La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo se prepara para el inicio de uno de los juicios más importantes de los últimos años. Este lunes, el alto tribunal se convertirá en el escenario de uno de esos momentos que marcan la historia para siempre: un fiscal general del Estado sentado en el banquillo de los acusados.

PUBLICIDAD

A partir de las 10:00 horas dará comienzo lo que será un evento histórico, dividido en un total de seis sesiones -con turnos de mañana y tarde- y que contará con un total de 40 testigos. El escenario dibujado en este juicio será, cuanto menos, singular. En el estrado podría sentarse el propio acusado, debido a su cargo. No obstante, lo más inusual no será eso, sino que veremos a María Ángeles Sánchez Conde, como fiscal en el juicio contra su superior.

En el centro, veremos al presidente de la Sala de lo Penal, Andrés Martínez Arrieta, escoltado a los costados por los magistrados Manuel Marchena, Antonio del Moral, Carmen Lamela, Juan Ramón Berdugo, y Susana Polo. Por último, en el lado de las defensas, no se sentarán letrados de a pie como ocurre en otros casos, sino que la defensa de García Ortiz estará compuesta por los abogados del Estado, Consuelo Castro y José Ignacio Ocio.

La primera jornada del juicio a García Ortiz estará marcada por las declaraciones de los fiscales Julián Salto, Pilar Rodríguez, Almudena Lastra y Diego Villafañe. Las testificales de los miembros del Ministerio Público ya fueron claves en la fase de instrucción, y su desarrollo en la vista oral podría ser crucial para su jefe, García Ortiz.

Primeras testificales

El primero en testificar será Julián Salto, el fiscal designado en la causa contra el novio de Isabel Díaz Ayuso al inicio de la instrucción. Él fue la persona encargada de recibir el correo electrónico del abogado del empresario Alberto González Amador, que más tarde fue publicado en prensa, y de cuya filtración se acusa al fiscal general.

En segundo lugar, declarará la fiscal jefe de Madrid, por su papel en la elaboración de la nota informativa difundida por la Fiscalía de Madrid a los medios el 14 de marzo de 2024. Rodríguez llegó a estar imputada en la causa dirigida por el magistrado Ángel Hurtado, no obstante, la Sala de Apelación del alto tribunal acordó archivar por unanimidad la causa contra ella al considerar que estaba obligada a informar al fiscal general del Estado por ser su superior.

También será clave el testimonio de la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, quien apuntó en sede judicial al máximo representante del Ministerio Público por la filtración de información confidencial de la pareja de la presidenta madrileña. En instrucción, aseguró que tras ver las informaciones publicadas en los medios referentes al correo enviado por la defensa de González Amador preguntó a García Ortiz si la filtración venía de él, a lo que este contestó: "Eso ahora no importa".

La declaración de Lastra u otros testigos, como el exlíder del PSOE madrileño, Juan Lobato, fueron determinantes para el procesamiento de García Ortiz. Además de estos testimonios, los mensajes incautados por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) en el móvil de la fiscal Pilar Rodríguez permitieron a los agentes situar a García Ortiz como el presunto ideólogo de la filtración.

Acusación contra García Ortiz

"Con salida de la Fiscalía General del Estado (FGE) y destino Presidencia del Gobierno, circuló el mismo correo de 2 de febrero de 2024", con esta demoledora frase el magistrado del Tribunal Supremo Ángel Hurtado dibujó el destino de Álvaro García Ortiz. El instructor ya concluía en un auto fechado en el mes de enero que la filtración del correo del abogado Carlos Neira venía del equipo del único acusado en este juicio.

Casi un año después, poco ha cambiado. Tras varios meses de instrucción, el juez acordó cerrar el caso y enviar a juicio por primera vez en la historia a un fiscal general del Estado, pese a no haber podido recuperar los mensajes borrados de su dispositivo móvil y de su cuenta de Google.

García Ortiz se enfrenta a penas de hasta seis años de prisión y doce de inhabilitación, tal y como solicita una de las acusaciones populares. El fiscal general está acusado de un presunto delito de revelación de secretos recogido en el artículo 417.1 y 2 del Código Penal. No obstante, esto no quita que la Sala de lo Penal pueda imponerle otros delitos como prevaricación o infidelidad en la custodia de documentos públicos.

El fiscal general será el último en tomar la palabra en el juicio que arranca este viernes. Está previsto que declare el próximo miércoles 12 de noviembre.

PUBLICIDAD