A todos los frentes que mantienen Gobierno y Partido Popular se suma uno no menor, esto es, el de la financiación autonómica. La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, lo presenta formalmente este viernes, pero después de dejar que fuera el líder de ERC, Oriol Junqueras, quien lo anunciara a la prensa tras reunirse con Pedro Sánchez. Es más, desde Moncloa explicaban la sucesión de comparecencias del día de hoy, pues tras Montero lo hará de nuevo Junqueras tras reunirse en Barcelona con el presidente de la Generalitat catalana, Salvador Illa, quien, por su parte, hará una declaración institucional sobre el acuerdo de financiación.

Con esta estrategia resultan difíciles de entender las apelaciones del Gobierno en el sentido de que su objetivo no es primar a Cataluña por encima de otros territorios y que la dificultad principal a la que se enfrentan es el "reto comunicativo" de explicar que se trata "de un modelo justo y equilibrado que beneficia a todos", dicen fuentes del Ejecutivo. Resulta también llamativa la forma en que desde Moncloa rebajaron el miércoles las expectativas de la primera reunión entre Sánchez y Junqueras, dando por improbable un pacto sobre financiación. O era puro tacticismo o algo ocurrió en esas horas que obligaron a un cambio para que Junqueras no saliera de Moncloa con las manos vacías.

Ni Sánchez ni Moncloa aluden a un pacto con Junqueras ni dicen nada de ordinalidad

Otro dato significativo, a la espera de las explicaciones que ofrezca Montero en el día de hoy, es que tras las declaraciones de Junqueras a la prensa, Moncloa ofreció una versión del encuentro en el que nada se decía de un acuerdo con ERC y, mucho menos, de ordinalidad. Es más, aludían al cumplimiento del mandato adquirido por Sánchez en la última Conferencia de Presidentes, celebrada en Barcelona en junio del año pasado.

Y ya el propio presidente del Gobierno, vía X, reseñaba su voluntad de "seguir impulsando la agenda progresista del Gobierno y un nuevo modelo de financiación autonómica". "Un modelo -agregaba- que sea más justo y que dé más recursos a todas las comunidades para financiar más y mejor los servicios públicos. Para más sanidad y más educación. Este Gobierno cree en el Estado de las Autonomías y en un Estado del Bienestar fuerte".

La intención del Gobierno es llevar este debate al terreno de los servicios públicos

Esa es la intención del Gobierno; llevar este debate al terreno de los servicios públicos "porque si le das importancia a la sanidad, a la educación y a la dependencia es imposible rechazarlo", dicen en Moncloa, lo que adelanta el tono del enfrentamiento contra el PP en un año electoral. Pero la oposición, ya expresada por el propio Alberto Núñez Feijóo y todos sus barones territoriales, no es el único muro al que se enfrenta Montero.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, fue, de hecho, el primero en poner pie en pared. "Es el mayor quebranto a la ideología socialista", se despachó y apeló a que los privilegios "están expresamente prohibidos en la Constitución". Y muy llamativo fue el silencio del otro barón autonómico del PSOE que preside una comunidad de régimen común: el asturiano Adrián Barbón. En todo caso el ya dejó clara su posición en septiembre pasado. Entonces apeló a un acuerdo multilateral de financiación autonómica «sin privilegios, sin discriminaciones y con más recursos" y "no aplicar lo que se acuerde con Cataluña" que parece exactamente lo que se ha hecho.

Montero tiene, sin duda, otro as bajo la manga: aumentar los recursos de todas las Comunidades. "El momento económico de bonanza nos lo permite", alegan en Moncloa y, ya de paso, pretenden poner en apuros a los territorios gobernados por el PP. Ya lo hizo la vicepresidenta primera con la propuesta de la quita de la deuda pactada también con ERC. Si a Cataluña se le iban a condonar 17.104 millones de euros, la más beneficiada resultaba Andalucía con 18.791.

El Consejo de Ministros aprobó el 2 de septiembre del pasado año el anteproyecto de Ley, de manera que el Estado asume en conjunto más de 83.000 millones o, lo que es lo mismo, 'mutualiza" las deudas que muchos territorios tienen con el FLA.

Reacción airada del PP

Tras conocer las palabras de Junqueras, el líder del PP, Alberto NúñeFeijóo, manifestó que "la igualdad de los españoles no puede ser moneda de cambio. La Moncloa no es una casa de empeños para apuntalar un gobierno en ruinas. La financiación autonómica debe perseguir el bien común y así será cuando gobernemos". La medida también fue discutida por los tres presidentes autonómicos que se enfrentan a elecciones este año.

Por orden. El aragonés Jorge Azcón expresó su preocupación por el acuerdo y reclamó una convocatoria urgente del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) "para defender los intereses de los aragoneses con uñas y dientes". Precisamente, Moncloa espera que su candidata aragonesa, Pilar Alegría, también comparezca de alguna manera para defender las bondades del nuevo modelo con ERC.

El castellanoleonés Alfonso Fernández Mañueco expresó su "más firme rechazo a cualquier pacto bilateral que rompa la igualdad, la caja común y la solidaridad entre comunidades. El Gobierno de #CastillayLeón defenderá los intereses de las personas de esta tierra con todos los instrumentos que nos da la ley". Y el andaluz Juanma Moreno, rival electoral de Montero, considera que "mal empieza la propuesta de nuevo modelo de financiación autonómica, negociada unilateralmente con un inhabilitado del procés y sin contar con el resto de territorios de España. #Andalucía no va a consentir un nuevo maltrato del Gobierno de Sánchez y que se rompa la igualdad".

El tercer frente del Gobierno es Junts

Esa fue más o menos la tónica de las reacciones de los populares en lo que será un nuevo frente de confrontación con el Gobierno, pero también, de las pocas baronías autonómicas del PSOE. Y hay que añadir a otro actor en todo este debate: Junts. La formación liderada por Carles Puigdemont ha dicho que todo aquello que no sea un cupo al estilo vasco o navarro es un engaño. Las probabilidades de que el nuevo modelo salga adelante en su paso por el Congreso es, en estos momentos, nulas.