Pedro Sánchez dispone cada día de más pruebas de que, mientras no recomponga su relación con Junts, la vida parlamentaria de su Gobierno va a convertirse en un sufrimiento constante. Siempre lo fue desde el arranque de legislatura, pero ahora el castigo de los posconvergentes es más continuo. Agotador incluso. Este jueves, tumbaron en el Congreso, con PP y Vox, dos decretos leyes: el de escudo social —porque incluía una moratoria antidesahucios que no comparten, pese a que ya está más matizada que la que ellos respaldaron hace un año— y el de tope a los precios de bienes y servicios en situaciones de emergencia. Y aunque la Moncloa y el Grupo Socialista se afanaron en volcar todo el foco a las derechas, y en especial al PP, la pregunta inevitablemente rebotaba en el tejado del Ejecutivo: ¿qué hará ahora? ¿tiene un plan para salvar de algún modo el paraguas de protección para las familias con menos recursos?

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Pero en el Gobierno aún no tienen respuesta. "Vamos a estudiar qué hacemos", señalan en el círculo de confianza del presidente, Pedro Sánchez. Todavía no está claro porque ninguna salida es fácil ni da garantías por sí misma. Junts pide que se desgaje la prórroga del escudo social de la moratoria antidesahucios, pero al Ejecutivo no le acaba de convencer esa fórmula, porque supondría, a la postre, sacrificar una medida, la de prohibición de los lanzamientos para los hogares más asfixiados económicamente, que su izquierda parlamentaria no está dispuesta, por ahora, a asumir.

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Y es que el problema de la coalición de PSOE y Sumar es que no cuenta con una mayoría de izquierdas en el Congreso. Nunca la hubo en esta legislatura, pero hasta el pasado octubre todavía estaban activos los puentes con Junts y, aunque de manera intermitente, el bloque de investidura aguantaba. Pero entonces la formación de Carles Puigdemont rompió las negociaciones con los socialistas. Sánchez se ha prodigado en innumerables gestos con los posconvergentes, intenta ir dejando atrás los "incumplimientos" con ellos, pero por ahora solo encuentra frialdad al otro lado. "Ojalá podamos trabajar de nuevo con ustedes —manifestó el presidente a la portavoz de la derecha independentista, Míriam Nogueras—. No por ustedes, por Junts per Catalunya, ni por el Gobierno, sino por Cataluña".

Lo hacía Sánchez tras un áspero careo con la diputada, en el que ella le anticipó su no al decreto de escudo social porque, a su juicio, favorecía las ocupaciones de vivienda. "Usted lo que tiene que decidir es si está del lado de las personas que levantan la persiana cada día o al lado de los que revientan las puertas", le recriminó la portavoz. Para el presidente, "nada tiene que ver" la "protección ante posibles desalojos" de las familias más vulnerables con la okupación. Lo que está haciendo Junts es "copiar los discursos de la derecha y la ultraderecha", observó el jefe del Ejecutivo, en un reproche que es poco habitual escuchárselo a los socialistas, que se andan con mucho tiento cuando hablan de los posconvergentes, precisamente para evitar soliviantarlos. De ahí que, aunque sean los de Puigdemont los que se salgan del bloque de investidura, los que abandonen a Sánchez, en el Ejecutivo prefieren en público cargar las tintas contra el PP.

En privado, las cosas se ven de otra manera. También porque de cara a este jueves sí daban por perdido el decreto ley de escudo social, pero contaban con que el de tope de precios para productos y servicios en casos de emergencia sí saldría adelante. Junts no había avanzado el sentido de su voto. Solo lo confirmó ya ayer, con el pleno en marcha, alegando que se oponía a una intervención en el mercado de manera "abusiva" y "temeraria" y "sin límite temporal". Argumentos muy semejantes a los empleados por el PP, que también se apuntó al no solo una vez conocida la posición de los independentistas catalanes. El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, deseó que no ocurran situaciones similares al siniestro ferroviario de Adamuz o los temporales como los que afectaron a la zona de Grazalema (Cádiz), que inflaron los precios de bienes y servicios porque, si eso ocurre, será "gracias a PP y Vox". "Llevará su firma y su apellido. Es una vergüenza lo que hacen", apuntó.

De los dos decretos leyes derribados este jueves en la Cámara baja, el más delicado es el de escudo social. Primero, porque el Gobierno puede tener que enfrentar en las próximas semanas las imágenes de familias vulnerables desahuciadas por sus careos. Y, segundo, porque el texto derogado contenía múltiples medidas. Algunas que se pueden cobijar bajo la rúbrica de escudo social (la prórroga del bono social energético, de la garantía de suministro de agua y energía a consumidores vulnerables o de la prohibición de despido para empresas beneficiarias de ayudas públicas) y otras que son de distinto tipo (exención del IRPF de las ayudas a los afectados por los incendios forestales, extensión de las ayudas por la dana, bonificación por la compra de vehículos eléctricos o la actualización de las entregas a cuenta a ayuntamientos y comunidades autónomas).

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, fue el que en tribuna defendió la convalidación del decreto, sin éxito. Recordó que la textualidad de lo que se sometía a votación este jueves ya fue apoyada hace un año por PP y Junts. Es decir, que si entonces ambos grupos lo respaldaron, no hay razones objetivas para negarse ahora, máxime cuando se han reforzado los mecanismos de compensación a los propietarios que sufren impago. Y además se pactó con el PNV una modificación sustancial: que los dueños de una o dos viviendas puedan echar a sus inquilinos aunque estos sean vulnerables. "Ni okupas ni okupos, no engañen, es una excusa barata y falsa, no hay ni un solo beneficio estructural, al contrario, se les excluye", clamó Bolaños. Bustinduy, por su parte, arremetió en el patio de la Cámara, de nuevo, contra PP y Vox (no contra Junts): "Hoy han votado para echar a las familias más vulnerables a la calle sin que tengan una alternativa habitacional llamándoles okupas, al mismo tiempo que el PP se reparte las viviendas de protección pública en Alicante con sus amiguetes".

El Gobierno podría proceder ahora a aprobar el escudo social desgajando las medidas antidesahucios. Es lo que quiere Junts, de tal manera que a priori la coalición podría tener los votos garantizados. Pero es una salida que no gusta a los grupos a su izquierda, especialmente Bildu, ERC, BNG y Podemos, que entienden que el paquete de medidas de protección a los hogares más ahogados es uno único, del que no se pueden separar puntos a capricho de cada grupo. Una tesis que comprende también la dirección del PSOE: "Es que esto no es una caja de bombones en la que uno coge el que más le gusta, esto es un escudo social. El año pasado se aprobó todo junto y no hubo problemas de okupación. Es un relato del miedo que han comprado. Habrá que preguntar a PP y Junts por qué lo que el año pasado era una victoria suya ahora es una derrota del Gobierno".

Bildu, ERC y BNG apuntaron una vía posible de solución del entuerto. Los tres partidos registraron enmiendas conjuntas en el Congreso al proyecto de reforma de la ley de dependencia para incluir "la prohibición de desahucios e interrupción de suministros a personas vulnerables, con discapacidad o en situación de dependencia". Las tres formaciones quieren "blindar el escudo social y convertirlo en medida estructural", que no tenga que prorrogarse año a año. La idea de introducir los contenidos del decreto derrotado a través de enmiendas a una ley en tramitación es otra idea que rondaba en el Ejecutivo, pero el muro sigue siendo el mismo: que la prohibición de los lanzamientos es rechazada por la derecha, y por tanto no tiene los votos suficientes para quedar aprobada.

Sumar sí que está más por la labor de trocear el decreto tumbado este jueves para salvar algunas de sus medidas. Es decir, del decreto ómnibus original ya se desgajaron la subida de las pensiones —y este jueves ya fue convalidada con el voto de toda la Cámara y el no de Vox—, y ahora se trataría de separar la parte más conflictiva, la moratoria antidesahucios. Enrique Santiago, portavoz parlamentario de IU, formación integrada en Sumar, señalaba este jueves en los pasillos del Congreso que "si hace falta plantearlo en distintas normas", así lo tendrá que hacer el Gobierno. "Me da igual que presente dos decretos, tres, que doce, el Gobierno tiene la obligación moral de cubrir a las personas en vulnerabilidad", apuntó Alberto Ibáñez, el diputado de Compromís que sigue en Sumar.

Junts, para justificar su voto en contra, registró este jueves una proposición no de ley para desbloquear el escudo social. Lo que plantea es acabar con la suspensión generalizada de los desalojos para articular un procedimiento administrativo de urgencia y con dotación presupuestaria suficiente para, en aquellos casos de desahucio por impago del alquiler de familias vulnerables, el Estado pague la deuda pendiente, en virtud del artículo 22.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. El objetivo es que la protección por razones de vulnerabilidad "sea asumida por la Administración y en ningún caso por los particulares". Es decir, que sea el Estado quien con sus recursos asuma esa deuda. Una idea que ya salió el mes pasado en la Comisión de Vivienda del Congreso y que el Gobierno desechó. En todo caso, hay grupos como ERC que tampoco se creen que los posconvergentes vayan a aprobar el escudo social si se separan las medidas antidesahucios: "Mienten más que hablan", sentenció el portavoz republicano, Gabriel Rufián.

No tiene fácil el Gobierno, por tanto, salir del laberinto. No hay camino cómodo ni expedito. Además, en el Ejecutivo están por ahora en una fase anterior: la de que sean los grupos que han votado en contra "los que expliquen" las razones por las que quieren dejar a unas 60.000 familias en la calle, o privar a muchas más del bono eléctrico. "¿Por qué se nos pregunta a nosotros? Es que esto es una trama. Hemos promovido por dos veces un escudo social. Y separar los desahucios es algo que no ve nuestra izquierda, no tanto nosotros. Puede que ahora, al ver tumbado el decreto, esos grupos cambien de opinión y estamos dispuestos a hablar. Pero no vamos a traer un decreto al gusto de cada cual", señalan desde el núcleo duro del Ejecutivo.

En la Moncloa creen además que en el caso de Junts no opera tanto su oposición ideológica a unas medidas, sino su decisión de que hasta que el Gobierno no cumpla con todos sus compromisos, empezando por la vuelta a España de Puigdemont, "no se volverán a sentar a hablar" con los socialistas. No hay líneas de diálogo entre los independentistas catalanes y el Ejecutivo, más allá de la "cortesía parlamentaria". Eso dificulta todo: por eso el PSOE pensó que atrayéndose al PNV con su enmienda para liberar a los pequeños propietarios de la paralización de los desahucios sería suficiente. No fue así. "Y su problema es de discurso", añaden, "porque PP y Junts se están mimetizando con los grupos a su derecha".