". Vox reacciona así contra Azcón tras el bloqueo anunciado por la mañana.

Hasta la fecha las conversaciones habían sido nulas según Vox y existentes en lo que respecta a la posición del PP. Vox quería tirar del PP en lo ideológico, insistiendo en que Azcón se sumase de nuevo a los compromisos con el rechazo de la inmigración ilegal, con la recepción de menores no acompañados y en contra del Pacto Verde para conseguir los presupuestos de 2025. Lo hicieron a la vez Carlos Mazón en la Comunidad Valenciana y Fernando López Miras en Murcia. Pero en su caso no valió. Ahora los de Alejandro Nolasco le pedían más. Incluso se ha planteado el compromiso de limpieza de ríos, algo que no depende de la comunidad recalcaron en distintos plenos los populares.

En el PP creen que Vox no ha tenido interés en aprobar sus cuentas en ningún momento y que esta salida lo demuestra. Tampoco ha habido sintonía con Bambú hasta la fecha, con quien se ha interactuado directamente. Los populares presentarán las nuevas cuentas para condicionar y presionar a Vox: de ellos dependen, dicen, las mejoras en sanidad, bienestar, educación o bajada de impuestos. Especialmente en la bonificación completa del de sucesiones para ascendientes, descendientes o cónyuges. En su visita esta mañana a Zaragoza, Elías Bendodo garantizó pleno respaldo de Génova a Azcón.

"Nos movemos en el respeto a la ley y la Constitución", dicen los populares. Nolasco, por su parte, reclama a Azcón que no se escude en la ausencia de presupuestos para avanzar en medidas. Aunque para los populares las cuentas son esenciales para ello. Aragón fue uno de los primeros que en 2024 retiró la ley de Memoria Histórica autonómica, lo que abrió conflicto con el Gobierno central en el Constitucional.

Tanto en Extremadura como en Aragón, se insiste en la idea de complicidad entre populares y socialistas para incentivar la idea de Vox como auténtica alternativa de Gobierno. Los de Abascal saben que hay una estrategia de presión autonómica promovida por Génova para alentar al voto de presupuesto con un acuerdo de mínimos que se niegan a adoptar. Por ello, endurecen su posición. Desconfían, en añadido, de si hay una petición de adelanto coordinado desde Madrid para ir de la mano de Castilla y León y Andalucía. De momento, el tono duro, les alienta en los sondeos.

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