El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha declarado este lunes la pérdida de la competencia del alto tribunal sobre la investigación sobre el presunto amaño de obras públicas derivada del 'caso Koldo'. El instructor remite la pieza separada en la que se investiga a Santos Cerdán a la Audiencia Nacional, después de que José Luis Ábalos renunciase a su acta como diputado.

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El tribunal detalla que al haber perdido Ábalos la condición de aforado con su renuncia como diputado del Congreso, y ser el único investigado que la ostentaba en ella, la investigación debe caer sobre la Audiencia Nacional. La investigación sobre los contratos de obra pública estará ahora en manos del Juzgado Central de Instrucción Número 2. El juez Ismael Moreno ya investiga a Isabel Pardo de Vera y a Javier Herrero por la adjudicación de obras públicas por más de 500 millones de euros.

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La pieza separada abierta el pasado mes de septiembre por el magistrado Leopoldo Puente recoge todo lo relativo al presunto amaño de obras públicas con las que se vincula a Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García. También permanecen investigados cuatro ex altos cargos de Acciona y varios empresarios como el socio de Cerdán Antxón Alonso.

Cabe recordar que el Supremo cuantificó en más de 500 millones las obras concedidas a Acciona que están bajo sospecha y en, al menos, 5 millones las comisiones de las que se pudieron presuntamente beneficiar los dos exsecretarios de organización del PSOE y el exasesor ministerial.

Respecto a la pieza principal del caso, la relativa a los contratos de material sanitario durante la pandemia, en el auto del instructor explica que el acuerdo de Pleno no jurisdiccional de la Sala Segunda, de 2 de diciembre de 2014, "establece que en las causas contra aforados la resolución judicial que acuerda la apertura del juicio oral constituye el momento en el que queda definitivamente fijada la competencia del Tribunal de enjuiciamiento, aunque con posterioridad a dicha fecha se haya perdido la condición de aforado".

De esta forma, si se hubiera sucedido en sentido inverso, que no hubiera sido dictada dicha resolución cuando el investigado renunció al acta, el juicio no podría haberse celebrado en el alto tribunal.

Por el momento, el juez Ismael Moreno investiga la participación de los socios de Aldama en la adjudicación de contratos de mascarillas, así como todo lo relacionado con la venta de material sanitario a Canarias y Baleares durante la época de Ángel Víctor Torres y Francina Armengol; la contratación de la expareja de Jésica Rodríguez; y los pagos en efectivo del PSOE.

Respecto a los avances de la investigación por el amaño de obras públicas, se espera que en las próximas semanas la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) remita al juzgado correspondiente el informe patrimonial sobre Santos Cerdán.

El pasado lunes, la defensa de Santos Cerdán presentó un escrito ante el Tribunal Supremo en el que pedía impulsar el informe patrimonial de su cliente. Los letrados ponían de manifiesto la necesidad de tener acceso a la investigación sobre el patrimonio del exsecretario de organización del PSOE para proteger su derecho fundamental a la presunción de inocencia.

En dicho escrito, la defensa insistía en que en los últimos meses Cerdán y su familia habían sido víctimas de informaciones sacadas de contexto, que parten de una interpretación parcial de los atestados de la Guardia Civil. Por ello, sostenían los letrados "que resulta ineludible que a la mayor brevedad posible se requiera a los guardias civiles para que aporten a las actuaciones el informe sobre la investigación patrimonial realizada al Sr. Santos Cerdán", para poder presentar las alegaciones pertinentes.

(Noticia en ampliación).