Si hay un grupo parlamentario que lleva batallando con más consistencia a favor de la reforma de la ley franquista de secretos oficiales ese es el PNV. Desde 2016, en todas y cada una de las legislaturas —y la actual es la quinta desde aquella en la que Mariano Rajoy perdió la mayoría absoluta—, ha registrado su propuesta para modificar la norma de 1968 y forzar la desclasificación de documentos oficiales a los 25 años. La presión ha sido constante, el Gobierno de Pedro Sánchez ha asumido esa batalla, redactó su propio proyecto... pero lo cierto es que no ha habido cambios. La ley de la dictadura, la sancionada en 1968 y solo modificada parcialmente diez años más tarde, pero antes de la aprobación de la Constitución, continúa vigente y operativa. Levantar el secreto de archivos catalogados como reservados sigue dependiendo por ahora, por tanto, de la sola voluntad del Ejecutivo.

Y eso es lo que anunció el presidente este lunes y lo que materializa el Consejo de Ministros este martes: la desclasificación de los documentos del 23-F, justo cuando se cumplen 45 años de la intentona golpista. Porque "la memoria no puede estar bajo llave", porque se trata de "saldar una deuda histórica con la ciudadanía", porque "las democracias deben conocer su pasado para construir un futuro más libre", en palabras del propio Sánchez en X. Una decisión celebrada por sus socios de izquierdas y por el PNV —aunque vista también como "insuficiente"— y tachada como "cortina de humo" para el PP y un "insulto" para Vox. Junts, socio indispensable para el Gobierno en cualquier votación parlamentaria, apenas quiso detenerse en el anuncio: hablar del fracasado golpe es "arqueología política".

El Gobierno descubrirá más de un centenar de documentos, disponibles para todos los ciudadanos en la web de la Moncloa a partir del miércoles

El Ejecutivo baja al detalle este martes y, sobre todo, abrirá los archivos este miércoles a partir de la publicación en el Boletín Oficial del Estado. Todos los documentos, más de un centenar, estarán colgados a partir de ese momento en la web oficial de la Moncloa (lamoncloa.gob.es). A falta de una relación más detallada, se espera que se destape el secreto sobre las grabaciones de las llamadas telefónicas mantenidas entre el 23 y el 24 de febrero de 1981 desde el Congreso con el exterior y con el palacio de la Zarzuela, las comunicaciones del rey Juan Carlos I con las capitanías generales, el rol que jugaron los servicios de inteligencia o las reuniones que en torno a aquellos días mantuvieron el monarca, el entonces presidente del Gobierno, Adolfo Suárez, o el preceptor del Rey y uno de los condenados por el golpe, el general Alfonso Armada. También sigue oculto el sumario judicial completo del Tribunal Supremo, aunque no está claro que este se vaya a descubrir.

Esta será la ocasión número 12, desde 1968, en que el Ejecutivo proceda a la desclasificación de documentos. La primera vez ocurrió con los papeles del CESID, en 1997, por orden del Tribunal Supremo. Luego siguieron los documentos del 11-M, en tres tandas (dos en 2004 y una en 205); después los de los vuelos de la CIA (2007), del accidente de helicóptero en Afganistán (2009), de los desaparecidos de la dictadura argentina (2011), de la operación Kitchen (2018), del golpe de Pinochet (2023), del espionaje con el programa israelí Pegasus (2024), y de los atentados de Barcelona y Cambrils (2024). Gobiernos de distinto signo, por tanto, han levantado el secreto sobre distintos archivos.

En los 58 años de vigencia de la ley franquista, se han acometido 11 desclasificaciones, y esta será la número 12. Los investigadores habían reclamado que se levantase el velo de la intentona golpista

La reclamación sobre los papeles del 23-F no era nueva. Estaba recurrentemente sobre la mesa. No solo formulada por los partidos políticos, sino también por historiadores e investigadores. De hecho, el escritor Javier Cercas, autor de Anatomía de un instante, se lo pidió al propio Sánchez el pasado noviembre en el Congreso, en la presentación de la serie de Movistar Plus+ basada en su exitoso libro: para acabar con el "negocio" de los "bulos y bolas" sobre el 23-F, lo mejor es desclasificar todo lo que haya. Con la desclasificación que acuerde este martes el Consejo de Ministros no se esperan, por tanto, grandes revelaciones, porque la gestación y desarrollo del fracasado golpe ya se conoce con bastante detalle, y por tanto lo que se va a revelar ahora, presumiblemente, no cambiará "la interpretación" de lo ocurrido, en palabras del propio autor.

Un proyecto que se arrastra de la pasada legislatura

Sánchez lanzó su anuncio este lunes aprovechando que se cumplían 45 años exactos de la asonada golpista (y horas después, por cierto, de la emisión en prime time, en La 1 de TVE, de Anatomía de un instante, con una fabulosa cuota del 15%). 45 años son los que se marcaba como plazo para la descatalogación de documentos el proyecto de ley de información clasificada. El texto que elaboró el Gobierno para reemplazar la ley de secretos oficiales de 1968 y que remitió al Congreso el pasado julio. Una norma que, desde entonces, no ha avanzado nada. Ni siquiera se ha celebrado su debate de totalidad. Ni se puede anticipar si en ella se subsumirá la propuesta del PNV.

El Ejecutivo redactó un primer borrador en 2022, que quedó en el cajón por la disolución de las Cortes un año más tarde. La segunda versión pasó por Consejo de Ministros el pasado julio

El presidente se comprometió ya en la pasada legislatura a redactar una nueva ley de información clasificada y llevó al Consejo de Ministros el anteproyecto en agosto de 2022. Su formulación fue rechazada por los socios del Ejecutivo (y por el PP) y decayó cuando se disolvieron las Cortes para la convocatoria de las elecciones generales del 23 de julio de 2023.

Tras la segunda investidura de Sánchez, se retomaron los trabajos, también a instancias del PNV, y el titular de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, presentó el pasado julio el segundo borrador, el aprobado por el Consejo de Ministros para su envío al Congreso. La nueva redacción incorporaba cambios sustanciales con el propósito de atraer a los socios. De entrada, recortaba los plazos de desclasificación de documentos. Los archivos catalogados como alto secreto, los más sensibles, estarían ocultos 45 años, prorrogables de manera motivada por otros 15, y de manera motivada (según la redacción inicial, la de 2022, el plazo era de 50 años, extensibles otros 15). Los documentos clasificados como secreto, los siguientes en el escalafón, serían revelados a los 35 años, con una prórroga excepcional por otros 10 años (en 2022, iban a ser 40+10 años).

Según el texto remitido al Congreso, los archivos de alto secreto se desclasificarían de manera automática pasados 45 años, con una única extensión motivada por 15 años más

Los archivos confidenciales serían desclasificados cuando pase el periodo específico, que sería de siete a nueve años, sin posibilidad de prórroga (aquí no hay cambios respecto al anteproyecto). Finalmente, los rubricados como restringidos serían públicos al cabo de un tiempo máximo de cuatro a cinco años —en el anterior borrador, la horquilla era de 4-6 años—, de nuevo sin extensión posible. Todos los plazos concluirían de forma automática el último día del año en que venza el plazo de clasificación. La catalogación podría vincularse a un hecho, como el fin de un conflicto bélico o el fallecimiento de una persona.

Además, se rebajó la cuantía de las multas: de 50.000 a tres millones de euros (es lo que estaba escrito en el borrador de 2022) a una horquilla algo inferior: de 30.000 a 2,5 millones de euros. Lo que no cambió es la titularidad del organismo responsable de la clasificación y desclasificación de archivos: lo previsto en el proyecto es que sea la Autoridad Nacional para la Protección de la Información Clasificada, que dependería orgánicamente del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Es decir, que la protección y tratamiento de la información reservada saltaría de Defensa al departamento de Bolaños, salvo en todo aquello relativo al intercambio y salvaguarda de la información clasificada que tenga que ver con la OTAN, que seguirá siendo competencia del ministerio de Margarita Robles.

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"Todo son excusas" para el PNV

El Gobierno contaba con que a finales de 2025 pudiera haber estado aprobada la norma por Congreso y Senado, de tal manera que, como se establecía una vacatio legis de un año, la ley entraría en vigor a finales de 2026. Si se retrocedía 45 años atrás, se llegaba hasta 1981, se obtenía que quedaban desclasificados de manera automática todos los documentos de la dictadura, de la Transición y del golpe del 23-F. Ahora, el Ejecutivo se adelanta a la aprobación de esa ley y decide desbloquear todos los archivos que rodean la astracanada liderada por Antonio Tejero en la Cámara baja.

El Ejecutivo se adelanta a la aprobación de su propia ley y decide dar el paso de descatalogar los papeles del 23-F. El PNV exige "conocer la verdad" de los sucesos de Vitoria o de la muerte de Zabalza

Una medida discrecional, por tanto, no obligada por la ley, pero que permite al Gobierno de Sánchez apuntalar la relación con sus socios progresistas y con el PNV. Porque todos ellos aplaudieron el gesto, aunque lo vieron corto. "Hemos exigido una y mil veces al Gobierno del Estado una nueva ley de secretos oficiales, y todo son excusas —se quejó en redes sociales el presidente de los nacionalistas vascos, Aitor Esteban, antes portavoz de su formación en la Cámara baja—. Hoy con el 23-F vemos que la desclasificación puntual de información que se nos ha negado durante años es posible con voluntad política. No es suficiente. En Euskadi tenemos derecho a conocer la verdad. ¿Por qué no desclasifican la información sobre el 3 de marzo en Gasteiz [la muerte de cinco obreros en Vitoria en 1976], el atentado del Bar Aldana, los sanfermines de 1978 o la desaparición de[l joven] Mikel Zabalza [en 1985], entre otros muchos? No hay excusas, hay que derogar la ley franquista de secretos oficiales ¿Qué miedo tienen? Nosotras y nosotros ninguno".

El PNV ha venido planteando estos años una desclasificación automática a los 25 años para las materias calificadas de secretas y de 10 años para las rubricadas como reservadas, salvo que el Consejo de Ministros dispusiera una prórroga excepcional y motivada, en el caso de los documentos más sensibles, por un periodo máximo de otros 10 años".

Bildu coincide con el PNV en que lo hecho por Sánchez demuestra que lo que hace falta es "voluntad política". ERC cree que lo que hay que conocer es el sumario y las grabaciones

La opinión de EH Bildu es semejante, tal y como la reflejó su portavoz en el Congreso, Mertxe Aizpurua, en redes sociales: la desclasificación de documentos del 23-F, dijo, es "una buena noticia que debería de abrir la puerta a esclarecer muchos otros casos que aún hoy continúan bajo llave y la sociedad vasca reclama y merece conocer". "Este paso", siguió la diputada, "demuestra que con voluntad política es posible levantar los secretos y desclasificar también los papeles de la masacre del 3 de marzo de la que se cumplen 50 años, de los sanfermines del 78, del caso Zabalza o de los relativos al GAL".

Menos pegas apreció, por su parte, el portavoz parlamentario en Madrid de ERC, Gabriel Rufián. Lo que debe saberse del golpe de Estado, señaló, es el sumario, "para saber la trama militar real"; las llamadas que entraron y salieron del Congreso, "para saber la trama civil real", y lo demás es "un salseo (interesante pero ya sabido)". "Y ya tocaba. Que se iba a saber antes quién mató a Kennedy que quién montó el 23-F".

Tanto el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, como la líder de Movimiento Sumar, Lara Hernández, calificaron el anuncio de Sánchez de "muy buena noticia", pero apremiaron a los socialistas a abordar ahora la reforma de la ley de 1968, que "lleva medio año atascada en el Congreso".

Tanto Sumar, como IU y Podemos creen que el anuncio del presidente es una buena noticia pero que se queda corta: le apremian a reactivar la nueva ley de secretos, atascada hace medio año

Un criterio similar mantuvo el coordinador de IU, Antonio Maíllo, para quien la desclasificación es una "buena noticia", aunque "insuficiente". "Falta, y animo a Pedro Sánchez a que lo diga en la revisión, la aprobación de una nueva ley de secretos oficiales, porque estamos todavía en la ley de secretos oficiales del franquismo de 1968", sostuvo en un desayuno informativo. Para el dirigente, antes de que concluya esta legislatura se debe aprobar la nueva norma. Enrique Santiago, portavoz parlamentario de la federación, la descatalogación es "una cosa muy seria", que tiene que ver "con la transparencia, con la calidad de la democracia" y que por lo tanto "no puede irse haciendo por trozos para buscar titulares". No muy distinto era el criterio de Pablo Fernández, secretario de Organización y portavoz de Podemos: abrir los archivos del 23-F es una buena medida, pero igualmente "insuficiente". "A nosotros lo que nos gustaría es que haya una reforma de la ley de secretos oficiales y que, desde luego, los plazos que en ella se contienen se reduzcan", precisó, informa EFE.

"Levantar alfombras siempre levanta polvo"

Para Junts, la decisión del Gobierno será "interesante para hacer arqueología política", pero poco más. Lo que reclama la formación de Carles Puigdemont, declaró en Barcelona su secretario general, Jordi Turull, es que se "desclasifiquen los documentos de las cloacas del Estado y de los atentados del 17 de agosto que tanto sufrimos los catalanes". "Una máxima en democracia es el derecho a saber la verdad y que no tengan que pasar 50 años a esperar que se desclasifiquen lo que han perpetrado las cloacas del Estado y los espionajes tanto de un Gobierno como el otro", insistió el número dos del partido.

Junts habla de "arqueología política" y pide saber de las "cloacas del Estado". El PP lo define como "cortina de humo" y Vox, como un "capote que no va a coger" porque eso es lo que interesa a Sánchez

Por parte de PP y Vox, lo que llegaron fueron profundas críticas al Ejecutivo. "Cortina de humo", lo llamó la portavoz de los populares en el Congreso, Ester Muñoz. La vicesecretaria de Regeneración Institucional del partido, Cuca Gamarra, añadió que no se descubrirá nada que no sepan ya los españoles y que lo que falta por saber son las explicaciones de los últimos ocho años del Gobierno de Sánchez. Al presidente de la Junta, Juanma Moreno, le parece bien la desclasificación, pero reclamó al Ejecutivo central que "preste más atención al presente y al futuro y menos al pasado". El líder de Vox, Santiago Abascal, recalcó que el del golpe es un "capote que no va a coger": no hay que hablar de lo que ocurrió en 1981, defendió, sino de la gestión de Sánchez. Lo que hay que desclasificar es la información sobre las "saunas y negocios de alternes" que "han pagado la carrera política del presidente del Gobierno".

A los populares les contestó la portavoz socialista, Montse Mínguez, tras la reunión de la cúpula este lunes, presidida por Sánchez. A quien ahora "añora y llora lágrimas negras", hay que decirles que "no es humo, es historia", es "memoria" y es un "compromiso" del Ejecutivo. "Levantar alfombras siempre levanta polvo", avisó.

En la dirección socialista no quieren por ahora adelantar si el Gobierno va a reactivar la tramitación del proyecto de información clasificada. Pedían esperar a las directrices que marcara este martes el Consejo de Ministros. Pero el paso dado por el Ejecutivo permitía a Sánchez, desde luego, recuperar la iniciativa política a las puertas del arranque de la campaña electoral en Castilla y León, a la que PSOE y PP llegan muy próximos, según las últimas encuestas. El presidente coloca el foco en un asunto sensible para la izquierda y con ello lanza un nuevo gesto a sus socios de investidura, con los que ha ido reconstruyendo puentes en este comienzo de 2026. Aunque el eslabón más débil, y el más distante, era y es Junts.

El jefe del Ejecutivo logra recuperar la iniciativa política y colocar el foco en un asunto sensible para la izquierda. La duda es si aprovechará el momento para despertar su ley de información clasificada

La aprobación de la ley de información clasificada, la que sustituya a la ley franquista de 1968, depende, de hecho, del apoyo de todo el bloque que volvió a aupar a Sánchez a la Moncloa hace dos años y medio. Necesita al PNV y a sus aliados progresistas, pero también a los posconvergentes, dado que el PP está borrado de la ecuación. La aritmética vuelve a ser tozuda y complicada. Técnicamente, el Gobierno tiene tiempo, dado que a la legislatura le queda más de un año de vida. Otra cosa es que las cuentas cuadren.