No era necesario recabar el "permiso" de la Zarzuela en ningún caso. Pero el Gobierno sí quiso informar previamente a Felipe VI de que había tomado la decisión de desclasificar todos los documentos del 23-F, justo cuando se cumplían 45 años del golpe de Estado. Y lo hizo a través de dos llamadas telefónicas al jefe de la Casa del Rey, Camilo Villarino, ambas antes del anuncio del presidente del Gobierno lanzado el lunes a través de redes sociales. En la Corona señalan que no tienen "ninguna queja" hacia el comportamiento del Ejecutivo e insisten en la normalidad de la relación que mantienen ambas instituciones del Estado.

Este miércoles, el Boletín Oficial del Estado publica el acuerdo aprobado ayer en el Consejo de Ministros de desclasificación de "toda la documentación" secreta de la asonada militar de 1981. Un total de 153 archivos, según adelantó la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, en la rueda de prensa posterior a la reunión ordinaria del Gabinete. Archivos todos ellos procedentes de los ministerios de Interior, Defensa y Exteriores.

La desclasificación contendrá transcripciones de las conversaciones de los protagonistas de aquellas horas históricas y puede que "alguna imagen"

En la desclasificación se incluyen transcripciones de las conversaciones entre los protagonistas de aquellas horas históricas y puede que "alguna imagen", aunque en principio no se espera que se publiquen audios. Toda la información estará disponible en la web de la Moncloa (lamoncloa.gob.es) previsiblemente a partir de mediodía, aunque la operación de digitalización y volcado de los papeles, advierten en el Gobierno, llevará su tiempo.

En el Gobierno aseguran que ni siquiera el presidente, Pedro Sánchez, ha consultado previamente esos documentos ni conoce su contenido —los están manejando los profesionales de los ministerios concernidos—, y por eso la portavoz no ofreció más detalles ni contó si los papeles que ahora verán la luz afectan o no a un personaje central el 23-F, el rey Juan Carlos I. Porque precisamente uno de los ángulos oscuros de la intentona golpista fue lo que ocurrió en aquella frenética tarde y hasta que el monarca apareció en las pantallas de TVE, ya de madrugada, para desactivar definitivamente la asonada. Nunca han trascendido las conversaciones entre el hoy rey emérito y las capitanías generales. O si hay registro de las intrigas previas de los partidos que buscaban, en primer lugar, el derribo de Adolfo Suárez y de las que pudo participar el propio jefe del Estado en la llamada operación Armada. Lo que el escritor Javier Cercas, autor de la magistral Anatomía de un instante, llamó "la placenta del golpe".

Uno de los puntos oscuros de la intentona golpista está precisamente en la Zarzuela: en las comunicaciones entre el rey emérito y las capitanías generales antes de su mensaje en TVE

La decisión del presidente se ejecutó este lunes, coincidiendo con los 45 años del 23-F, pero se había tomado antes. Y se adelantó a la Zarzuela. Como confirman a El Independiente fuentes de primer nivel de las dos instituciones, durante el pasado fin de semana, fue el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, quien primero telefoneó a Camilo Villarino para anticiparle la desclasificación de los archivos. El mismo lunes 23, el director de Gabinete de Sánchez, Diego Rubio, habló temprano con el jefe de la Casa del Rey poco antes de que el presidente lanzara su anuncio en X (y el mensaje se publicó a las 8.32). Las fuentes consultadas por este diario no precisan, sin embargo, si la decisión de la apertura de los archivos del fracasado golpe de Estado fue abordada directamente por Sánchez con Felipe VI en uno de sus recientes despachos semanales en la Zarzuela.

153 "unidades documentales"

En el Gobierno indican que las dos llamadas demuestran la buena forma de las relaciones entre las dos instituciones. Una lectura que también ratifican en la Jefatura del Estado. No hay "ninguna queja" ni tampoco existe la "tensión" con el Ejecutivo de la que tanto se ha hablado (y escrito) en los últimos años, abundan. En la Casa del Rey no entran a valorar la decisión del Gobierno de desclasificar esas "153 unidades documentales" del 23-F. No es su tarea, recuerdan.

Lo que aún permanecerá reservado es el sumario judicial del 23-F, que custodia el Supremo, el que revisó la primera sentencia del Consejo de Justicia Militar y elevó las penas, entre ellas la de Armada

La expectación para este miércoles es máxima. Y eso que habrá una parte, los casi 13.000 folios que se acumularon en la instrucción judicial, que continuará fuera del alcance completo de los investigadores o de los ciudadanos, ya que el sumario está en manos del Tribunal Supremo, el órgano que, en 1983, revisó la primera sentencia de la rebelión liderada en el Congreso por el teniente coronel Antonio Tejero, dictada un año por el Consejo Supremo de Justicia Militar. El Supremo elevó las condenas a 22 de los 33 procesados y en concreto subió de seis a 30 años de prisión la pena para el general Alfonso Armada, exsecretario del Rey y considerado por los magistrados como el "principal beneficiario" del golpe.

Los documentos desclasificados ahora, por tanto, proceden de Interior, Exteriores y Defensa. No se espera que cambie sustancialmente el relato de unos hechos muy destripados ya por los investigadores a lo largo de estos últimos 45 años. Pero como todavía permanecían archivos ocultos, el propio Cercas urgió en sede parlamentaria al presidente del Gobierno a publicar todo ese volumen de información secreta, para acabar con los "bulos y bolas" que continúan rodeando la intentona golpista. La propia Saiz hizo hincapié que la decisión del Ejecutivo de abrir los archivos cuatro décadas y media después busca impedir que "la ultraderecha siga utilizando conspiraciones" para "difundir teorías" o "desinformar a los jóvenes que piensan que con Franco se vivía mejor".

La portavoz recalca que la publicación persigue impedir que la ultraderecha tire de "conspiraciones" para "difundir teorías" o para "desinformar a los jóvenes que piensan que con Franco se vivía mejor"

Lo que se conoce este miércoles es "toda la documentación" relativa al 23-F que obra en poder del Gobierno. En la Moncloa apuntan que, en principio, nada quedaría afectado por la seguridad nacional, la justificación que el Ejecutivo podría aducir para mantener la reserva sobre archivos muy sensibles. La propia portavoz apuntaba que los años transcurridos desde el intento de golpe "no suponen un riesgo real y presente". Es decir, que no hay motivos para no levantar e velo 45 años después. Que no hay razones para oponerse a que se pueda conocer, por ejemplo, lo que el prestigioso historiador Juan Francisco Fuentes, en 23 de febrero de 1981. El golpe que acabó con todos los golpes (Taurus, 2020) llama "la gran incógnita del golpe", el papel del general Armada y el del Cesid, los servicios de inteligencia que luego darían lugar al CNI.

Una ley atascada en el Congreso

No hay previsión de más desclasificaciones próximas. Algunos de los grupos que apoyan al Gobierno, como PNV —el que lleva empujando desde hace 10 años para una reforma de la ley de secretos oficiales de 1968— o Bildu piden que se conozcan otros eventos de la Transición y los primeros años de democracia aún protegidos por el manto del Estado, como los sucesos de Vitoria de 1976, los sanfermines de 1978, el atentado del bar Aldana de 1980 o la detención y muerte del joven Mikel Zabalza en 1985. Saiz remarcó el "compromiso firme" del Ejecutivo con la memoria democrática, pero al tiempo incidió en que "ha llegado hasta donde podía llegar". Sin embargo, a falta de una nueva ley, con la norma franquista todavía vigente, la potestad para poder desclasificar documentos sigue descansando en el Gobierno. No hay automatismos.

El Ejecutivo aduce que ha llegado "hasta donde ha podido llegar" y apela a los grupos a que pacten la ley de información clasificada, la norma que debería reemplazar a la legislación franquista

En la Moncloa esperan que la luz que ahora verá el 23-F sirva como estímulo a los grupos para consensuar la redacción de la ley de información clasificada, que Bolaños remitió al Congreso el pasado julio. Hasta ahora, desde luego, ese acuerdo no ha sido posible. "Confío y apelo a los grupos políticos para que esa ley de sea una realidad. Para que lo que estamos contando hoy no sea una excepción, sino que sea la norma", incidió la ministra.

El borrador del Gobierno contempla la desclasificación automática de los documentos catalogados como alto secreto a los 45 años (con una prórroga motivada por otros 15 años); de 35 años para los rubricados como secreto (con extensión de 10 años razonada); de entre siete y nueve años para la información confidencial (no prorrogables) y de entre cuatro y cinco años para la considerada como restringida.

La publicación de los papeles del 23-F está llamada a ir cerrando el círculo de uno de los capítulos más relevantes de la historia reciente de España. La prueba que aquella democracia todavía frágil superó.