El Gobierno aprueba finalmente dos decretos: uno solo con pensiones y otro con el escudo social y una moratoria antidesahucios rebajada

El decreto ley ómnibus que cayó la semana pasada finalmente se trocea en dos textos distintos y separados y que ahora tendrá que convalidar el Congreso en el plazo de un mes. El Gobierno aprobó este martes dos nuevos reales decretos leyes para salir del atolladero. Uno primero, solo con la actualización de las pensiones —con lo que se da alivio a un colectivo nada menor de 10 millones de personas—, y otro con el conjunto del escudo social y, en él, la moratoria antidesahucios, que a partir de ahora no se aplicará a los pequeños propietarios.

Y estos quedarán fuera en virtud del pacto alcanzado por el Ejecutivo con el PNV, y que los nacionalistas vascos anunciaron a primera hora de la mañana. Los propietarios de una o de dos viviendas (o en situación de vulnerabilidad) podrán desalojar a los inquilinos que no les puedan abonar la renta. Se les exonera así de la aplicación de la moratoria antidesahucios, vigente desde la pandemia. Era una exigencia del PNV (y de Junts y Coalición Canaria) y el Gobierno de Pedro Sánchez ha accedido a ella. Según avanzó la formación jeltzale, el Gobierno exonera de la obligación de asumir la carga del impago a aquellos propietarios que "solo tienen una o dos propiedades, siendo una de ellas la vivienda habitual y la otra la que tienen en alquiler". De esta forma, "se tiene en cuenta la situación de estas personas y se les permite recuperar la posibilidad de alquilar sus pisos, evitando que continúen los meses de impagos". Como precisó el Ministerio de Vivienda, en estos casos "corresponderá a los servicios sociales" de las comunidades autónomas la búsqueda de una alternativa habitacional de emergencia". Vivienda, por cierto, habla de los dueños que tengan "una o dos viviendas", sin importar si una o las dos están en alquiler.

Los nacionalistas vascos celebran que el Gobierno haya aceptado el "acuerdo de mínimos" de "diferenciar" entre los pequeños propietarios y los grandes tenedores de vivienda o los fondos buitre

La ministra portavoz, Elma Saiz, añadió en la comparecencia posterior a la reunión del Gabinete que en el caso de propietarios de tres o más viviendas "no se ejecutará el desahucio cuando haya un contrato previo [es decir, no sea una okupación] y el propietario no sea vulnerable". Es decir, que si el casero tiene tres o más viviendas y él mismo es persona vulnerable podrá echar a su inquilino si no le paga y hay un contrato previo. La determinación de la vulnerabilidad de un arrendador, avisan en Vivienda, está en manos de los jueces, como de hecho ocurría hasta ahora y se consignaba en los decretos anteriores, en los que no se hacía distinción del número de viviendas que tuviera el dueño. Es decir, lo que cambia ahora es que los propietarios con una o dos viviendas podrán desalojar a sus arrendatarios sin recursos (hasta ahora no podían hacerlo) y los que tengan más también podrán acometer el desahucio siempre y cuando el juez determine que ellos mismos son vulnerables.

El Ejecutivo no tiene cálculos sobre el alcance de esta modificación: según los números de Sumar y Podemos, la moratoria, en su redacción hasta ahora vigente, protegía a unos 60.000 hogares. Ahora, se desconoce a cuántos puede afectar esta exención.

Los propietarios de tres o más viviendas que sean declarados vulnerables podrán también desalojar a sus arrendatarios si hay un contrato previo

La formación jeltzale recuerda que ha peleado para que no se equipare a los pequeños propietarios con los grandes tenedores de vivienda o los fondos buitre "hasta lograr que el Gobierno los diferencie y evite con esta nueva redacción que se conviertan en nuevos ciudadanos vulnerables por tener que asumir la carga del impago a la que les obligaba el Estado". El PNV aplaude que el Gobierno "haya aceptado este acuerdo de mínimos", con la "confianza" de que esto permita a los grupos "seguir negociando mejoras en materia de vivienda en este nuevo año de prórroga del escudo social".

La negociación del Ejecutivo, por tanto, acaba en un acuerdo que, previsiblemente, también deberían apoyar Junts y Podemos, por lo que se reagruparía el bloque de investidura en una votación de nuevo clave. La semana pasada los posconvergentes se unieron a PP y Vox para tumbar el decreto ómnibus que aprobó el Consejo de Ministros el pasado 23 de diciembre. El texto incluía la subida de las pensiones —con una subida general del 2,7%—, ayudas para los afectados por la dana o los incendios, la extensión de las cotizaciones de los autónomos y, por descontado, la prórroga del escudo social, con medidas como la prohibición de la interrupción de los suministros básicos a las familias con menos recursos, el bono social eléctrico o la moratoria antidesahucios. Era esta la medida que resultaba más contestada para los socios de derechas del Gobierno. Junts no pasó por ahí. Es más, empleando el lenguaje del PP, aseguró que apoyaría las pensiones, "no las ocupaciones" de vivienda.

Los posconvergentes ya habían pactado hace un año una línea de avales para ayudar a los pequeños propietarios, un mecanismo teóricamente más ágil que el sistema de compensación a los caseros que se había puesto en pie en 2021 y del que muy pocos arrendadores, como reconocía el Ministerio de Vivienda, se habían beneficiado. Pero esa línea de avales solo se desarrolló por reglamento el pasado diciembre y se dotó con 300 millones de euros hace justo una semana, en el anterior Consejo de Ministros. Pedía ayudas más contundentes para los pequeños propietarios, una exigencia que también tenían PNV y CC. El Gobierno se dispuso a negociar, intentando guardar el equilibrio con las formaciones a su izquierda que también le prestan respaldo.

Para el socio minoritario de coalición, el PP "ya no tiene excusas para aprobar las pensiones y el resto del Congreso deberá decidir si apoya medidas sociales que protegen a los más vulnerables"

El pacto se consumó este martes, antes del arranque de la reunión semanal del Gabinete, que presidió la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, dado que Sánchez se encuentra de viaje oficial desde ayer en Dubái. Ella ha negociado con los grupos junto al titular de la Presidencia, Félix Bolaños. El resultado es que el decreto ómnibus derogado la semana pasada se trocea en dos textos, una solución que no compartía inicialmente el Gobierno pero a la que ha tenido que acceder para garantizar la subida de las pensiones y el salvamento de la moratoria antidesahucios, aunque ahora bastante más rebajada. La ventaja para la Moncloa es que, aun repartidas en dos textos, en principio podrá salvar todas las medidas del primer ómnibus, el que decayó la semana pasada.

La novedad de la mañana es la distribución de materias de esos dos decretos leyes, que avanzó vía comunicado Sumar y confirmó después la Moncloa. El Consejo aprobó un primer decreto solo con la revalorización de las pensiones, única y exclusivamente. Y otro, con el conjunto del escudo social en vigor desde la pandemia, "en el que van ayudas por la dana y los incendios, mejoras en la jubilación para los bomberos y la imposibilidad de desahuciar hasta a 60.000 familias vulnerables y cortarles los suministros básicos, tal y como pedía Sumar". También se incluyen aquí las entregas a cuenta a las comunidades autónomas y los ayuntamientos, los incentivos fiscales a los vehículos eléctricos o la prórroga de la prohibición de despido a las empresas beneficiarias de ayudas públicas. Los socialistas defendían anoche, sin embargo, que se diera luz primero a un decreto con las pensiones y todo el escudo social menos lo relativo a vivienda y un segundo texto solo con la moratoria antidesahucios (rebajada). Pero Sumar y los socios de izquierda tenían miedo de que este último pudiera no prosperar.

De esta manera, aduce el socio minoritario de coalición, el PP "ya no tiene excusas para aprobar las pensiones y el resto del Congreso deberá decidir si apoya medidas sociales que protegen a los más vulnerables". Sumar subraya que los derechos "no compiten entre sí", que "no hay derechos de primera o de segunda". "Queremos sacarlo todo y demostrar que no hay que elegir entre vivienda o pensiones, que todo es necesario para mejorar la vida de la gente trabajadora de este país. Nuestra posición es firme: no queríamos que el Gobierno separara la moratoria de los desahucios del resto del escudo social, para permitirle a la derecha votar en contra. El escudo social se someterá a votación de nuevo en su integridad y la derecha ya no tiene ahora excusas". Para Sumar, el cambio introducido por el PNV no cambia el espíritu de la medida porque el "grueso" del mercado inmobiliario no está ahí, serán menos numerosos los casos de exenciones, según subrayó en declaraciones a los medios el portavoz del partido y ministro de Cultura, Ernest Urtasun.

La Moncloa confirmó esa nueva reorganización de los contenidos (pensiones y otras medidas de Seguridad Social, por un lado, y escudo social al completo, por otro) y se lanzó también a la pregunta al PP: "Ahora que expliquen por qué votan contra el escudo social. ¿Qué les parece mal?". El Gobierno reivindica que no deja "a nadie atrás", "ni a los pensionistas, ni a los migrantes ni a quien por un tropiezo en su vida, como puede ser una enfermedad o una pérdida de empleo, no puede pagar el alquiler". Fuentes del Ministerio de Vivienda explicaron que, con el nuevo decreto ley, se "blinda a las personas vulnerables ante eventuales desahucios en viviendas pertenecientes a fondos buitre o grandes tenedores". El escudo se mantiene por tanto a los inquilinos sin alternativa habitacional que, "por causas sobrevenidas, no pueden afrontar el pago del alquiler".

El Ejecutivo subraya que no deja "a nadie atrás" y precisa que corresponderá a los servicios sociales la búsqueda de una solución habitacional urgente para los inquilinos que no puedan pagar la renta

Además, se refuerzan las compensaciones para los caseros —recuerda el departamento de Isabel Rodríguez que la semana pasada el Consejo de Ministros dotó con 300 millones el sistema de avales— y, en paralelo, el Ejecutivo "seguirá aportando financiación a las CCAA para contribuir al desarrollo de los parques de vivienda social y de los recursos de emergencia habitacional que den una respuesta estructural a las situaciones de vulnerabilidad". Es decir, que dependerá de los gobiernos autonómicos, que gestionan los servicios sociales, el facilitar esa solución habitacional a las familias con menos recursos. "Las CCAA tienen mucho que decir y ofrecer", recordaba Saiz en la comparecencia posterior al Consejo de Ministros. "En el próximo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que triplica la inversión hasta los 7.000 millones, hay líneas específicas para la construcción de vivienda social, y también programas de ayudas para colectivos vulnerables como las mujeres víctimas de violencia de género", concluye Vivienda.

Ahora, el Ejecutivo tendrá que garantizarse los votos de todos sus socios. La líder de Podemos, Ione Belarra, advirtió de que le produce "asco absoluto". "El PNV acuerda con el PSOE echar a la calle a los inquilinos vulnerables que vivan en viviendas de caseros que solo tienen una vivienda para alquilar. Pobrecitos, sólo pertenecen al grupo más rico de nuestra sociedad", escribió en X. Está por ver también qué haga Junts, con quien el Gobierno no negocia de manera directa, dado que la relación, como siempre subrayan ambas partes, se halla rota desde octubre.

Saiz insistió en que el Ejecutivo aplica antes y después de la aprobación de sus medidas en Consejo de Ministros el "diálogo", y por tanto confía en que los grupos den su brazo a torcer. Sobre todo porque en todo momento el Gobierno ha considerado que las medidas son "buenas, postivas", que "buscan mejorar la vida de la gente". "Preguntaría al PP qué le parece mal de proteger a los más vulnerables. El Gobierno en lo que no trabaja es en dar coartadas a nadie para justificar lo injustificable", subrayó Saiz.

El Ejecutivo espera que los grupos ahora sí convaliden los dos decretos, que contienen medidas "positivas" y que buscan "mejorar la vida de la gente". "La victoria es de los pensionistas", dice Saiz

La portavoz rechazó la lectura de que segregar la subida de las pensiones, como le pedía Junts, pero también el PP, sea un triunfo de la oposición. "La victoria hoy es de los pensionistas", mantuvo, porque ellos verán garantizado el aumento de 50 euros de media su prestación. Una mejora que puede ser de cerca de 130 euros al mes para los que no llegan a la pensión mínima. Se "blinda así el poder adquisitivo" de los jubilados, insistió.