Un desastre sin paliativos para el ferrocarril español. La alta velocidad, el gran estandarte de la ingeniería y el transporte nacional, permanece marcado por el luto y la incógnita sobre qué pudo hacer que una vía se partiese a la altura de la localidad cordobesa de Adamuz, causando dos descarrilamientos y 45 muertos.

Descarrilamiento

El Golpe

Desde su puesta en marcha en 1992, la alta velocidad española ha sido un escaparate para el mundo. Las grandes constructoras y los fabricantes nacionales ha cruzado fronteras logrando hacerse con proyectos internacionales de primer nivel como el AVE a La Meca. Pero desde hace un lustro aproximadamente, el sentir es que lo que antes funcionaba como un reloj comenzó a convertirse en pesadilla para muchos viajeros. Especialmente en fechas señaladas como las navidades, el verano o la semana santa.

Está en cuestión si las inversiones milmillonarias en construcción tuvieron la suficiente continuidad después en mantenimiento para que la infraestructura esté en un estado no ya de confort para el viajero, sino para la seguridad de los millones de usuarios que viajan cada año a bordo de los trenes. España ha ido tejiendo durante las últimas tres décadas una de las redes más extensas del mundo por detrás de China. Un sistema fiable, rápido y seguro que ha unido grandes capitales, del que los directivos del ministerio y las empresas presumían como "un ejemplo" admirado fuera.

Tras su llegada a Moncloa, el Gobierno del PSOE apostó por cumplir antes que nadie la directiva comunitaria que obliga a los países a liberalizar el sector y dar entrada a compañías que compitieran con la pública Renfe. Pese a la falta de inversiones durante los años posteriores a la crisis económica, el Ejecutivo empezó a preparar la apertura de la red a nuevos operadores como Ouigo e Iryo, que contribuyeron a disparar la demanda de viajeros de forma exponencial. Muy por encima de sus cálculos iniciales.

Y la apertura coincidió en el tiempo con la llegada de los Fondos Europeos de Reconstrucción aprobados tras la pandemia. La gallina de los huevos de oro para un Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) que por fin podía poner al día la red tras la sequía que se arrastraba. Se pisó el acelerador en la ejecución de obras por todo el territorio nacional con tal de cumplir los plazos fijados por Bruselas. Todo, eso sí, sin asumir el coste político que hubiera supuesto cortar el tráfico ferroviario en determinados tramos como se hace en países como Alemania.

El Gobierno ha difundido un informe en el que destaca que el gasto en mantenimiento de la red ferroviaria española ha aumentado un 54 % desde 2018, pasando de unos 731 millones a alrededor de 1 120 millones de euros anuales. Este incremento se produce tanto en la red general como en las líneas de alta velocidad, y también se observa un aumento en el gasto por kilómetro, incluso cuando se ajusta por la mayor extensión de la infraestructura.

Pero el crecimiento exponencial de la demanda unido a la explosión de intervenciones y renovación de las líneas acabó desatando la tormenta perfecta del tren. Comenzó a cundir una sensación de falta de fiabilidad impropia de la joya de la corona del ferrocarril español. Renfe incluso cambió su sistema de compensación por retrasos, para rebajarlo hasta los estándares mínimos fijados por ley, con los que jugaban sus otros dos competidores. Atrás quedaron las devoluciones de dinero por una demora superior a los 15 minutos.

Cualquier avería o accidente tiene ahora un fuerte efecto multiplicador por el incremento tan grande de la demanda. Lo que antes afectaba a unas pocas circulaciones, empezó a dejar imágenes de grandes aglomeraciones en estaciones que no estaban adaptadas al flujo de viajeros estimado al principio del proceso de liberalización. El propio Gobierno decidió estimular también a base de bonos y ayudas públicas para fomentar el uso del transporte público.

La tragedia de Angrois que causó 80 muertos en un Alvia en Santiago de Compostela parecía algo irrepetible. Mucho menos en una red de alta velocidad con sistemas de seguridad como el ERTMS o el LZB (instalado en la Madrid-Sevilla) que evitan cualquier fallo humano. Con un tren de Iryo de apenas cuatro años de antigüedad y recién revisado, todas las miradas se dirigen hacia la infraestructura.

El primer informe preliminar de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) hecho público este viernes apunta a que la vía estaba partida entes de que pasara el tren de Iryo. Falta determinar la causa de esa rotura en una soldadura que acabó provocando una tragedia, por la mala suerte de que un Alvia procedente de Madrid se estaba justo cruzando con el tren del otro operador en el momento del descarrilamiento.

El proceso de la investigación técnica se desarrollará en paralelo a las pesquisas judiciales. El ministro Puente aseguró que no interferirá en la investigación y confió en la independencia de sus miembros. Pero el informe final del organismo adscrito al ministerio de Transportes tendrá especial relevancia. En el accidente de Angrois su papel fue muy cuestionado tanto por los familiares de las víctimas como por las autoridades europeas. Son todos profesionales muy cualificados del sector, con dilatadas experiencias tanto en Renfe como en Adif, las dos empresas públicas implicadas en el siniestro.

El presidente de esta última, Pedro Marco de la Peña, no ha comparecido públicamente desde que sucedió la tragedia. El responsable de Tráfico de la compañía se limitó a decir que no se había detectado nada raro en las sucesivas inspecciones de la vía. De momento, la Ciaf también ha recopilado información de las empresas de la Unión Temporal de Empresas (UTE) encargada de tanto la renovación del tramo como de su posterior mantenimiento. En la recepción de la obra son los técnicos de Adif los que dan el visto bueno a los trabajos.

Y aquí es cuando planea de nuevo la sombra de la corrupción que ha marcado al ministerio de Transportes -antes Fomento- desde la entrada de José Luis Ábalos en 2018. Se da la circunstancia de que en la UTE encargada del tramo está (junto a Ferrovial y filiales de FCC y OHLA) la empresa sevillana especializada en construcción ferroviaria Azvi. Una firma centenaria salpicada por el caso Koldo, pues contrató como asesor para Latinoamérica al ex cargo de confianza de Ábalos. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil tiene bajo la lupa varios contratos de Adif por presuntos amaños y mordidas.

El baile de presidentes de Renfe y Adif

Más allá del caso Koldo, el baile de altos cargos por la sede de Nuevos Ministerios en Madrid ha sido constante, durante el mandato de los tres titulares de la cartera. Con la exministra Raquel Sánchez, ahora recolocada en la hotelera pública Paradores, se produjo una de las crisis más graves; el caso del fallo de diseño de unos trenes para la red de Ancho Métrico de Asturias y Cantabria.

Aquel episodio acabó llevándose por delante al presidente de Renfe, Isaías Táboas (PSC) y a la hasta entonces secretaria de Estado de Transportes, Isabel Pardo de Vera. Esta última había ocupado antes el puesto de presidenta de Adif, durante el impulso del proceso de liberalización. Pero su cabeza acabó rodando cuando se destapó el escándalo por el cual los trenes encargados a la vasca CAF incumplían los gálibos de la red por la que iban a circular. Aún están pendientes de homologación, tres años después.

El sustituto de Táboas fue Raül Blanco, un economista procedente del Ministerio de Industria, que no duró ni dos años en el cargo. Dejó su puesto el 14 de enero de 2025 tras el desastre circulatorio provocado por los trenes Avril de Talgo en el arranque de ese ejercicio. El modelo adquirido bajo el mandato del Partido Popular en 2016 acumuló innumerables incidencias en su puesta en servicio, demorada durante años por los retrasos del fabricante vasco. Incluso le valió una multa millonaria por parte de Renfe que quedó en el aire con tal de salvar a la compañía de las garras de un conglomerado húngaro.

Blanco fue sustituido por el hasta entonces secretario general de Movilidad Sostenible, el ingeniero Álvaro Fernández Heredia. Un alto cargo de la máxima confianza del ministro Puente, que en su etapa como alcalde de Valladolid lo nombró gerente de la empresa pública de autobuses Auvasa. La tragedia de Adamuz y la crisis abierta en Rodalies con los maquinistas tras el accidente mortal de Gelida (Barcelona) marcarán su mandato. De momento, tiene una guerra interna abierta debido a su política de nombramientos en los principales puestos de responsabilidad de la compañía.

Por otro lado, la situación tiene pocos visos de mejorar. Renfe se enfrenta a una falta de material rodante que el ministro trata de paliar incluso con la posible compra de trenes de origen chino. El titular de Transportes ha viajado durante los últimos meses a lo largo y ancho del mundo para valorar las posibles compras de nuevos convoyes que alivien la presión de la actual flota de alta velocidad. De momento, se ha echado a la espalda la comunicación de la crisis, con una sobreexposición mediática inédita para un gestor público en este tipo de siniestros. Aunque los avances que pueda trasladar sobre la investigación sean mínimos.