Al menos la mayoría de PP y PSOE avalarán este martes por la tarde en el pleno del Congreso la toma en consideración de la reforma del estatuto de autonomía de Castilla-La Mancha que el Gobierno socialista de Emiliano García-Page pactó con el PP de Paco Núñez en la región en mayo. Un acuerdo que supondrá una reforma de la ley electoral así como un reforzamiento de derechos sociales como el acceso a la vivienda y a las tecnologías, la igualdad o ampliación de las competencias en educación, sanidad o servicios sociales. Igualmente, el desarrollo y la equidad en las zonas rurales, con medidas contra la despoblación. Tendrá carácter orgánico y todo apunta a que solo Vox se opondrá, tras ser el único que mostró su rechazo.

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La negativa de los ultraconservadores se da principalmente por esos cambios electorales que supondrán, entre otros, la subida de 33 a 55 diputados regionales los miembros del Parlamento de Castilla-La Mancha. Una reforma que no se aplicaría hasta pasado diciembre de 2027, por lo que no implicaría a los siguientes comicios de mayo de ese año. Vox esgrime un rechazo en términos económicos, a lo que añade una denuncia del entendimiento del bipartidismo en cuestiones burocráticas, la renovación del CGPJ o cuestiones climáticas. Este pacto está siendo utilizado por los de Santiago Abascal para arremeter contra el PP de Alberto Núñez Feijóo en plenas negociaciones valencianas, donde piden desviarse de toda senda de consenso con los socialistas y de sus políticas.

Precisamente, alegando austeridad, la entonces presidenta castellano-manchega, María Dolores de Cospedal, redujo en 2014 a 33 desde los 49 el número de escaños, en un contexto de recortes post crisis económica. Algo que denunció y recurrió el PSOE desde el Senado al Tribunal Constitucional, asegurando que el PP quería impedir el acceso de los partidos minoritarios a la Cámara regional. Ahora, socialistas -con mayoría absoluta- y populares vuelven a un consenso. El compromiso es que pasado diciembre de 2027, se negocie una reforma electoral que deberá contar con tres quintas partes de la Cámara, unos 20 escaños actualmente que tienen ambos partidos.

La reforma persigue ajustar la realidad del parlamento al incremento de población de los últimos años, con más de dos millones de habitantes. Castilla-La Mancha es la novena comunidad con mayor número de ciudadanos, pero la que tiene unas Cortes más reducidas junto a La Rioja. Igualmente, se busca facilitar esa pluralidad. La cámara está muy poco fragmentada, solo con la representación de PSOE (17), PP (12) y Vox (4). Pese a que en las pasadas elecciones Unidas Podemos superó la barrera del 3% global (un 4,16% en concreto) no consiguió escaño en ninguna provincia.

Tanto García-Page como Núñez intervendrán en la sesión para defender el acuerdo acompañados en la tribuna de asistentes por miembros del Gobierno regional y representantes de los agentes sociales que han contribuido al consenso y a planificar la reforma. Tras darle el pleno luz verde, la reforma del estatuto se trasladará a la Comisión Constitucional del Congreso para su debate y las pertinentes modificaciones vía enmiendas que los grupos consideren. Lo harán grupos como Sumar y formaciones como Podemos desde el Grupo Mixto. El horizonte legislativo que se maneja en la Cámara Baja es que, si todo sale como se espera, antes de junio de 2026 haya pasado por el Senado para su aval definitivo en el hemiciclo.

Una votación en pleno choque de PSOE y PP

Tanto Page como Núñez vienen apelando a la "lealtad" para una reforma de estatuto que no exige más competencias, sino que blinda a la comunidad. Se apela al consenso para sacarla adelante. Ello en un momento de notable beligerancia entre el principal partido del Gobierno, el PSOE, y la formación líder de la oposición, el PP. Al choque ya recurrente se suma más tensión por la denuncia del PSOE al PP por la crisis de cribados de cáncer de mama en Andalucía, el contexto preelectoral en Extremadura y las negociaciones valencianas entre PP y Vox que hacen arremeter a los socialistas contra los populares por la "dependencia" y dejar en manos de Abascal la gobernabilidad.

Por otro lado, el PP dobla su apuesta contra Pedro Sánchez. Este miércoles, el presidente del Gobierno volverá a comparecer en el Congreso para dar cuenta de las recientes cumbres internacionales, a lo que el PP añadió de nuevo la demanda de explicaciones por la corrupción que presuntamente rodea a su partido y a su entorno personal. En su segunda intervención, Feijóo pedirá explicaciones a Sánchez por la financiación de su partido y sobre los pagos en metálico a José Luis Ábalos y Koldo García.

Además, los populares pondrán a prueba esta semana con varias votaciones la nueva situación de minoría de Sánchez tras el veto de Junts, y la capacidad de cimentar una mayoría alternativa para cuestiones como la prolongación de las nucleares, que se incluye en una enmienda desde el Senado al proyecto de Movilidad Sostenible del Gobierno. De prosperar, supondrá un duro golpe para la estabilidad de Sánchez y sus socios de izquierda, que rechazan esa prórroga.

Este mismo lunes, desde Melilla, Feijóo acusó a Sánchez de "romper" la independencia judicial e "interferir" en el Tribunal Supremo al proclamar la inocencia del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Cuestionó la defensa pública del socialista a García Ortiz antes del fallo judicial, algo que calificó de inédito en democracia. Esa tensión entre socios, que desde enero y junio de 2024 no han alcanzado un pacto de Estado tras la reforma del artículo 49 de la Constitución y del CGPJ, irá en ascenso conforme se aproxima el nuevo ciclo electoral. A Extremadura le seguirá Castilla y León y Andalucía, con la duda de si entre medias se sumarán Aragón y la Comunidad Valenciana.

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