El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha votado por primera vez en democracia en contra de la idoneidad de un fiscal general del Estado, en este caso de Álvaro García Ortiz, como trámite previo y únicamente consultivo para confirmarlo en el cargo. García Ortiz fue designado para el puesto el 19 de julio de 2022 cuando su antecesora Dolores Delgado anunció su dimisión por razones de salud y había cesado cuando lo había hecho el Gobierno que lo nombró, así que de facto estaba en funciones tras las elecciones generales de julio. El nuevo Ejecutivo de Pedro Sánchez ha decidido prorrogar la confianza en él para la nueva legislatura, pero el trámite del Consejo ha terminado con ocho vocales en contra de su designación frente a siete.

El CGPJ había incorporado a su orden del día este asunto después de que el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes que dirige Félix Bolaños comunicara esta semana tras el Consejo de Ministros que había aprobado un acuerdo para recabar la audiencia preceptiva del órgano Judicial antes del nombramiento. La ley establece que el fiscal general del Estado será nombrado por el rey, a propuesta del Gobierno, oído el CGPJ.

El pleno ha sido de alto voltaje porque había que decidir si García Ortiz era idoneo o no para el cargo justo después de que el Tribunal Supremo haya señalado en una sentencia que hubo una "desviación de poder" para ascender a su antecesora Delgado. El vocal Enrique Lucas, que habitualmente se alinea con los progresistas, se ha abstenido de la decisión de hoy porque su hermano, el magistrado Pablo Lucas, participó de dicha sentencia y eso ha terminado por inclinar la balanza. El pleno ha aceptado por unanimidad la abstención que el propio vocal había planteado desde el inicio.

La mayoría del sector conservador ya votó en su momento (hace un año cuando se designó a García Ortiz por primera vez) en contra y estos siete lo han vuelto a hacer ahora a quienes se ha sumado el togado Wenceslao Olea. Son, por tanto, ocho de los 15 vocales actuales los que han rechazado al jefe del Ministerio Público.

Ya el pasado año, cuando García Ortiz tomó posesión por primera vez, siete conservadores --Nuria Díaz, José María Macías, Carmen Llombart, José Antonio Ballesteros, Gerardo Martínez Tristán, Ángeles Carmona y Juan Manuel Fernández-- redactaron un duro voto particular por considerar que García Ortiz no cumplía los requisitos de imparcialidad.

Olea se ha sumado esta vez a este voto, mientras que los conservadores Juan Martínez Moya y el presidente Vicente Guilarte han votado con los progresistas. A favor, por tanto, se han posicionado los dos mencionados junto a los vocales Roser Bach, Mar Cabrejas, Álvaro Cuesta, Clara Martínez de Careaga y Pilar Sepúlveda.

El pleno que debería componerse de 20 profesionales ha ido menguando en los últimos meses a golpe de renuncias y jubilaciones y lleva sin ser renovado desde 2018 que es cuando sus miembros deberían haber sido cambiados por un nuevo CGPJ. Todos estos elementos ha propiciado un pronunciamiento que no había ocurrido antes con ningún otro fiscal general.

Antecedentes

La "ideoneidad" sobre los fiscales generales es una palabra que no ha estado siempre en tela de juicio ni ha sido debatida en el seno del Poder Judicial. La gran mayoría de los jefes de la Fiscalía han sido apoyados por el CGPJ para ser después ratificados por el Gobierno sin mención alguna a su suficiencia.

La primera vez que esta sintonía se quebró fue en 1986 con Javier Moscoso del Prado que logró 13 votos a favor, seis en contra y uno en blanco. También en 1992 el exfiscal general Eligio Hernández terminó con seis votos particulares que rechazaban ser el profesional adecuado y, finalmente, el caso Dolores Delgado. Su paso directo del Ministerio de Justicia a la Fiscalía no fue acogido de buen grado en el Poder Judicial y de los 19 votos logró 12 a favor, pero siete en contra. La misma suma que obtuvo García Ortiz la primera vez.

Ocurre que esta vez el fiscal general ha perdido el apoyo de Olea y Lucas, pero también del expresidente Carlos Lesmes (que renunció), del expresidente interino Rafael Mozo (que se jubiló) y de la vocal a propuesta de Izquierda Unida Concepción Sáez (que también dimitió).

Esta vez, fuentes internas del Consejo explican que la sentencia del Tribunal Supremo ha sido clave y centro del debate. El único requisito para ser fiscal general del Estado es ser jurista de reconocido prestigio con más de 15 años de ejercicio profesional y eso García Ortiz lo cumple. Pero los miembros del órgano han podido valorar este año y medio de cargo del jefe del Ministeiro Público y en base a ello han decidido no dar el 'placet'.

En cualquier caso, este trámite es meramente consultivo. El Gobierno puede seguir adelante con el nombramiento del fiscal general si así lo desea.