Un departamento clave de la seguridad de EEUU envió información relevante a la UDEF al aparecer Zapatero

Una investigación abierta en Estados Unidos sobre el empresario venezolano Rodolfo Reyes, accionista histórico de Plus Ultra, acabó llevando al Departamento de Seguridad Nacional estadounidense (DHS) a remitir información a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) tras detectar la aparición de personas políticamente expuestas y movimientos financieros vinculados al entorno del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Así consta en uno de los informes incorporados a la causa que instruye en la Audiencia Nacional el juez José Luis Calama por el rescate público de la aerolínea, y que ha terminado situando al exdirigente socialista bajo investigación por presunto blanqueo de capitales y tráfico de influencias.

Según el documento policial, al que ha tenido acceso El Independiente, la información llegó a España a través de los canales de cooperación internacional de la Policía Nacional desde la oficina en Madrid de Homeland Security Investigations (HSI), el brazo investigador del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS), especializado en crimen transnacional, corrupción y delitos financieros complejos.

En concreto, el departamento solicitaba colaboración conjunta para investigar una organización trasnacional dedicada al blanqueo de capitales y a la corrupción de empresarios y personas políticamente expuestas. En terminología financiera internacional, una persona políticamente expuesta es alguien que ocupa o ha ocupado cargos públicos de relevancia y que, por su posición o influencia, presenta un mayor riesgo potencial de verse implicado en operaciones de corrupción o blanqueo. Las entidades financieras y los organismos antiblanqueo aplican controles reforzados sobre este tipo de perfiles.

El móvil de un empresario venezolano investigado en EEUU

La comunicación remitida por Estados Unidos señalaba específicamente al empresario venezolano Rodolfo Reyes Rojas, histórico accionista de Plus Ultra a través de la sociedad Snip Aviation. Según la UDEF, una de las líneas de investigación de HSI se centraba en las "ilícitas actividades relacionadas con el blanqueo de capitales y la evasión de sanciones impuestas por Estados Unidos" presuntamente desarrolladas por Reyes mediante diversas sociedades, "entre las que se encontraba Plus Ultra Líneas Aéreas S.A.".

En ese contexto, el organismo estadounidense realizó en 2021 una extracción completa del teléfono móvil de Reyes. La agencia norteamericana consideró que el contenido del dispositivo podía resultar de interés para las autoridades españolas y servir para "sustentar la presentación de cargos penales contra las personas en España implicadas en estas actividades financieras ilícitas", por lo que obtuvo autorización judicial y remitió el material a la Policía española.

Ese teléfono se ha convertido en una de las piezas centrales de la causa. De las conversaciones extraídas del terminal nacen, precisamente, los principales indicios que sustentan la imputación de Zapatero acordada esta semana por el juez Calama, como ya informó El Independiente. Es a partir de los mensajes de Reyes que la investigación reconstruye el recorrido de los directivos de Plus Ultra para intentar acceder a las ayudas públicas en los meses iniciales de la pandemia. Los primeros pasos se dan en marzo de 2020, cuando el accionista venezolano y el abogado Miguel Palomero exploran contactos políticos y vías de influencia para lograr el rescate. Textualmente: "Dónde tocar puertas".

La primera puerta fue la del Ministerio de Transportes que entonces dirigía José Luis Ábalos. La 'vía Ábalos'. Pero, paralelamente, la cúpula de Plus Ultra se decidió a activar también la 'vía Zapatero'. Esta fue la que acabó por tener un papel "predominante" y permitió a la compañía alcanzar los objetivos que perseguía, según el juez Calama.

"Es pro-Sánchez y pro-Maduro"

La primera mención al expresidente socialista llega el 30 de marzo de 2020. entre Rodolfo Reyes y el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Solá. Según recoge la UDEF, Reyes le pregunta: "¿Tienes idea cómo llegamos a los hilos políticos, tema ayudas, financiamiento etc etc etc?". Martínez Solá responde entonces que el director financiero de la compañía, Roberto Roselli, ya le había trasladado esa necesidad y que había activado "dos vías" para intentarlo: "Delcy que llame a Ábalos" o "alguien con Zapatero".

"¿Sirve pa algo ese señor?", pregunta Reyes. "Es pro Sánchez", responde el presidente de la aerolínea. "Y pro Maduro", añade el accionista, a lo que Martínez Solá responde, para zanjar: "El fin justifica los medios".

Ese mismo día, Reyes contacta además con el diplomático venezolano Ramón Gordils para explorar directamente un acercamiento al exlíder socialista. "¿Tú crees que podamos pedir ayuda a Zapatero?", pregunta. Gordils le contesta: "Vayan recorriendo la ruta formal, yo busco como llegarle a ZP".

Ese "puente con ZP" termina materializándose apenas un mes después. El 28 de abril de 2020, Reyes comunica a Martínez Solá que el contacto con el entorno del expresidente ya se había producido: “Acaba de hacerse el puente con ZP”. A partir de ahí, la investigación sostiene que la denominada “vía Zapatero” pasó a ocupar un papel central en las gestiones para acceder al rescate de 53 millones concedido posteriormente por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

Los avisos de las Fiscalías de Francia y Suiza

El material intervenido en EEUU llegó a España cuando la investigación sobre Plus Ultra todavía estaba en manos de la jueza Esperanza Collazos, titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid. Tras su extracción por parte de las autoridades estadounidenses, fue remitido a la Policía Nacional española, que lo trasladó posteriormente al juzgado de Collazos. Más adelante, la instructora se inhibió en favor de la Audiencia Nacional, donde el procedimiento ha quedado finalmente centralizado bajo la tutela del juez Calama.

Precisamente, el origen de la investigación sobre Plus Ultra se encuentra también fuera de España. Según fuentes conocedoras consultadas por este periódico, el procedimiento se activó inicialmente tras varias peticiones de cooperación remitidas desde Francia y Suiza para investigar una presunta red de blanqueo de capitales vinculada con Venezuela.

Aquellas solicitudes derivaron en registros en España y terminaron poniendo sobre la pista a la Fiscalía Anticorrupción, que comenzó a investigar el destino de los 53 millones del rescate público de Plus Ultra. Los investigadores sospechaban que parte de esos fondos podrían haberse utilizado para canalizar dinero procedente del contrabando de oro y de la malversación de ayudas sociales en Venezuela.

La causa acabó centralizándose en la Audiencia Nacional bajo la tutela del juez Calama desde el Juzgado Central de Instrucción número 2, que además mantiene abierta una pieza separada secreta sobre las conexiones internacionales de la trama. Tal y como adelantó El País, el magistrado ya ha enviado una comisión rogatoria a Estados Unidos para solicitar nueva información sobre varios de los investigados y sobre posibles cuentas en el extranjero.