Oxígeno para el Gobierno desde Europa. Tanto como una "victoria rotunda". Es como calificaba este jueves el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, el informe de conclusiones del abogado general de la UE sobre la ley de amnistía, porque deja claro que la norma es "conforme a Derecho europeo", como siempre defendieron desde el Gabinete de coalición. La lectura del PP fue, como podía esperarse, contrapuesta, porque cree que el abogado general sí aprecía vulneración de "los principios del Estado de derecho" y, por tanto, "la legislación europea". Y para uno de los principales afectados por la ley, Carles Puigdemont, al que sin embargo no se le ha aplicado todavía, la última palabra "la tienen unos jueces que se sintieron llamados a salvar la patria".

PUBLICIDAD

El informe del abogado general de la Unión Europea, Dean Spielmann, avala, en líneas generales, la mayor parte de la ley de amnistía, en vigor desde hace más de un año y aprobada "en un contexto real de reconciliación política y social y no constituye una autoamnistía" y tampoco "incluye violaciones graves de derechos humanos". Su texto de conclusiones no es vinculante, pero tradicionalmente orienta la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), para la que todavía no hay fecha. El letrado considera que los gastos del procés independentista no afectaron a los intereses financieros de la UE, ni tampoco la norma contradice la directiva de lucha contra el terrorismo, puesto que, en su artículo 2, recoge una "exclusión explícita" de los actos que causan violaciones graves de derechos humanos como los derechos a la vida y a la integridad física. Tampoco aprecia el informe vulneración de los principios de igualdad ante la ley y de no discriminación, y no cree que exista falta de seguridad jurídica.

Spielmann encuentra que la ley sí "guarda una relación directa con su finalidad política: la normalización institucional y la reconciliación social en el contexto de la crisis catalana" y es "fruto de un procedimiento parlamentario regular tramitado en el seno de un sistema democrático pluralista", no impuesto por un poder autoritario. Y su aplicación, señala, "no se sustrae al control judicial". El abogado general precisa que la norma no se aplica a "todos los agentes del Estado o los titulares del poder", sino a "un conjunto determinado de actos, circunscritos en el tiempo y vinculados a un período de tensión política, sin consideración de la condición pública o privada de las personas interesadas". El texto sí pone algunas pegas: objeta, por ejemplo, que la ley dé a los tribunales un plazo de dos meses para aplicar el perdón y entiende que no se ajusta al Derecho europeo obligar a los órganos jurisdiccionales españoles a dictar una resolución absolutoria y a alzar las medidas cautelares en un plazo máximo de dos meses, aun cuando se haya consultado al TJUE y este no haya resuelto.

"Estamos muy satisfechos con las conclusiones del abogado general", celebró Bolaños ante los periodistas en los pasillos del Congreso. Para el Gobierno, es una buena noticia porque el informe "dice con toda claridad que la ley de amnistía es conforme al Derecho europeo". "Ya dijimos que la ley de amnistía era constitucional y era conforme al Derecho europeo y el tiempo nos está dando la razón. El Tribunal Constitucional ya declaró que la ley era constitucional y hoy el abogado general del TJUE ha dicho que la ley de amnistía es conforme al Derecho europeo, que no afecta a intereses financieros de la Unión y que la regulación del terrorismo con remisión al Convenio Europeo de Derechos Humanos que contiene la ley de amnistía es también conforme al Derecho europeo", destacó el ministro.

Bolaños incidió en el hecho de que Spielmann "desmiente por completo esa falsedad tantas veces repetida de la autoamnistía". Lo que ahora espera el Gobierno es que el TJUE "ratifique" la interpretación del abogado general. En cualquier caso, sostuvo, la ley "ya ha cumplido su objetivo político", que era la "normalización política, social e institucional en Cataluña". El dictamen conocido este jueves sí es, a juicio del Ejecutivo, "un paso más" en la aplicación de la norma a todos los líderes del procés. Ya se han beneficiado de la ley más de 350 personas, pero ahora "también se tiene que aplicar a todos" los dirigentes. Lo decía el ministro, obviamente, por Puigdemont y también por el jefe de ERC, Oriol Junqueras, que fue indultado por el Ejecutivo pero sobre el que pesa todavía pena de inhabilitación.

Ambos líderes independentistas se pronunciaron tras el informe del abogado general. El texto de conclusiones, para el expresident Puigdemont, "ha dejado en evidencia la indecente estrategia de la dilación y la manipulación con la intención de bloquear la aplicación de la ley de amnistía en su totalidad, y a todo el mundo: desde los acusados falsamente de terroristas —y, en algunos casos, condenados— por una malversación inexistente". El líder de Junts recordó que la ley de amnistía no se aplica a todos porque "existe una instrucción a la que obedecen ciegamente algunos tribunales, empezando por el Supremo", y "harán todo lo que esté a su alcance".

"La opinión del abogado general", siguió el expresident en su mensaje en su cuenta de X, "es muy explícita y muy bien fundamentada, pero no olvidemos que la última palabra la tienen unos jueces que se sintieron llamados a salvar a la patria. Y que para ellos, el encargo que les hizo alguien que habría tenido que ser juzgado como criminal de guerra es más vinculante que lo que pueda decir el Congreso y la Unión Europea. No estamos tratando con la justicia belga, alemana, italiana o francesa: estamos tratando con la española. Y quienes tenemos memoria y experiencia sabemos de qué son capaces".

Alegría también en Junqueras. El presidente de ERC confió en que el TJUE adopte la misma posición que el abogado general y se "allane el camino" para que se aplique la ley de amnistía. "Celebramos que avale con su posicionamiento las mismas tesis que nosotros hemos defendido siempre y esperamos que así lo confirme también el Tribunal de Justicia de la UE cuando acabe adoptando una posición definitiva sobre la materia", señaló el máximo responsable de los republicanos.

Para el president catalán, el socialista Salvador Illa, hoy se da "un paso significativo" por el que aseguró sentirse "contento". Y, como en otras ocasiones, volvió a reclamar que la ley de amnistía "se aplique con agilidad y sin subterfugios". Es decir, que también alcance a los líderes de ERC y Junts.

El PP no cambia su opinión sobre la norma. La sigue creyendo "inmoral" y entiende que, según el informe del abogado general, ha podido vulnerar "los principios del Estado de derecho" y, por tanto, "la legislación europea". Así lo manifestó en los pasillos del Congreso la vicesecretaria de Regeneración Institucional de los populares, Cuca Gamarra. "Que se lo lea", ironizó después Bolaños.

A Vox, en cambio, no le importa "absolutamente nada" lo que diga la Justicia europea porque, si de ellos dependiera, dijo Ignacio Garriga, secretario general de la formación de ultraderecha, "Puigdemont estaría en prisión".

PUBLICIDAD