Cabezón niega haber creado "laberintos societarios" y recalca que "siempre" ha cumplido con sus obligaciones tributarias

La dirección federal del PSOE tuvo que afrontar este lunes una información comprometedora sobre uno de sus secretarios adjuntos de Organización: Borja Cabezón Royo. Según publicaba este lunes El Confidencial, tras una investigación de meses, el dirigente utilizó durante años una estructura societaria administrada por testaferros y con ramificaciones en Reino Unido y Costa Rica que fue diseñada para eludir el pago de impuestos. Lo que defiende Ferraz es que Cabezón "no tiene acción, ni participación alguna directa o indirecta en sociedad mercantil extranjera", ya que "su ámbito siempre ha sido España". "Sus activos son públicos, notorios, reconocidos y declarados", informa el cuartel general de los socialistas, preguntado por este diario. Por la tarde, él mismo, en un comunicado difundido a los medios a través del cuartel general socialista, insiste en que "siempre" ha cumplido con sus "obligaciones tributarias", niega haber creado "laberintos societarios" y avisa de que si se persiste en la "publicación de contenidos difamatorios", no descarta "emprender acciones legales". Lo que sí reconoce es que su empresa contrató los servicios de Nummaria, el despacho en el centro de una trama urdida para defraudar a Hacienda por la que acabó condenado en 2025 el actor Imanol Arias (y absuelta su compañera de Cuéntame Ana Duato).

Cabezón, secretario general del PSOE de Majadahonda (Madrid) entre 2008 y 2015, y también entre 2017 y 2025, y candidato fracasado a la alcaldía de la localidad en 2011 y 2015, es miembro de la ejecutiva federal del PSOE desde el 41º Congreso, el que se cerró en Sevilla el 1 de diciembre de 2024, cuando fue nombrado secretario de Acción Democrática y Transparencia. En julio del año pasado, cuando Pedro Sánchez se vio obligado a reorganizar el aparato por la caída de Santos Cerdán —imputado por presunta corrupción y encarcelado de manera preventiva durante casi cinco meses—, fue ascendido.

Entró en la ejecutiva federal tras el 41º Congreso, el de diciembre de 2024, pero fue promocionado por el presidente al área de Organización después de la caída de Cerdán y reforzado el pasado diciembre

El presidente configuró un área de Organización con una titular, la dirigente valenciana Rebeca Torró, y tres adjuntos: la almeriense Anabel Mateos, el sevillano Paco Salazar y el madrileño Borja Cabezón. Pero Salazar no llegó siquiera a ser elegido dado que el mismo día en que iba a ser aupado al cargo, las acusaciones de machismo publicadas por elDiario.es contra él hicieron que fuera apartado. Mateos y Cabezón sí fueron confirmados como adjuntos de Torró. En diciembre, la nueva jefa del aparato retocó su equipo más directo: como primera adjunta y responsable de Coordinación Territorial nombró a la riojana Elisa Garrido, como segundo adjunto y titular de Acción Electoral, a Borja Cabezón, y como tercera adjunta y encargada de Transparencia y Acción Democrática, a Anabel Mateos. Es decir, que con la última reorganización Cabezón ganó peso.

El núcleo del entramado societario supuestamente ligado al dirigente madrileño es, según El Confidencial, la compañía Vatnet Proyectos 2010, constituida en 2010. Su figura jurídica es una Agrupación Económica de Interés Europeo (AEIE), pensada para facilitar la cooperación de sociedades de diferentes países de la UE. Quien inscribió la sociedad fue Alejandro Molina Allende, empresario que concurrió como segundo suplente en la lista del PSOE en Majadahonda en 2015, que Cabezón lideró por segunda vez.

El 20% de las acciones de Vatnet pertenecía a una empresa española, Divinal SL, que administraba el propio Molina Allende. El otro 80% era propiedad de Glengrove Limited, una sociedad inglesa con sede en una vivienda del norte de Londres que estaba controlada, según el diario, por dos fiduciarios costarricentes, Bernal Zamora Arce y Christian Vega Paniagua, nombres recurrentes en tramas de corrupción y evasión fiscal. El Confidencial señala que esos dos testaferros fueron utilizados por Cabezón para ocultar su identidad.

El epicentro societario es Vatnet Proyectos 2010, que inscribió Alejandro Molina, amigo de Cabezón. El 20% pertenecía a la española Divinal SL, que administra Molina, y el 80% a la inglesa Glengrove. Hasta esta última se desviaban los beneficios

La empresa con actividad real era la española Divinal SL, que habría tenido que pagar un 25% de sus beneficios. Pero como formaba parte de una AEIE sus rendimientos se reparten en función de su participación, como ocurre en una UTE, de forma que el 80% de los ingresos se desviaban a la sociedad inglesa. Y allí, en Reino Unido, las compañías que participan en una AEIE extranjera está exentas de tributación. Es decir, que solo pagaba impuestos la mercantil española y por un 20% de los beneficios. Además, Cabezón podía cargar a Divinal SL gastos relacionados con su actividad conjunta en Vatent Proyectos 2010 y AEIE. En el registro mercantil británico figura que Glenglove Limited estuvo funcionando hasta 2017, mientras que la española Divinal SL continúa operativa y con sede en su domicilio de Pintor Rosales, 30, en Madrid, y el administrador único es Molina Allende.

Cabezón remitió a los medios por la tarde un comunicado a través de Ferraz, pero sin membrete del PSOE y sin su logo. En él, apunta que se alude a su actividad privada "hace 16-18 años" y niega haber creado "laberintos societarios". "Mi ámbito empresarial siempre ha sido España. Mis activos son públicos y declarados. He cumplido siempre con mis obligaciones tributarias".

El dirigente señala que la noticia del diario digital "parece enmarcarse en el caso Nummaria", la causa por la que fue condenado por la Audiencia Nacional el actor Imanol Arias y el asesor fiscal Fernando Peña y absolvió a la intérprete Ana Duato, pareja en la serie de TVE Cuéntame cómo pasó. La sentencia consideró que ambos actores utilizaron las estructuras diseñadas por el asesor fiscal, entre 2010 y 2016, a través del despacho Nummaria, para así evitar la tributación de capitales en España. La noticia, dice, "vincula en el mismo artículo diferentes empresas y fechas con referencia a mi persona". El texto no cita el caso Nummaria expresamente, sí que la operativa puesta en marcha supuestamente por Cabezón imita el modelo que usó Arias (pero no solo él) para reducir su factura fiscal.

Cabezón apunta que contrató a Nummaria por su "reconocido prestigio y reputación en aquel momento" y recalca que su empresa nunca recibió ninguna notificación del juzgado que lo investigó

El cargo de la dirección socialista relata que su relación con el despacho Nummaria es que la compañía que fundó y en la que trabajó de 2008 a 2011 —no da ni el nombre—, "plazo temporal en el que se ubica la noticia publicada", contrató los servicios de ese bufete por su "reconocido prestigio y reputación en aquel momento". En ese periodo toda su actividad económica, dice, "tenía lugar en el ámbito profesional privado sin ostentar cargo público alguno". Recuerda asimismo que el caso Nummaria, judicializado en 2016, concluyó con la citada sentencia de la Audiencia Nacional de 2025 en la que se declara "la responsabilidad y en otros la falta de responsabilidad de los clientes del despacho Nummaria objeto de investigación". "Durante estos diez años, nuestra compañía no recibió nunca notificación del juzgado que investigó el caso Nummaria", concluye Cabezón, no sin antes advertir de que no descarta emprender acciones legales si persiste la "publicación de contenidos difamatorios".

Cabezón no llegó a la ejecutiva federal de su partido hasta hace poco más de un año y, al núcleo de dirección, hasta el pasado julio. Antes había sido director del Departamento de Asuntos Nacionales del Gabinete de la Presidencia del Gobierno (2018-2019), embajador en Misión Especial para la Crisis Internacional de la Covid-19 y la Salud Global del Gobierno de España (2022-2024) y diputado en la Asamblea de Madrid (2019-2020).