El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, exigió este lunes al Gobierno que la designación del nuevo fiscal general del Estado siga tres criterios esenciales: que sea "un jurista de reconocido prestigio con más de 20 años de experiencia", que tenga el "aval del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con un informe favorable sobre la idoneidad del candidato" y que no haya despeñado cargos políticos en los cinco años anteriores. Esta última cuestión ya es de obligado cumplimiento, tras la reforma del Estatuto del Ministerio Fiscal de 2024, al que llegaron PSOE y PP tras el acuerdo de renovación del CGPJ de junio del año pasado.

Igualmente lo es contar con dos décadas de experiencia de carrera judicial para las suplencias en la "primera categoría" judicial, aunque para el nombramiento a fin de mandato se hace una referencia a "más de quince años de experiencia" en el estatuto. Pero no hay obligatoriedad para que el Gobierno cumpla con ese tercer criterio, así lo recalcan varias fuentes del ámbito judicial. De hecho, Moncloa no respetó por primera vez en democracia el informe desfavorable del CGPJ para designar hace dos años a Álvaro García Ortiz, quien este lunes renunció después del fallo en su contra del Tribunal Supremo, atribuyéndole un delito de revelación de secretos. En concreto, por la situación del empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, con Hacienda.

"Este es un compromiso que asume el PP y espero que lo asuma también el Gobierno en su próximo nombramiento", reiteró Feijóo al mencionar esa idoneidad y el informe preceptivo y favorable.

Fuentes populares, sin entrar en matices sobre lo que supone para el partido y para el propio Feijóo esa "idoneidad" verbalizada por el dirigente, creen que no se entendería que la futura propuesta del Ejecutivo siga adelante sin el visto bueno del CGPJ. Todo, pese a que no hay definido ningún apartado en el que se especifique ese criterio con rotundidad. Se hace mención, en cambio, a los consensos generales con los populares en ese acuerdo firmado entre el ministro de Justicia, Félix Bolaños, y el exvicesecretario de Acción Institucional, Esteban González Pons.

En ese pacto se hace hincapié en la independencia judicial y las garantías del CGPJ y de la Fiscalía General del Estado, por lo que el PP cree que eso es suficiente para que a diferencia que en el nombramiento anterior, el Gobierno tenga que acatar lo que tenga que decir el órgano de gobierno de los jueces. Sobre todo cuando hay compromiso con esa independencia en propuestas posteriores como el Proyecto de Ley Orgánica de Reforma del Estatuto del Ministerio Fiscal -un compromiso adquirido en ese pacto de 2024 con el PP-, suscribiendo Bolaños y su departamento que un fiscal general tendrá "un mandato fijo de cinco años -desvinculándolo de una legislatura de gobierno- y no podrá ser cesado sin un informe previo del CGPJ".

Feijóo promete que si llega al Gobierno reformará el Estatuto del Ministerio Fiscal para que el nombramiento del fiscal general dependa del sí del CGPJ

En el PP estiman que esta atribución a Consejo es extensible al peso que debe tener el órgano en el nombramiento, pese a no ver esa mención expresa en la reforma propuesta. El Gobierno, una vez decida qué candidato propone, deberá solicitar y recibir el informe preceptivo del CGPJ, dado que en el actual Estatuto, se hace alusión a que la elección "será nombrado por el Rey (...) oído previamente el CGPJ". Solo una mención concreta en esa futura reforma podrá evitar esa capacidad de desoír el criterio del órgano. A ella se comprometió Feijóo a principios de septiembre en una entrevista en Telecinco: "Que el fiscal general no lo nombre el Gobierno simplemente, sino que su nombramiento tenga que estar sometido al visto bueno del CGPJ" y que "en caso de que sea investigado por el Supremo" tenga que "cesar automáticamente".

Para los populares, garantizar esa independencia "nunca fue objeto de confrontación con el Gobierno" y no respetar, de darse el caso, la idoneidad que estipule el CGPJ sería "contradecir" el acuerdo de Bruselas y el proyecto salido de Consejo de Ministros, aún en tramitación. Dudan del proceder de Moncloa y si querrá a ir por las bravas tras el golpe del Supremo con su fallo sobre García Ortiz, que ven desproporcionado. No ven aliciente, con todo, cuando no podrá colocar a nadie de la cuerda que no tenga margen de cinco años tras un paso por el Gobierno.

Elección bajo "la sombra de la degradación sanchista"

Feijóo, durante su participación en un acto en Génova sobre el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, como previa a este 25-N, afirmó que, en todo caso, cualquier nombramiento no escapará a la "sombra de la degradación sanchista", por lo que apeló a la necesidad de un cambio de gobierno que "dé credibilidad a las instituciones". Con esa apreciación Feijóo recalca que tras el nombramiento no habrá aparentemente un cambio en el funcionamiento de los mecanismos.

Ese cambio del Estatuto del Ministerio Fiscal, por culminar, no desligará en esta ocasión al fiscal general del tiempo que dure Sánchez en el cargo. La reforma "establece que el fiscal general tendrá un mandato de cinco años no renovables salvo que el mandato haya sido muy corto". Por otro lado, sin que haya prosperado la reforma, el Gobierno puede seguir dando instrucciones directas al Fiscal General. La propuesta de Bolaños recoge que se "prohíben" esas instrucciones y que "las comunicaciones entre el Gobierno y el fiscal serán públicas, por escrito, y pasarán por el ministerio de Justicia". Igualmente, se impiden comparecencias directas del fiscal ante el Consejo de Ministros. Además, se indica que el fiscal general asume las competencias que ahora sigue teniendo el Gobierno: nombramientos, ascensos o sanciones a fiscales.

Las reformas de Bolaños, bloqueadas

Salvo un volantazo de Junts, será imposible que en esta legislatura salgan adelante las dos reformas estrella de Bolaños, ese cambio estatutario que se adapta a la realidad de la otra cuestión: la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal.

Los asuntos están estancados en la comisión de Justicia después de Junts presentase enmiendas a la totalidad a esa y otra veintena de leyes tras romper con el Gobierno a finales de octubre. No vale, por tanto, contar con una mayoría simple o una abstención de los posconvergentes, sino con un explícito voto afirmativo para la mayoría absoluta. Tampoco es posible la vía del PP.

Pese a mostrarse favorables a esa reforma, el contenido no agrada. Se comparte el criterio de numerosas asociaciones judiciales critican que no se esboza una independencia judicial real en ninguna de las reformas. Entre otros, por esa capacidad del Gobierno de elegir al fiscal general -que supone un elevado "riesgo de injerencias políticas"-; por la potestad de superiores para relevar a fiscales designados para dirigir una causa esgrimiéndose motivos "técnicos, jurídicos o de especialización"; o por la pretensión de trasladar la instrucción de las causas penales a los fiscales en un momento de crisis por la causa de García Ortiz y en la que no se garantiza la independencia.